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Vie, Abr

Justicia Social

(San Juan, 11:00 a.m.) El luchador independentista puertorriqueño Norberto Cintrón Fiallo, fallecido el martes a los 84 años de edad, y fue expuesto en capilla ardiente en la funeraria Buxeda, en el sector de Hato Rey, en San Juan.

Nacido en la capital de la República Dominicana, de donde era oriunda su madre, la intelectual Thelma Fiallo Henriquez, el luchador se destacó como dirigente sindical, a la par que se mantenía activo en organizaciones políticas de izquierda.

En los años 60 del siglo pasado militó en el Movimiento Pro Independencia (MPI) de Puerto Rico y participó en acciones de los clandestinos Comandos Armados de Liberación (CAL), que a su deceso se dijo dirigió Juan Mari Brás bajo el seudónimo Alfonso Beal.

Con una trayectoria que lo hermanó políticamente a otras figuras que preconizaban, junto al desarrollo político y organizativo, la lucha armada para alcanzar la independencia de Puerto Rico, Cintrón Fiallo es exaltado por sus camaradas como comandante, junto al asesinado Filiberto Ojeda Ríos, fundador del Ejército Popular Boricua-Macheteros.

En la década de los años 70 del siglo pasado, ante el recrudecimiento de la persecución política en Puerto Rico contra la izquierda, estuvo entre los organizadores del Comité Unitario Contra la Represión (Cucre).

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La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE), Jessika Padilla Rivera, reafirmó hoy que los empleados que del organismo están realmente comprometidos con el país y con la misión de garantizar la pureza en los procesos electorales y generar confianza a través de acciones transparentes y ordenadas.

Las expresiones de la funcionaria se producen luego de que recientemente trascendieran alegaciones en el sentido de que personas ajenas a la CEE pudieran estar realizando gestiones relacionadas con el proceso de voto adelantado, identificándose, supuestamente, ante los electores como empleados de la institución.

En ese sentido, Padilla Rivera recordó que la Comisión expide una identificación oficial con foto y firma a cada uno de sus empleados y que, a su vez, estos están obligados a portarla en todo momento mientras realizan gestiones oficiales. 

