El pasado 19 de marzo se cumplieron 20 años de la segunda invasión militar de los Estados Unidos a Iraq. La primera tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. En esta primera invasión, una coalición internacional formada por los Estados Unidos con la aprobación de las Naciones Unidas, llevó a cabo lo que se conoce como la “Guerra del Golfo”. El detonante de esta guerra fue la invasión por parte de Iraq, entonces gobernado por Saddam Hussein, a su vecino país Kuwait. Iraq consideraba Kuwait como una “provincia rebelde” dada la secesión de dicho país de Iraq, esto como resultado de la geopolítica imperialista por el control del petróleo y los accesos a las vías de navegación en la región del Medio Oriente. La invasión a Kuwait conllevó un amplio rechazo de la comunidad internacional.
Al momento de ser invadido Kuwait, éste era un Estado político reconocido por la comunidad internacional, por lo que dicho acto fue considerado como una violación de la soberanía de Kuwait y una violación a las leyes internacionales. Entonces, la ONU se expresó en varias resoluciones y emitió sanciones contra Iraq para forzar a dicho país a retirar sus tropas del territorio invadido y exigir la devolución de importantes recursos materiales sustraídos mediante el pillaje por parte de las tropas iraquíes. Las gestiones de la ONU resultaron infructuosas.
Estados Unidos, antiguo aliado de Iraq en su guerra contra la República Islámica de Irán en la década de 1980 y el país que le proveyó abundante ayuda militar y tecnologías, levantó en aquel momento una amplia campaña internacional alegando que Iraq estaba desarrollando armas de destrucción masiva como elemento desestabilizador de la región y exigió del gobierno de Saddam Hussein la inspección de sus instalaciones militares y científicas en búsqueda de centros de producción y almacenamiento de armamentos de destrucción masiva. La negativa del gobierno de Iraq a tales requerimientos, junto al repudio que ya existía contra la invasión a Kuwait, sirvió de justificación a los Estados Unidos para encabezar una operación militar contra el gobierno de Iraq en suelo kuwaití en enero de 1991.
La operación militar autorizada por la ONU bajo la dirección de los Estados Unidos, denominada en su etapa preparatoria como “Escudo del Desierto”, pasó más adelante, en su etapa operativa, a llamarse “Tormenta del Desierto”. La campaña tuvo como resultado la liberación de Kuwait, pasando dicho país a ser un fuerte aliado militar de los Estados Unidos en la región. La operación militar incluyó la demolición de gran parte de la infraestructura de Iraq por fuertes y demoledores ataques aéreos de saturación sobre sus principales ciudades e instalaciones militares. Concluidas las operaciones a un alto costo en vidas y materiales para Iraq, se estableció una Zona de Exclusión Aérea, significando una porción del territorio iraquí donde estaba vedado cualquier vuelo no autorizado por la Coalición Internacional so pena de ser derribado. Aquella guerra que George Bush padre llamón la “Madre de las Batallas”, fue la “Primera Guerra del Golfo.”
El día 12 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando a instancias de los Estados Unidos, cuando aún se desconocía la identidad de los responsables por dichos ataques, aprobó la Resolución 1368. En ella exhortaba a la comunidad internacional a colaborar con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de los atentados, subrayando además, que sus copartícipes y cómplices también rindieran cuentas por sus actos. En dicha Resolución, el Consejo de Seguridad hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, a la vez que consignó su disposición a tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir, en todas sus formas, tales actos de terrorismo.
El 21 de septiembre de 2001 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. Indicó que de acuerdo con cierta información proveniente de fuentes de inteligencia, la responsabilidad de una organización fundamentalista islámica de nombre Al Qaeda y su dirigente, Osama Bin Laden, eran responsables de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Junto a estos, identificó también a las organizaciones islámicas “Jihad Islámico de Egipto” y al “Movimiento Islámico de Uzbekistán”, como organizaciones vinculadas a redes terroristas esparcidas que el gobierno de Estados Unidos estimó entonces, se extendían por más de 60 países en el mundo. El movimiento islámico en el poder en Afganistán, conocido por Talibán,
fue identificado como responsable de proveerle albergue, apoyo y lugares de entrenamiento en su territorio a estas organizaciones definidas como terroristas.
En su discurso, Bush emitió un ultimátum al gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de todos los nacionales extranjeros encarcelados en Afganistán, incluyendo ciudadanos estadounidenses; exigió brindarle protección a periodistas, personal diplomático y trabajadores internacionales en dicho país; y requirió el cierre inmediato y permanente de los campos de entrenamiento en Afganistán utilizados por estas organizaciones. También exigió la entrega a las autoridades pertinentes de todos los llamados terroristas en este país y aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento, y reclamó de paso, el derecho absoluto de acceso de los Estados Unidos a los llamados campos de entrenamiento para así asegurar que Al Qaeda no volviera a operar en dicho territorio.
