(San Juan, 11:00 a.m.) El representante por acumulación José Che Pérez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentará una resolución para investigar la práctica de algunos agentes de bienes raíces de rechazar las ayudas gubernamentales para la compra de una vivienda.

“En la mañana de hoy, nuestro Secretario de la Vivienda, William Rodríguez, informó que ninguna persona puede ser discriminada por un realtor si utiliza como parte de sus recursos para adquirir una residencia asistencia del gobierno en la forma de vales de compra”, comentó el legislador del PNP.

Advirtió que es ilegal incurrir en la práctica de colocar en anuncios de venta de propiedades, tanto en Facebook Marketplace, como en Clasificados Online, así como otros portales similares diciendo que no se aceptan vales del gobierno para la compra de una casa.

“Vamos a radicar una resolución la próxima semana para que la Cámara de Representantes comience una investigación profunda sobre estas acciones. No hay, repito, no existe razón alguna para denegar a una persona una oportunidad de comprar una residencia por el mero hecho de contar con asistencia del gobierno para ello”, expresó.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Como resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, el secretario Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigue al alcalde de Río Grande, Ángel B. González Damudt, y al exdirector municipal de Finanzas, Luis Pagán Padró, por irregularidades en el alquiler de vehículos de motor.
La investigación preliminar se inició con un referido de la contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, en contra del alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) tras los hallazgos de una auditoría que se realizó en el municipio, relativos al alquiler de vehículos a Allied Car & Truck Rental, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.
En síntesis, la Contralora concluyó que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el desembolso de fondos públicos; consecuentemente, hubo el desembolso ilegal de fondos públicos.
Se le imputó responsabilidad al alcalde y a otros funcionarios involucrados en el proceso, por la corrección y exactitud en los desembolsos del erario.
Por tratarse de un alcalde, la DIPAC efectuó la investigación preliminar correspondiente. Entre los hallazgos medulares de la pesquisa se desprende que, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020 el municipio alquiló vehículos de motor a Allied y desembolsó fondos por ese concepto, a favor del arrendador y sin la existencia de un contrato válido.
También, en ese periodo se celebró solamente la Subasta- Núm. 2017-11 – Serie: 2016-2017, sobre alquiler de equipo liviano, en la que el único licitador fue Allied, empresa a la que la Junta de Subastas no le adjudicó la buena pro, porque su propuesta económica no cumplía con las expectativas del municipio.
A pesar de lo anterior, el municipio continuó alquilando los vehículos a Allied y pagando las facturas en las que, periódicamente, se reflejaba un aumento en el costo del alquiler por unidad, lo que representó más de la cantidad de dinero presentada en la propuesta en el proceso de subasta.
En ese periodo, el municipio también hizo pagos duplicados a Allied. La evidencia obtenida por la DIPAC establece que la conducta del alcalde y del exdirector de Finanzas causó la pérdida de fondos públicos en el municipio, ascendentes a más de $423 mil, aproximadamente.
Finalizada la investigación preliminar, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde y el exdirector de Finanzas del municipio cometieron los delitos de incumplimiento del deber (artículo 262) y malversación de fondos públicos (artículo 264),  tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. A su vez, recomendó que se designe un Fiscal Especial Independiente, tanto al alcalde como al señor Pagán Padró, por los hechos investigados.
El secretario de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.
Debido a que la investigación se encuentra ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.

(San Juan, 1:00 p.m.) En una protesta, continua y combativa, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) le exige a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que certifique a todos los candidatos que quedaron excluidos por la Sentencia emitida el jueves pasado por el juez Anthony Cuevas.  La convocatoria hoy a protestar viene bajo la predica que la CEE podría modificar lo que hoy es una Sentencia judicial.

Como hemos indicado, la exclusión de los candidatos y candidatas de MVC es una decisión judicial de corte legal. La acción política, es la que se perfila hoy en las calles, y esta requiere no solo una rectificación de la CEE, sino de un convencimiento de los candidatos que llevaron la acción a que negocien.  El proceso político, a través de la protesta social, debe forzar a negociaciones. Dicho esto, el problema es remover la Sentencia judicial, que es la carta de triunfo de los partidos dominantes.
No obstante, en la protesta, encabezada por Ana Irma Rivera Lassen, candidata descalificada para la posición de Comisionada Residente, y Manuel Natal, coordinador general de la organización y candidato para alcalde de San Juan, demandaban la aceptación de los candidatos, y el fin de la destrucción de la democracia. Sus reclamos lograron integrar a un buen grupo de seguidores, quienes comparecieron a protestar.
La democracia en Puerto Rico sufre de varias maneras. La exclusión de los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, es uno de ellos.  No obstante, nos reiteramos, la resolución del conflicto se dará solo por la protesta social y la negociación con todas las partes, tanto la CEE como los candidatos de los partidos tradicionales que radicaron la demanda. Pensemos.