“Es importante que todo elector sepa que tiene el derecho de exigir dicha identificación a quien se presente como empleado de la CEE antes de establecer cualquier conversación o gestión a la que haya accedido de manera libre y voluntaria”, manifestó.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El gobierno dominicano rechazó declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que se irrespetan los derechos humanos de los haitianos que buscan mejorar su vida en otros lugares y pidió que deje sin efecto las “deportaciones forzosas”.
A través del canciller local, Roberto Álvarez, el Poder Ejecutivo expresó que basado en la legislación migratoria “tenemos una política establecida, que por motivos de interés nacional se está retornando a Haití toda persona que está ilegal en territorio dominicano”.
En ese sentido, el funcionario señaló que la República Dominicana contribuye de manera significativa con la población haitiana, pues según la cifras, un 16% del gasto del presupuesto nacional de salud es utilizado por la población haitiana, así como un 36% de las camas de maternidad son utilizadas por parturientas esa nación, “lo que da como resultado una cifra astronómica”, dejando a la nación sin otra alternativa más que de continuar con el regreso de toda persona que se encuentre ilegal”.
“Lo hacemos respetando los convenios internacionales, los tratados de derechos humanos; no somos perfectos, de vez en cuando ocurren situaciones, pero tratamos de corregirlas inmediatamente”, aseguró.
También destacó que en la actualidad el Estado mantiene un diálogo continuo con las autoridades, dentro de los cuales se incluyen el director de Migración y Las Fuerzas Armadas, ya que existe un deseo y  una voluntad por parte de todas las autoridades dominicanas de cumplir con las normas establecidas.
El canciller Álvarez, durante su participación en el Almuerzo del Grupo Corripio, destacó que para la República Dominicana como para ningún otro país, la situación de Haití se trata de un tema de seguridad nacional, ya que a diferencia de los demás países interesados en aportar a la situación, ninguno posee la vecindad con dicho país.
Refiriéndose a la situación que padece ese suelo, este miércoles, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que “no queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro”.
La Organización Internacional de Migraciones publicó el pasado febrero que en ese mismo mes había habido 9.000 casos de migrantes haitianos “devueltos a la fuerza desde países vecinos”, y de ellos un 95% procedían de República Dominicana.
Precisamente el pasado 13 de febrero el presidente Luis Abinader se desplazó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Haití, y a su salida subrayó el rápido deterioro de la seguridad en el país vecino, ante lo que pidió actuar a la comunidad internacional, y lanzó un aviso. “O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana”, manifestó..
Igualmente, Dujarric volvió a pedir a la comunidad internacional que actúe con celeridad para resolver la crisis en la nación caribeña, la más pobre de la región, envuelta en una incierta transición, e instó a no delegar toda la responsabilidad en Kenia como país que se ha comprometido a liderar una futura fuerza multinacional de apoyo a la policía local.
“No creo que sea justo poner el futuro de Haití solo en los hombros de Kenia, hay una responsabilidad a nivel internacional; necesitamos que llegue más dinero para el Fondo Fiduciario” (que financiará esa misión multinacional), insistió.
Además, dijo que no le toca a la ONU liderar el cambio en ese pueblo porque “no es cosa del secretario general ni de Naciones Unidas imponer una solución al pueblo de Haití. Ya se ha intentado muchas veces sin gran éxito. Lo que hace falta es que la clase política haitiana, la sociedad civil, acuerden una hoja de ruta, como se ha dispuesto, con la creación de un Consejo Presidencial”.
La violencia, la inseguridad y el caos que registra la parte occidental de la isla de la Hispaniola promovida por las pandillas armadas, ha azotado la frágil economía en ese lugar, causando escasez de alimentos y agua.
El anuncio de Ariel Henry de que dimitirá como primer ministro en cuanto haya un consejo presidencial de transición abrió una nueva puerta en el difícil camino de Haití para intentar superar la aguda crisis que atraviesa y los altos niveles de violencia, incrementados aún más en los últimos días.
Las peticiones de que Henry debía abandonar el poder se sucedían desde hacía mucho tiempo, tanto entre movimientos y formaciones políticas internas como entre las bandas armadas, que aseguraban que este era precisamente su objetivo último.
Incluso en diciembre de 2022 ya el mandatario se comprometió, mediante un acuerdo con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado, a abandonar el poder el pasado 7 de febrero, algo que no se produjo.
Todo se precipitó con las presiones del exterior a favor de una transición para la que, según se anunció en las últimas horas, se creará un consejo conformado por siete miembros y dos observadores, como se decidió en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica con representantes de socios internacionales como Francia o Estados Unidos (con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a la cabeza) y de la ONU.
Los miembros de este consejo serán designados por los entes Colectivo 30 de Enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de Diciembre, EDE/RED, las fuerzas políticas Fanmi Lavalas y Pitit Desalin y el Sector Privado, mientras que los observadores representarán el Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y la diáspora de haitianos en el extranjero.

(San Juan, 12:00 p.m.) El pasado domingo se ahogaron en la playa de la Ventana al mar en Condado el norteamericano Charles Víctor Daniel Poor y el boricua que intentó salvarlo, Fidel Cruz Llanos.  Dos muertes lamentables, de un patrón de muertes en las playas que nos viene azotando en los pasados años ante la falta de una política pública adecuada en Puerto Rico.  Es simplemente patético. 

Ante esto, la única forma de explicarlo es que desde la llegada de los primeros colonizadores, los dioses fundacionales de la identidad boricua, es decir los Dieses Tainos, han vivido molestos, y el agua y el ahogamiento es parte de una tradición espiritual de hacer justicia en el país. No se olviden que a Diego Salcedo lo ahogamos en el 1511 como el primer gesto de la rebelión de los tainos en contra de los invasores. De ahí para acá el agua es una forma de hacer justicia ante nuestra inconformidad social y colonial.