En su declaración, Bush hizo un llamado a la guerra contra Al Qaeda indicando que no terminaría con el aniquilamiento de dicha organización y sus dirigentes; que a los terroristas se les privaría de sus fuentes de financiamiento, serían empujados unos contra otros y perseguidos de un lugar a otro hasta que no tuvieran refugio ni reposo. Con tal declaración se iniciaba la primera guerra del Siglo XXI, una guerra diferente donde se utilizarían todos los medios diplomáticos, todas las herramientas de inteligencia, todos los instrumentos de interdicción policiaca, todas las influencias financieras y todos los armamentos necesarios.
El día 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373. En virtud de ésta reafirmó el derecho inmanente de los Estados a la legítima defensa; la necesidad de luchar por todos los medios, según la Carta de la ONU, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales; e instó a los Estados a actuar urgentemente para prevenir y reprimir los actos de terrorismo. También llamó a los Estados a que se abstuvieran de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado; participar de ellos; o permitir el uso de su territorio para la comisión de dichos actos. La Resolución, además, hizo un llamado a los países a establecer
controles en sus fronteras y a emitir documentos de identidad; a intensificar y agilizar los intercambios de información operacional; y a revisar los procedimientos para la concesión de estatus de “refugiado”. Finalmente la Resolución planteó la vinculación entre terrorismo internacional, delincuencia transnacional organizada, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales nucleares, sustancias químicas y biológicos, así como otros materiales letales; junto con la necesidad de promover iniciativas nacionales, sub regionales, regionales e internacionales para reforzar respuestas a este reto y a las amenazas graves a la seguridad internacional.
Descansando en las dos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones y sin que en momento alguno el Congreso de Estados Unidos, que es el que constitucionalmente tiene el poder para declarar la guerra, hubiera emitido una Resolución a tal efecto; el presidente de Estados Unidos decidió, junto a una llamada coalición de países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), iniciar aciones militares contra Afganistán. En efecto, el 7 de octubre de 2001 comenzaron las operaciones militares contra Afganistán dentro del contexto de lo que se llamó inicialmente “Operación Justicia Infinita”, la que inmediatamente se sustituyó el nombre por “Operación Libertad Duradera”, a los fines de evitar reacciones adversas en el mundo musulmán, dada su connotación religiosa.
Entre el 19 y 20 de marzo de 2003, bajo la presidencia de George W. Bush, se desató la segunda guerra contra Iraq. A diferencia de la primera, en esta ocasión su propósito perseguía el derrocamiento de Saddam Hussein y la captura de los principales funcionarios civiles y militares de su gobierno. Con el nombre de “Operación Libertad” y utilizando las mismas justificaciones de su padre sobre la producción y almacenamiento de armas de destrucción masiva violando un Convenio de 1991, se añadió al discurso bélico los alegados vínculos del gobierno de Hussein con el terrorismo internacional y sus presuntos lazos con Al Qaeda. Ninguna de tales premisas pudieron demostrarse.
La campaña iniciada mediante el uso de fuerzas especiales en tierra y bombardeos de saturación desde el aire una vez más contra objetivos de infraestructura civil y militar, redujo sustancialmente las capacidades del gobierno iraquí de enfrentar eventualmente lo que se
planificó como una “guerra relámpago.” Inicialmente, esta guerra logró el derrocamiento de Hussein el 30 de abril de 2003, quien fuera capturado en diciembre de ese año, y posteriormente ejecutado en diciembre de 2006. El conflicto militar, sin embargo, se extendería por más de una década. Años después, otro presidente estadounidense, Barak Obama, fijaría como “presunto plazo” para la salida de las tropas de los Estados Unidos de Iraq el 10 de agosto de 2010, lo que no se materializó hasta el 18 de diciembre de 2011.
En su origen, George W. Bush señaló que el propósito de la invasión era no la ocupación sino la liberación del país prometiendo un traspaso rápido del poder a un gobierno civil. No obstante, los Estados Unidos instituyeron en Iraq una “Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria” que asumió las funciones de gobierno junto con un consejo provisional iraquí. Sin embargo, ya el 16 de mayo, los Estados Unidos junto con el Reino Unido, presentaron ante las Naciones Unidas una resolución que les permitiera aprobar sanciones económicas a Iraq, explotar sus recursos petroleros como pago para la reconstrucción del país y nombrar un gobierno provisional. Para ello procedieron a dividir el país en tres zonas: Zona Norte compuesta por la región de Mosul-Kirkuk; la Zona Central en la región de Bagdad-Tikrit y la Zona Sur, en la región de Basora-Nasiriya. Las Zonas Norte y Central quedaron ocupadas por efectivos militares de los Estados Unidos, mientras la Zona Sur, por tropas británicas y polacas.
Apenas un año luego de la invasión se producirían los primeros enfrentamientos armados de la resistencia iraquí contra tropas estadounidenses de ocupación en Faluya, combates que se desarrollaron a lo largo del año 2004. Habiéndose establecido un gobierno provisional iraquí, se desataría una guerra civil a la vez que se intensificaría la oposición armada a la ocupación estadounidense.