(San Juan, 10:00 a.m.) El delegado permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Andrés L. Mateo, llamó a la paz respaldando la postura del país contra el terrorismo y el genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino.

Sus declaraciones fueron dadas al pronunciar un discurso durante la 219 sesión del Consejo Ejecutivo de ese organismo multilateral, donde el país participa en calidad de Estado miembro.

El embajador Mateo, quien fue citado por los medios nacionales, recordó que, “la Guerra de Rusia y Ucrania, nos encontramos con la situación de la Franja de Gaza, cuyo espectáculo de exterminio deja despavoridos a cuantos hemos abrazado el concepto de la humanidad como una sublime conquista del conglomerado social”.

“Además de que condenamos el terrorismo, nos sobrecoge la indefensión y la muerte de un pueblo acorralado y masacrado sin piedad”, dijo

Mateo se refirió al siglo XX como “un período de amarguras extremas, de reordenamiento del mundo, de dos grandes guerras mundiales, desplegadas fundamentalmente en territorio europeo y de una concentración polarizada de la riqueza y el saber”.

Indicó que se trata de un siglo de revoluciones como la rusa y como la china, “de guerras de liberación nacional en África y Asia, de guerras de guerrillas en América, de conversión y ampliación del papel de la ciencia en las estrategias del desarrollo y en la construcción de armas de exterminio y en las mejoras de las condiciones de existencia material”.

El diplomático hizo un reencuentro de las intervenciones desde el año 2020 del país como Estado miembro del órgano de esa casa de las Naciones Unidas, integrado por 58 naciones, las que resumió como una descripción en el cual, “avistamos el papel histórico de la Unesco”.

El reconocido escritor y ganador del Premio Nacional de Literatura 2004,  valoró que “fue un siglo de combate ideológico, de filosofías escudriñadoras, de la gratuidad de la existencia y de incertidumbres sobre el destino”.

Sostuvo que, la referida reunión  “se realiza en medio de un empobrecimiento acelerado de la inteligencia natural y un control inexorable del mundo por los algoritmos”.

“Hablamos ya casi en un lenguaje binario, él no me gusta, el me gusta, o ‘el like’, como a la gran construcción cognitiva del intelecto del mundo posmoderno”, observó.

El delegado dominicano explicó que la Unesco tiene un papel “umbilicalmente unido al progreso y a la paz”, particularmente en las condiciones actuales, cuyo contexto se siente como la necesidad de un nuevo contrato social para la sobrevivencia del género humano.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó que investigan las denuncias de endosos falsos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de varios aspirantes a puestos electivos.

“Luego de que el Negociado de la Policía atendiera los referidos presentados por la Comisión Estatal de Elecciones, los casos fueron remitidos a la fiscalía para continuar el proceso investigativo y determinar si procede la formulación de cargos (judiciales)”, sostuvo el funcionario.

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(San Juan, 9:00 a.m.) La fiscalía de Fajardo presentó cargos contra Yaritza Fuentes Jusino, de 38 años, imputada de asesinar este domingo a su pareja, José Ramón Claudio García, en Río Grande.

El fiscal Eliezer Reyes Ramos sometió tres cargos contra la imputada, que incluyen asesinato en primer grado, disparar o apuntar armas de fuego y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, al amparo del Código Penal y la Ley de Armas de Puerto Rico.

Según confirmó la investigación del agente Juan Báez Rosario, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía, la mujer le disparó a la víctima en múltiples ocasiones hasta ocasionarle la muerte.

Previo al desenlace fatal, la pareja, que llevaba alrededor de un mes de relación, sostuvo una discusión en el negocio. Tras esto, el occiso agredió a la imputada. En la escena se recuperaron varios casquillos de balas.

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(San Juan, 1:00 p.m.) La sentencia del juez Anthony Cuevas, en contra de múltiples candidatos, como Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassen y Mariana Nogales, entre otros, es un rudo golpea los procesos democráticos electorales en Puerto Rico. Ahora bien, en lo que coincidimos con la representante Nogales, es en la invitación a la gente a tomar las calles – al estilo Evo Morales en Bolivia – para reivindicar la derrota sufrida en el día de ayer. Que se convoque a un Frente Amplio por la Democracia y se tomen por buenas y válidas las posiciones vertidas por la legisladora en la noche de ayer.  