Por lo que, le he prestado atención, que los ahogamientos en Puerto Rico van algo así como de cada 10, dos son boricuas, y el resto son   turistas, fundamentalmente de los EE.UU.  Por lo tanto, alguien me tiene que explicar, como el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD)  no ha desarrollado una política coherente para prevenir el problema. Y ojo, que esto pasa bajo una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que cree en la relación y anexión de Puerto Rico con los EE.UU.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, determinó hoy causa para arresto contra Jeremy Rafael Serrano Alicea, de 26 años, por el asesinato hace diez meses de dos estudiantes universitarios peruanos de visita en Puerto Rico.

Al sujeto se le impuso una fianza global de tres millones de dólares al señalar la vista preliminar contra el sujeto para el próximo 27 de marzo, cuando se determinará la celebración de un juicio en su fondo por cinco cargos a partir de la evidencia que presentará la fiscalía.

Los cargos contra Serrano Alicea por el asesinato de Franco Medina Angulo, de 29 años, y Sergio Palomino Ruiz, de 28, se produjeron tras un incidente originado dentro del negocio Emoji, en la calle Loíza en San Juan.

Entre las imputaciones se incluyó la tentativa de asesinato de una tercera persona.

“Hoy culmina la primera etapa de este caso, al lograr el esclarecimiento del asesinato de dos jóvenes inocentes con un gran futuro, que murieron a manos de otro joven, que demostró no tener ningún tipo de respeto ni valor por la vida de los demás”, manifestó el jefe de la Policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa.

Indicó que, si bien “no podemos devolverles la vida a estos jóvenes, pero podemos brindarle a su familia la certeza de que en Puerto Rico existe la Justicia”.

López Figueroa explicó que Serrano Alicea tiene un abultado expediente criminal desde el año 2016, por delitos relacionados con hurto de vehículos y violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo de 2023, a eso de las 3:50 hora local, los estudiantes de maestría de la Universidad de Nueva York se encontraban frente al establecimiento comercial en espera de un servicio de transporte.

Mientras, Serrano Alicea salió del negocio haciendo disparos con un arma de fuego automática ocasionándoles la muerte a los estudiantes, según demostró la investigación a cargo del agente Erick Ortiz Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en San Juan.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Con el fin de establecer el deber de divulgación de la Autoridad de Alianzas Públicas en relación con los procedimientos de selección de proponentes, el Senado de Puerto Rico avaló un proyecto dirigido a enmendar la Ley de Alianzas Público-Privadas para disponer un término para actualizar la reglamentación vigente.
De la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el Proyecto del Senado 1061 propone realizar una amplia divulgación del proceso de evaluación, selección y adjudicación de los contratos de alianzas, el cual actualmente se realiza bajo un procedimiento de estricta confidencialidad.
“Estas son las más recientes privatizaciones (LUMA Energy, GeneraPR y San Juan Bay Cruise), pero podemos recordar otras alianzas como las de las autopistas que ha redundado en constantes incrementos en los peajes que afectan el bolsillo de los puertorriqueños o el transporte de lanchas con Vieques y Culebra que no ha mejorado el servicio, y cuyo privatizador se ha acogido a la ley de quiebras, (por lo que) el pueblo tiene derecho a conocer el detalle de los contratos de alianzas antes de su firma para evaluar la prudencia del acuerdo en negociación”, sostuvo Dalmau Santiago.
En su turno sobre la medida, el presidente senatorial añadió que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas se opone a la aprobación de la pieza legislativa, alegando que existe una necesidad de mantener la confidencialidad de los procesos para proteger secretos de negocios de los proponentes.
Además, que la Ley Orgánica de la AAPP provee para la necesaria transparencia en sus procesos al divulgarse información de los contratos luego de completada la negociación y acuerdos de la alianza; y que el procedimiento existente brinda un balance adecuado entre promover la competitividad mediante la confidencialidad con el principio de transparencia al divulgarse el acuerdo ya finalizado.
La senadora Joanne Rodríguez Veve indicó que “el país se entera de los elementos más básicos de los acuerdos cuando el contrato ya está realizado; son los elementos más básicos que todos deberíamos conocer para poder emitir opiniones y fiscalizar ese proceso que debería procurar la transparencia de la contratación gubernamental en lo que se refiere a las AAPP”.
Además, presentó enmiendas para exceptuar de esta divulgación la información relacionada a la propiedad intelectual.
Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1583 propone reconocer el estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional como una modalidad de maltrato grave, limitar el mecanismo de desvío ante una convicción por esta modalidad delictiva.
Asimismo, busca sancionar como asesinato en primer grado el estragulamiento, sofocación o asfixie posicional, así como atemperar el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra menores.
Del mismo modo, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1607 que propone enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para corregir la citación del Artículo 2.1 que dispone que cualquier persona de 18 años o más de edad, que haya sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito.
En el contexto de una relación de pareja, podrá radicar por sí misma, por conducto de su representante legal o por un agente del orden público una petición en el Tribunal y solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria la radicación previa de una denuncia o acusación.
La Cámara Alta también aprobó los proyectos del Senado 1020 y 1146; la resolución conjunta del Senado 445, las resoluciones del Senado 912 y 913; y los proyectos de la Cámara 1607, 1850 y 1641.

