(San Juan, 11:00 a.m.)  Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) estadounidense detuvieron el martes a 48 migrantes haitianos que fueron abandonados por contrabandistas en la isla de Mona, un territorio deshabitado de reserva natural entre Puerto Rico y República Dominicana.

Guardaparques del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales de Puerto Rico notificaron el lunes, 1 de diciembre, al Sector Ramey sobre un grupo de migrantes haitianos, 41 hombres y 7 mujeres, que llegó temprano en la mañana a Playa Mujeres en Mona.

“Las personas y familias sin una base legal para permanecer en jurisdicción estadounidense están sujetas a expulsión de conformidad con las antiguas normas del Título 8 de la CBP y están sujetos a una prohibición mínima de cinco años para volver a solicitar la admisión y a un posible proceso penal si posteriormente reingresan sin autorización”, afirmó Desi DeLeón, agente jefe de patrulla del sector Ramey, en Aguadilla.

Un guardacostas estadounidense transportó al grupo desde Mona al puerto de entrada de Mayagüez, donde agentes de la Patrulla Fronteriza asumieron la custodia del grupo.

Todos los inmigrantes serán procesados bajo la ley de inmigración de Estados Unidos.

Además se reveló que el viernes pasado la Patrulla Fronteriza detuvo a 63 migrantes de República Dominicana y Haití que fueron interceptados acercándose a la costa suroeste de Puerto Rico.

El Sector Ramey es uno de los 21 correspondientes a la Patrulla Fronteriza repartidos por todo Estados Unidos, incluidas las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Toda la zona fronteriza del Sector Ramey está formada por costa y su área de responsabilidad está compuesta por unas 6.000 millas cuadradas de tierra y agua, incluida la franja de doce millas de agua territorial que rodea las Islas.

(San Juan, 10:00 a.m.) Tres individuos enfrentan 18 cargos emitidos por un gran jurado de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo y cocaína, distribución de fentanilo y cocaína, posesión de ametralladoras para promover actividades de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con armas de fuego, confirmó este lunes la fiscalía federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según documentos judiciales, Miguel A. Figueroa Rodríguez, alias “Tote”; José A. Torres-Narvaez, alias “El Menor”, ​​y Taishia L. Figueroa-Cruz, a partir de una fecha desconocido, pero alrededor del 22 de agosto de 2023, conspiraron entre sí y con otros para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo y cocaína, posesión de armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas, así como participar en el negocio de traficar en armas de fuego sin licencia.

Torres Narváez también está acusado de ser un delincuente en posesión de armas de fuego, según el pliego emitido por el gran jurado el 27 de noviembre de 2023.

“Desmantelar las redes de narcotráfico es de vital importancia para nuestro esfuerzo continuo por combatir la crisis del fentanilo en Estados Unidos y salvar vidas”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. “Nuestra oficina procesará a quienes trafican con fentanilo y ametralladoras con todo el peso de la ley”.

Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, Joseph González, dijo que “la crisis de opioides está cobrando la vida de estadounidenses todos los días y nuestra misión en Puerto Rico es proteger a nuestra gente de esta tragedia nacional”.

“Los sujetos de este caso se dedicaron a comercializar kilos de fentanilo puro, por lo que tuvimos que actuar con rapidez, (por lo) que nuestro trabajo aquí apenas comienza”, apuntó el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico.

Durante la conspiración, según las autoridades federales, los individuos acusados ​​participaron en la siguiente transacciones:

+ El 25 de agosto de 2023 vendieron al FBI aproximadamente medio kilo de fentanilo y un arma de fuego totalmente automática.

+ El 22 y 26 de septiembre de 2023 vendieron al FBI aproximadamente un kilogramo de cocaína y un arma de fuego totalmente automática.

+ El 16 de octubre de 2023, vendieron al FBI aproximadamente un octavo de kilogramo de una sustancia que dio positivo a fentanilo, un arma de fuego Glock y un arma de fuego de fabricación privada (“PMF”) tipo AR.

Los tres individuos fueron detenidos el lunes, 4 de diciembre de 2023, cuando se encontraban en posesión de aproximadamente medio kilogramo de una sustancia que se presume es cocaína.

Los acusados ​​tenían programadas sus comparecencias iniciales ante el tribunal ante el juez federal Marshal D. Morgan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.

Si son declarados culpables de los cargos de conspiración por tráfico de drogas, los acusados ​​se enfrentan a un mínimo obligatorio de 10 años de prisión con una pena máxima legal de cadena perpetua.

Los delitos con armas de fuego en desarrollo de los delitos de narcotráfico conllevan una pena consecutiva de treinta años (ametralladoras) o cinco años (armas de fuego) hasta cadena perpetua.