Las diferencias entre chiíes y sunitas (visiones confesionales del Islam) forman parte del presente drama en Iraq. En los tiempos de Saddam Hussein los principales funcionarios políticos del Partido Baaz y los principales directivos militares, respondían a la corriente religiosa musulmana sunita; a pesar de que la mayoría población de Iraq respondía a la corriente confesional islámica chií. Lo anterior se reflejó en cómo, en el primer gobierno civil establecido por mediación de los Estados Unidos tras la invasión, su composición respondió a la corriente
chií, desplazando así al sector sunita que ostentó los cargos de poder político y militar en el gobierno de Saddam Hussein
A raíz del anuncio emitido por el presidente Barack Obama el 21 de octubre de 2011, de que Estados Unidos estaría llegando al final de su presencia como fuerza de ocupación en Iraq para el 31 de diciembre de 2011, mencionábamos en un artículo titulado Una vez más el fin de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, que sacar sus tropas de este país no era “sinónimo de una retirada militar”. Señalábamos entonces que detrás de la intervención de dicho país, quedarían “las compañías multinacionales, aquellas que se han apoderado de los recursos naturales del país con miles de contratistas que, tras la fachada de empleos civiles, realmente constituyen un ejército de mercenarios privatizadores de la guerra. Serán precisamente éstos, los que realmente en adelante, sostengan el dominio imperialista con el apoyo de un gobierno dispuesto a empeñar la soberanía nacional, de la cual alguna vez fue orgulloso un pueblo frente a la agresión de su país en esta guerra imperial.” En efecto, Obama indicó que mantendría con Iraq “una alianza firme y duradera”. Para entonces, aun permanecía en Iraq una fuerza militar de 6,000 efectivos.
La realidad es que 12 años después de fijada dicha fecha, aún permanecen en suelo iraquí tropas estadounidenses. Su número es estimado en 2,500 efectivos. Operan mayormente en la región norte y noroccidental de Iraq, desde donde se desplazan a zonas fronterizas con el norte de Siria y el sur de Turquía, donde se encuentran poblaciones kurdas que a su vez son aliadas de los Estados Unidos en su lucha, entre otros objetivos, contra los remanentes del Estado Islámico.
Docenas de miles de tropas estadounidenses murieron o fueron heridas en este conflicto. Los puertorriqueños también aportamos nuestra cuota de sangre en soldados en las filas del ejército de los Estados Unidos. Por su parte, la población iraquí ha sufrido agresiones, vejaciones, robo, saqueo y degradación de sus recursos materiales, históricos y culturales de este país como resultado de la guerra. Miles de contratistas privados que también invadieron el país para asumir control de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, aún se encuentran en suelo iraquí.
De acuerdo con Haizam Amirah Fernández del Real Instituto Elcano, entrevistado por Miguel Charte, en reportaje periodístico para “rtve noticias”, esta invasión constituye “un punto de inflexión a tres niveles: interno iraquí; a nivel regional en Medio Oriente y el Golfo; y para el sistema internacional.” Indica Charte que el Pentágono reconoció la pérdida de 4,505 soldados hasta 2011 junto con otros 4,000 de distintas nacionalidades. Otras fuentes cifran el número de estadounidenses muertos en desde la invasión en 2003 en 4,908 efectivos a los que se suman 4,490 efectivos de otros países miembros de la coalición que se sumaron a los Estados Unidos en la aventura militar.
Citando como fuente a “Iraq Body Count”, hasta febrero de 2023 el número de civiles muertos asciende a 210,090, pero si se suma en número de combatientes muertos hasta 2022, la suma supera los 288,000 fallecidos. Por su parte el “Proyecto Costos de la Guerra”, según publica www.democracynow.org, indica que “algunas estimaciones sitúan el número de muertos en Irak en más de 2 millones.” Otros datos que nos ofrece Democracy Now, es el de 8 millones de desplazados y 4 millones de huérfanos.
En una entrevista publicada por Democracy Now en ocasión del 20 aniversario de la segunda guerra contra Iraq, llama la atención un planteamiento hecho por un entrevistado de nombre Feurat Alani en torno a cómo, la intervención extranjera en Iraq ha incidido en la identificación nacional de su población consigo mismo como colectivo, al indicar que hoy día, los iraquíes “se describen con su secta, origen o etnia. Los iraquíes de hoy se describen como sunitas, chiíes, kurdos y árabes, cristianos y musulmanes, algo que me opondría a lo que fue Irak. Y para mí, 20 años después, Irak es parte de un amnesia colectiva.”
El costo material de esta guerra que aún no acaba, se ha estimado en $845,000 millones para los Estados Unidos y $9,000 millones para el Reino Unido de la Gran Bretaña. El costo político, humano, social y económico, sin embargo, supera por mucho el costo material. Tomará varias generaciones restablecer en Iraq las condiciones materiales de vida y desarrollo que el país vivió antes de estos conflictos bélicos. La paz, sin embargo es impredecible cuánto tiempo habrá de tomar.