(San Juan, 10:00 a.m.)  El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció hoy que la Oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico ha lanzado un Programa Piloto para Denunciantes diseñado para fomentar la divulgación temprana y voluntaria de conducta criminal por parte de participantes individuales en ciertos delitos no violentos.
A cambio de esa cooperación, la Fiscalía Federal entrará en un acuerdo de no enjuiciamiento cuando se cumplan ciertas condiciones específicas incluida, sobre todo, la condición de que el gobierno no tuviera conocimiento previo de la conducta delictiva objeto de la divulgación.
Al brindar claridad sobre los requisitos de los beneficios de la divulgación, conocido en inglés como Whistleblower Pilot Program, buscamos incentivar a las personas —y a sus abogados— a brindar información procesable y oportuna, dijo el fiscal federal.
Eso, a su vez, nos ayudará a sacar a la luz más conductas indebidas y actividades delictivas, y a proteger mejor a las comunidades a las que servimos.
“Aunque otros distritos han emitido recientemente una política similar, este nuevo programa sigue el mensaje que esta Fiscalía Federal y nuestros socios federales del orden público han estado enfatizando públicamente durante los últimos años”, subrayó el fiscal federal Muldrow. “La cooperación temprana y completa con las autoridades federales será recompensada, al igual que es esencial para nuestra misión de servicio público de erradicar el fraude y la corrupción pública, y hacer que nuestras comunidades sean más seguras y fuertes”.

(San Juan, 11:00 a.m.) El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano se mostró preocupado por el tercer asesinato en Puerto Rico de una persona LGBTQI+ en lo que va del año, tras el más reciente caso de Ángel Javier García González, junto von un incremento en las desapariciones.
“Las autoridades me aseguran de que, en el caso de Ángel Javier, cumplirán con sus protocolos de investigar todos los ángulos, incluyendo el de odio o de violencia de género. Vaya mi solidaridad con su familia y espero que se le haga justicia. Es alarmante ver el incremento de asesinatos de personas LGBTQI+ en Puerto Rico, sobre todo porque estos tres casos ocurrieron en poco más de un mes”, aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Todes comentó que primero fue Roberto García, luego África y ahora Ángel Javier, por lo que “estamos a unos niveles agobiantes que no se veían desde el año 2020 cuando siete personas trans fueron asesinadas”.
Recordó que este incremento de desapariciones comenzó desde el año pasado, pues aún se espera por alguna actualización en el caso de Eddie Xavier Morales Rodríguez, desaparecido desde julio de 2023.
De igual forma, se espera por los resultados finales de la autopsia de Luis Angel Díaz Castro, quien fue encontrado muerto en su apartamento en San Juan en agosto pasado.
En estos días, se reportó la desaparición en Cabo Rojo de Darshan Elena Campos desde el pasado 1 de marzo, tras encontrarse su vehículo y pertenencias en la Playa Ostiones.
“El recrudecimiento de las políticas y retóricas fundamentalistas sumado a los fallos sistémicos en proteger a las víctimas, así como la falta de una educación con perspectiva de género, han propiciado un agravamiento de la crisis de violencia de género, de desapariciones y de crímenes de odio que arropa a nuestro país; es hora de actuar para atajar esta crisis de manera inmediata”, remachó el activista.

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