El delincuente en posesión de armas de fuego conlleva una pena máxima de diez años de prisión y el ejercicio del negocio de tráfico de armas de fuego conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El Negociado Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos están investigando el caso.

(San Juan, 9:00 a.m.) El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación-Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, anunciaron el lunes el comienzo de la reconstrucción y rehabilitación del Albergue de Protección a Víctimas de Delito con una inversión de $13.5 millones de fondos federales.

“Anunciamos el comienzo de la construcción de las mejoras estructurales al Albergue de Testigos, una facilidad de gran importancia para nuestra sociedad. Como pasado secretario de Justicia, reconozco el valor de tener un lugar seguro, digno y hábil para refugiar a víctimas y testigos de crímenes, que se encuentran cooperando con las autoridades para garantizar que se haga justicia”, dijo Pierluisi sobre las 20 estructuras que conforman el Albergue el cual tiene capacidad para hospedar a sobre 120 personas.

La reconstrucción es posible luego que, a principios de su administración, Pierluisi destinara $9.6 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA).

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), había aprobado $3.9 millones, de los cuales la mitad son para obras de mitigación, pero no eran suficientes.

Para la aprobación y desembolso de las partidas presupuestarias, así como la coordinación de los trabajos, el Departamento de Justicia contó con el apoyo de COR3, y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y su director ejecutivo, Omar Marrero.

“Tener esta facilidad en buenas condiciones evita que tengamos que trasladar personas a hoteles o alojamientos alternos, lo que conlleva un gasto sustancial. Más aún, tenemos la responsabilidad de proveer un lugar seguro y adecuado para personas que han sido víctimas de un crimen o testigos que están dispuestos a cooperar con las autoridades de ley y orden”, añadió Pierluisi.

Una vez culminados los trabajos, a finales del año próximo, añadió, “vamos a contar con un Albergue totalmente renovado que no tengo duda permitirá que más personas den un paso al frente como testigos para lograr la justicia que nuestro pueblo merece”.

Los trabajos principales incluyen reemplazo de pisos, puertas y ventanas, y acondicionadores de aire, mejoras a luminarias y a las áreas recreativas, así como a los sistemas de seguridad y acceso.

Las medidas de mitigación incluyen la instalación de cristales de mayor espesor en puertas y ventanas, anclajes al equipo de aire acondicionado, al igual que la eliminación de aperturas en los edificios y un mejor sistema de impermeabilización de techos resistente a vientos.

Además, se remodelarán las áreas interiores, el mobiliario y otros equipos necesarios para proveer un albergue adecuado para las víctimas y testigos que requieren la protección del estado.

El Departamento de Justicia también aumentará el personal adscrito al Albergue y comenzó a reclutar agentes de seguridad adicionales con una partida de $1.6 millones aprobada por el gobernador.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia expresó que “nos hemos dado a la tarea de lograr un proyecto completo, en beneficio de las víctimas y testigos, que impacte significativamente todas las necesidades físicas del Albergue, cuyas instalaciones se habían afectado severamente tras el paso de los huracanes Irma y María, así como terremotos y hasta el paso del tiempo”.

“En el Departamento de Justicia trabajamos con un enfoque en las víctimas y esta ha sido una de las prioridades en mi agenda de trabajo. Lo hemos logrado con el apoyo del gobernador y agencias estatales y federales. Igualmente, agradezco la dirección de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, quien ha liderado el proyecto que hoy anunciamos con gran entusiasmo”, agregó Emanuelli.

 

Con la ayuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se adelantaron trabajos de pintura, reparación de puertas y ventanas, así como acondicionamiento de áreas verdes y comunes, que forman parte de las mejoras permanentes.

 

El director ejecutivo de COR3 manifestó que “nuestro equipo provee asistencia técnica para maximizar la reconstrucción del Albergue de Testigos a través de los fondos provistos por FEMA. Con la intención de reconstruir un albergue resiliente, en el desarrollo de esta obra permanente se implementarán medidas de mitigación de riesgos que reforzarán la infraestructura para minimizar los daños que pueda sufrir en caso del impacto de un futuro desastre natural”.

“Para lograr esta mitigación se incrementará el espesor de los cristales de puertas y ventanas para mayor resistencia a vientos. También, se eliminarán aperturas en ciertos edificios y se sustituirán con ventanas fijas de seguridad resistentes a impacto. Además, se mejorará el sistema de impermeabilización de techos para hacerlo resistente a las condiciones del tiempo. Por último, se anclarán los sistemas de aires acondicionados”, estableció.

