Los aeropuertos de Puerto Rico siempre se encuentran repletos de actividad; vuelos que llegan y vuelos que se van. La emigración siempre ha sido una práctica común en Puerto Rico, como en muchos países de América Latina. Sin embargo, este proceso nunca parece ser final. Los que se van siempre buscan cualquier excusa por volver unos días —navidad, verano, día de madres, cumpleaños, etc.,— e incluso hay quienes vuelven para quedarse. Por otro lado, también hay viajes de turistas que desean conocer nuestro pequeño paraíso tropical. Sin embargo, en tiempos de pandemia esto puede representar un gran peligro para los residentes y para quienes nos visitan.
Desde el del 28 de abril todo pasajero que llegue a la isla sin haber mostrado prueba negativa de COVID-19 en 72 horas (equivalente a tres días antes de su viaje) será multado por US$300. El pasajero tendrá 48 horas para someterse a una prueba y si resulta positiva, quedará en cuarentena y deberá costear los gastos médicos y de su estancia en la isla. En el caso de que el resultado sea negativo, el pasajero tendrá que subir los resultados al portal gubernamental y el sistema marca la prueba cumplida como requisito de su viaje y elimina la multa.
Comentan que el puertorriqueño es el primero en irrumpir con este protocolo y que somos en la totalidad de pasajeros los negligentes; ¿pero será el caso? ¿Seremos nosotros negligentes por nuestra voluntad?
El gobierno de Puerto Rico y los aeropuertos con destinos a Puerto Rico, de acuerdo a la opinión pública, no cumplieron con su parte para prevenir la negligencia. Ellos no dieron anuncio de las multas hasta que las comenzaron a realizar, no hubo difusión de esta información con tiempo debido para un pasajero realizarse la prueba y hacer los arreglos necesarios para antes o cuando llegue a la isla.
Hay una falta de comunicación del gobierno y los aeropuertos hacia sus pasajeros, algo que en estos momentos de pandemia no podemos permitirnos.
