Hoy en el estacionamiento del Banco Gubernamental de Fomento varios sindicatos se unieron para denunciar la ya Ley 66 (Ley de Sostenibilidad Fiscal), para anunciar la querella en contra del representante Luis "Narmito" Ortiz Lugo (empleado de la AAA) por votar en la Ley de Sustenibilidad Fiscal, también, sobre los altos salarios que alegadamente tienen los empleados de confianza, los cuales según documentos repartido, se han aumentado considerablemente desde que el gobierno de AGP está en el poder.
La crisis fiscal, real o inventada, es el lema que se utiliza para legitimar cualquier medida del estado dirigida a debilitar al sector trabajador. Hace unos días escuché a un economista, de esos que tienen contratos con todo el mundo, sea PNP o del PPD, decir que no se puede penalizar a los sectores productivos. Cuando escuché esa frase pensé, ingenuamente, que hablaba de los trabajadores. Los sectores productivos, para el economista de los contratos, son los empresarios, corporaciones y grandes distribuidores. El miedo, dijo el economista, es que se vayan a ir de Puerto Rico. Claro eso sólo confirma lo que ya todos sabíamos, el capital no tiene patria.
El pasado viernes, 13 de junio de 2014, poetas del país utilizaron su arte, su palabra, en el evento: 
Santo Domingo- El presidente de Haití, Michel Martelly, agradeció a su homólogo dominicano, Danilo Medina, la aprobación de la Ley sobre naturalización, de acuerdo con reportes de prensa divulgados hoy (ayer). 
El libre acceso a la información ha sido reconocido como un derecho fundamental en las democracias modernas. Ese derecho, que incluso es legislado en los Estados Unidos, es difícilmente reclamado en Puerto Rico. El juez federal Gustavo A Gelpí emitió una orden el día 17 de junio en la cual se establece la forma en que el monitor de la policía se podría comunicar con la prensa y hacer declaraciones públicas. Esta orden, aparentemente limita el derecho al acceso a la información, pero como son las cosas, de hecho esta orden abre un espacio muy limitado para el ejercicio de dicho derecho. En la misma el juez establece que Arnaldo Claudio, quien ha sido sujeto de investigaciones de este diario, podrá dar entrevistas en un espacio de treinta días. Para dichas entrevistas no se permitirá que se hagan preguntas políticas o que se preste para debates.
En una histórica decisión en el día de ayer, el Tribunal Supremo de los EE.UU, emitió una sentencia por la cual fuerza al gobierno de la República de Argentina a pagar al contado $1,300 millones de dólares a unos bonistas, que no fueron parte de la reestructuración financiera que impulsó el gobierno entre los años 2006 y 2010. Se trata de menos del ocho por ciento de la deuda externa de Argentina, quienes no negociaron con el gobierno, y exigieron el pago completo de sus activos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández ha dicho que “el país no incurriría en impago, pero que no se dejará chantajear por esta decisión judicial ni por los fondos “buitres”. Lo más curioso de esta decisión, es que mientras la presidenta buscaba apoyo internacional en la cumbre de los G77 + China, la cual se celebró del 14 al 15 de junio en Santa Cruz, Bolivia, un grupo de políticos de su partido, como de la oposición política de su país, se encontraban en misión conjunta en Washington cabildeando, en todos los foros como también ante la corte suprema. Para los argentinos y argentinas, la deuda como los problemas del país, es un asunto de todos y todas.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en la actualidad, venció en los comicios de seguimiento, en la llamada segunda vuelta en Colombia, al opositor Óscar Iván Zuluaga. Santos se impuso con el 50.94 por ciento de los votos a su favor, mientras que el opositor apenas recibió el 45 por ciento. El asunto que movió a estos dos candidatos a la presidencia de Colombia, tanto en la primera vuelta de los comicios el mes pasado, como en esta segunda vuelta, fue el hecho de si negociar o no con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Juez Gelpí, quién está a cargo del caso contra la Policía de Puerto Rico, confirmó el nombramiento de Arnaldo Claudio como monitor de la policía. No hubo discusiones públicas, no hubo debate, los medios principales del país, como siempre, se limitaron a repetir lo que el poder dijo. Y se nos pasó la oportunidad de que se hicieran las preguntas pertinentes. 