Por último, la jefa de fiscales resaltó que el Albergue “es sumamente importante para brindar protección y una vivienda segura a las víctimas y testigos de delito, así como a sus familiares, durante el procesamiento penal. Mediante los servicios que ofrece el Albergue promovemos la participación y cooperación de los testigos para encausar a los criminales. Sin esa estructura, la única alternativa disponible es pagar alojamientos o traslados, lo que elevaría el gasto sustancialmente”.

(San Juan, 11:00 a.m.) La licenciada Ada Norah Henríquez, aspirante a la candidatura a gobernación por Proyecto Dignidad, encendió este martes la chispa de la controversia pública, al impugnar las aspiraciones de Javier Jiménez de ser la principal figura de la colectividad política conservadora.

Henríquez esgrimió su interpretación del Reglamento General de Proyecto Dignidad, al rechazar la posibilidad de que Jiménez, alcalde de San Sebastián que recientemente abandonó el Partido Nuevo Progresista (PNP), pueda ser candidato a la gobernación por la nueva formación política.

La dirección de Proyecto Dignidad expuso en declaraciones escritas que “recibimos y atenderemos sus argumentos en fiel cumplimiento con los principios democráticos que nos guían”.

“Por el momento, debe quedar claro que no existe razón alguna, en ley o en nuestro reglamento, que descalifique a Javier Jiménez, como aspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad”, sostuvo.

Consideró que la licenciada Henríquez y su equipo de trabajo confunden los requisitos para ser miembro del consejo de gobierno, con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación.

“Estamos confiados en que la candidatura a la gobernación por Proyecto Dignidad será determinada democráticamente por el voto de nuestros afiliados y miembros, y no por decreto judicial”, dijo la dirección en respuesta a Henríquez, quien dejó sentada la posibilidad de que este asunto termine en los tribunales.

(San Juan, 10:00 a.m.) El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, denunció hoy la doble vara del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al permitirle al coronel Roberto Rivera Miranda, aspirar a un cargo electivo por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En octubre pasado, un aspirante a la alcaldía de Corozal por el Partido Popular Democrático, quien es miembro de la Policía de Puerto Rico, fue instruido por el DSP a que debía acogerse a una licencia sin sueldo para poder aspirar a un cargo político.  Hoy vemos como el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia, ignoran a conveniencia las leyes y reglamentos del DSP y le permiten al Coronel Rivera presentarse en una papeleta, por el PNP”, expresó.

Cruz Maldonado detalló, que el oficial José A. Cruz Lugo, aspirante a alcalde por Corozal por el Partido Popular Democrático, no tuvo otro remedio que solicitar en el mes de octubre la aprobación para agotar sus licencias y presentar su renuncia previo a cualquier radicación, con miras a jubilarse el próximo verano como miembro activo de la Policía de Puerto Rico.

“Es una desfachatez, que nuestro candidato deba agotar sus licencias, bajo el mismo reglamento de la policía que rige al Coronel Rivera Miranda para poder radicar una candidatura. Si esto fuera poco, al día de hoy, el compañero Cruz Lugo está esperando una contestación de la agencia y aún no ha recibido respuesta, mientras que ya el Departamento de Justicia le permitió al Coronel Rivera aspirar libremente y sin ninguna consecuencia, a pesar de que éste realizó sus trámites en los medios de comunicación del país”, estableció.

Comentó que “eso es una doble vara y un acto repudiable de este gobierno.  Los que hacen las cosas por los canales correspondientes no tienen respuesta, pero quienes hacen las cosas arbitrariamente y en violación de reglamentos obtienen respuestas rápidas y le permiten lo que a nuestra gente no”.

El funcionario del PPD expresó que “ante el trato desigual de aspirantes del PPD, le requerimos al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y al Gobernador, Pedro Pierluisi, como mínimo, a exigirle a todos los aspirantes, que agoten sus licencias, como condición previa de aprobarles aspirar a cargos políticos.  La regla tiene que ser igual para todos o para nadie”.

 

(San Juan, 11:00 a.m.) La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia presentó cargos este jueves contra un agente de la Policía, al que se le imputa utilizar una tarjeta electrónica del Gobierno de Puerto Rico para abastecer su vehículo personal con gasolina.

Félix Rivera Quiñones enfrenta cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas, delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.

Los fiscales Arlene Patiño Lorenzo y Enrique Rodríguez Álamo también le formularon un cargo por violar el artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

Esa disposición establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

El caso se originó por un referido de la División de Asuntos Internos del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La pesquisa fue liderada por el sargento Carlos Crispín López, junto a los fiscales de la DIPAC.