La única opción, si uno toma en consideración otros factores y casos, como el caso de la Alianza del Partido Independentista puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la única acción posible es la política. La jurídica, como en el caso de la alianza, nos deja a todos a seguir peleando por un derecho, que todo indica no existe bajo el contexto político actual. Lo que sí existe es la acción social. 

La acción política es la que no se ha explorado en este proceso electoral, el cual ha creado grandes expectativas para los partidos emergentes pero hoy competitivos como el PIP y MVC. Ante este cuadro, la convocatoria que hiciera ayer Mariana Nogales, debe ser tomada con seriedad y efectividad.  La presión social, podría hacer inoperante las elecciones coloniales, y dar la posibilidad a alguna solución política hoy no vislumbrada.

Mantenernos en el orden colonial, luego de la sentencia de ayer, sería un error. Ahora hay que ver cuánta gente participa en la convocatoria de Nogales para hoy a las 10am en la Comisión Estatal de Elecciones.  Apostemos a que la gente está dispuesta a tomar las calles. Pensemos. 

(San Juan, 11:00 a.m.) Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió cuatro acusaciones contra cuatro empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), asignados a la Oficina Postal 65 de Infantería en San Juan, por un retraso de correo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1703(a), anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
El USPS es responsable de transportar y entregar las boletas de votación anticipada y en ausencia en Puerto Rico, que el USPS reconoce como correo electoral. En septiembre de 2022, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico llevó a cabo una Elección Especial para la vacante del Senado del Distrito 1 de San Juan, Puerto Rico. Como parte de los servicios de la Comisión brindados para la Elección Especial, en agosto de 2022, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (“JAVAA”)) envió boletas por correo a ciertos votantes elegibles en Puerto Rico, a través del servicio de correo certificado de USPS.
Cuatro carteros individuales, empleados por el USPS, retrasaron y no entregaron un total de cuarenta piezas de correo electoral de las Elecciones Especiales de septiembre de 2022 a votantes activos domiciliados en San Juan. Más específicamente:
* El 5 de agosto de 2022, Christian Benny Díaz-Nieves, técnico de correos, retrasó ilegalmente y no entregó veintidós piezas de correo electoral;
* El 6 de agosto de 2022, Jonathan David Javier-Pinango, asistente 1 del transportista postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó doce piezas de correo electoral;
* El 5 de agosto de 2022, Michael Negrón-Cabrera, asistente 1 del transportista postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó ni una sola pieza de correo electoral; y
Desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, María De Lourdes Martínez-Garriga, una empresa postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó cinco piezas de correo electoral.
Cada empleado de USPS fue acusado por separado de demora ilegal del correo y no ha sido acusado de participar en una conspiración o plan para afectar la Elección Especial. La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS-OIG) está investigando el caso con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en consonancia con la misión de garantizar la eficiencia, la responsabilidad y la integridad en el Servicio Postal de los Estados Unidos.
“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir su voto y a que ese voto sea contado. Si los votantes no reciben sus boletas, no pueden ejercer uno de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos estadounidenses, el derecho a votar”, dijo el fiscal federal Muldrow. “La fiscalía federal, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, seguirán protegiendo este pilar fundamental de nuestra sociedad”.
“Votar permite a las personas opinar en las decisiones que afectan sus vidas y comunidades, y es una herramienta poderosa para promover el cambio social. Sin el derecho al voto, los grupos marginados pueden quedar aún más excluidos del proceso político, perpetuando la desigualdad y la injusticia, razón por la cual el acceso igualitario es crucial y por eso tenemos esta opción de recibir la boleta por correo”, dijo Joseph González, Agente Especial en Encargado de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
Añadió que “los funcionarios públicos de todas las agencias gubernamentales deben comprender que se les exige un estándar más alto. La gente depende de nosotros, y aquellos que no están dispuestos a cumplir con sus deberes sólo perjudican a las comunidades a las que debemos servir. Quiero agradecer a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico por informar rápidamente esto y a nuestros valiosos colegas de la OIG del Servicio Postal de EEUU, quienes nunca dudan en hacer lo correcto”.
Los acusados ​​tienen programadas sus comparecencias iniciales ante la corte hoy ante la jueza federal Giselle López-Soler del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EEUU y otros factores legales.
La fiscal federal adjunta Michele Colón y la fiscal federal adjunta especial Tania Salas-De Jesús del USPS-OIG están procesando el caso.

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