Según la investigación, el 5 de enero de 2023, el imputado se presentó a una estación de gasolina y utilizó una tarjeta electrónica de la flota asignada a un vehículo de su agencia, para comprar combustible y abastecer su vehículo privado. Es decir, que el combustible con el que abasteció su vehículo fue pagado con fondos públicos.

La vista preliminar quedó pautada para el 13 de diciembre de 2023, en la sala 605.

La jueza Alfrida Tomei Imbert, del Centro Judicial de San Juan, determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza global de $40,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

“La corrupción es un mal social que estamos combatiendo en todos los niveles. Nadie puede beneficiarse personalmente de los bienes que le pertenecen al pueblo puertorriqueño. Quien cometa este tipo de delitos, enfrentará la justicia”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Este caso fue presentado por el Departamento de Justicia directamente al tribunal, toda vez que al funcionario no le aplican las disposiciones de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

(San Juan, 9:00 a.m.) A nombre de una supuesta defensa, el estado de Israel está cometiendo genocidio, algo denunciado por Naciones Unidas y toda persona civilizada del planeta.

Al viernes 24 de noviembre de 2023, sobre 20 mil ciudadanos palestinos han sido asesinados, la mayaroría de los cuales son niños y mujeres, y alrededor de 36 mil han sido heridos. Según el Observatorio Euromediterraneo de Derechos Humanos, la cifra de muertos a 24 de noviembre era:

En la Franja de Gaza: 20,031 muertos, 36,350 heridos, 6,800 desaparecidos, 1,730,000 desplazados

En Gaza, según estimados europeos, sobre 8,175 niños y niñas y sobre 4,111 mujeres han sido asesinados, Esto ocurre porque Israel bombardea comunidades completas, no solo en zonas “militares”.

Y los ataques de Israel también han matado palestinos en: Cisjordania: 225 muertos más 2,469 heridos El Libano: 66 muertos más 20,000 desplazados

Además en Gaza ha ocurrido: 446 personal médico matados 101 oficiales de la ONU muertos 46 periodistas

Templos destruidos: 91 mezquitas y 3 iglesias

Escuelas atacadas: 260

Industrias atacadas: 1,040

Casas de viviendas: 60% de las viviendas han sido bombardeadas. Totalmente destruidas hay 59 mil casas y otras 165 mil parcialmente destruidas.

Ambulancias. 55 destruidas y decenas inoperantes por falta de combustible

140 Oficinas de prensa palestinas e internacionales estruidas.

Hambre: Israel prohibe que se llevenalimentos a Gaza, haciendo pasar hambre a cerca de dos millones de personas.

Agua: Israel ha cortado el suministro de agua a Gaza.

Euro-Med Human Rights Monitor recordó a sus lectores que, según el derecho internacional humanitario, el hambre es un arma estrictamente prohibida y equivale a una guerra contra civiles. La organización de derechos humanos con sede en Ginebra destacó que Israel, como potencia ocupante en Gaza, está obligado por l derecho internacional humanitario a proteger y satisfacer las necesidades de las persons que viven allí.

Cortar agua y comida es un crimen contra la humanidad, prohido por el derecho internacional.

¿Qué puedes hacer?

Informate –

Manténte al tanto de la verdad, no de las falsas noticias. Israel tiene ejército, bombas atómicas y el apoyo de los poderes como Inglaterra y Estados Unidos. Los palestinos son un pueblo luchando por su sobrevivencia. Esto no es una guerra, es un Genocidio.

Por ejemplo, puedes revisar_

Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos

Médicos sin fronteras

rebelión.org

sabe.ye

telesurtv.net

Informa:

Comparte con tu familia y amistades lo que encuentres. Mucha gente lo que ve es Telemundo y cree sus mentiras.

Protesta:

El viernes 24 de noviembre comenzó una tregua -que Israel ha cumplido parcialmente, aunque ha seguido matando palestinos. Esta tregua es en parte gracias a las protestas en todo el planeta. La presión de la calle logra escucharse pero necesita de que más gente como tú salga a la calle y manifieste tu indignación. ¡¡No hay derecho de matar a inocentes!!

¡VIVA PALESTINA!

¡VIVA PALESTINA LIBRE!

(San Juan, 9:00 a.m.) La Policía fue informada sobre una persona que no responde en la playa Sardinera del barrio Carrizales de Hatillo, en la tarde de este lunes.

Según información, Juan Carlos Naranjo Nieto, de 63 años y residente del estado de California, se encontraba realizando el deporte de Snorkel en la playa, cuando familiares se percatan que se encontraba flotando.

Al lugar se presentaron paramédicos y transportaron a la persona hacia el hospital Metro Pavía de Arecibo, donde falleció.

El agente Ángel Vázquez Viruet, del distrito de Hatillo, investigó el incidente. 

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