(San Juan, 11:00 a.m.) El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano se mostró preocupado por el tercer asesinato en Puerto Rico de una persona LGBTQI+ en lo que va del año, tras el más reciente caso de Ángel Javier García González, junto von un incremento en las desapariciones.
“Las autoridades me aseguran de que, en el caso de Ángel Javier, cumplirán con sus protocolos de investigar todos los ángulos, incluyendo el de odio o de violencia de género. Vaya mi solidaridad con su familia y espero que se le haga justicia. Es alarmante ver el incremento de asesinatos de personas LGBTQI+ en Puerto Rico, sobre todo porque estos tres casos ocurrieron en poco más de un mes”, aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Todes comentó que primero fue Roberto García, luego África y ahora Ángel Javier, por lo que “estamos a unos niveles agobiantes que no se veían desde el año 2020 cuando siete personas trans fueron asesinadas”.
Recordó que este incremento de desapariciones comenzó desde el año pasado, pues aún se espera por alguna actualización en el caso de Eddie Xavier Morales Rodríguez, desaparecido desde julio de 2023.
De igual forma, se espera por los resultados finales de la autopsia de Luis Angel Díaz Castro, quien fue encontrado muerto en su apartamento en San Juan en agosto pasado.
En estos días, se reportó la desaparición en Cabo Rojo de Darshan Elena Campos desde el pasado 1 de marzo, tras encontrarse su vehículo y pertenencias en la Playa Ostiones.
“El recrudecimiento de las políticas y retóricas fundamentalistas sumado a los fallos sistémicos en proteger a las víctimas, así como la falta de una educación con perspectiva de género, han propiciado un agravamiento de la crisis de violencia de género, de desapariciones y de crímenes de odio que arropa a nuestro país; es hora de actuar para atajar esta crisis de manera inmediata”, remachó el activista.

(San Juan, 10:00 a.m.) Ante el llamado hecho a sus ciudadanos por los Estados Unidos y otros países a que abandonen Haití lo antes posible por la situación de inseguridad en medio de una escalada de violencia, cientos de extranjeros están saliendo de ese país antillano, utilizando la frontera dominicana.

Mientras, el gobierno prolongó por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, en plena ola de violencia criminal en el empobrecido país caribeño.

Medios locales reportaron que más de 100 ciudadanos estadounidenses han salido de ese territorio usando el paso fronterizo por Dajabón (región noroeste dominicana), lista a la que se suman chinos, coreanos y ciudadanos de otros países.

Varios extranjeros entrevistados por periodistas nacionales manifestaron que “ese lugar está envuelto en una ola de violencia a todos los niveles, donde las personas más vulnerables, entre ellos niños y mujeres, son los más afectados en esa población”.

El régimen haitiano extendió por un mes el estado de emergencia en un nuevo esfuerzo por frenar la crisis que sacude a esa nación donde las pandillas armadas tienen el control de las principales ciudades, sobre todo la capital, Puerto Príncipe.

La medida, publicada en el diario oficial, afecta a todo el departamento del Oeste e irá acompañada hasta el lunes de un toque de queda entre las 18H00 y las 05H00 locales.

El fin de semana pasado, las autoridades ya habían declarado un toque de queda nocturno en la capital, pero ambas medidas finalizaron el miércoles.

Varias bandas criminales armadas controlan extensas zonas del país, donde mantienen un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, cuya dimisión inmediata exigen.

El miércoles por la noche, esas pandillas incendiaron un nuevo cuartel de policía, demostrando una vez más que no piensan detener esta espiral de violencia.

El asalto ocurrió en Bas-Peu-de-Chose, atacado con frecuencia por los malhechores. Los agentes del puesto tuvieron tiempo de abandonar el edificio antes del ataque. También incendiaron un vehículo policial y varias motocicletas.

Con la inseguridad permanente, el sistema de salud haitiano está “cerca de colapsar”, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.

“Muchas instalaciones sanitarias están cerradas o han tenido que reducir drásticamente sus operaciones debido a una preocupante escasez de medicamentos y a la ausencia de personal médico”, indicó a la prensa internacional la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)

Además de medicamentos, faltan equipos médicos, sangre y camas para tratar a los pacientes con heridas de bala, añade el organismo.

Un influyente líder pandillero, Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, advirtió el martes que si el primer ministro Ariel Henry no dimitía, el país se dirigirá hacia “una guerra civil que conducirá al genocidio”.

El mandatario, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 a manos de un grupo de mercenarios colombianos, debía dimitir en febrero, pero selló un acuerdo con la oposición hasta que haya nuevas elecciones.

El primer ministro está en Puerto Rico desde el martes, tras un intento fallido de regresar a Haití y de intentar aterrizar en la República Dominicana, que le negó la entrada a su avión.

Henry había viajado a Kenia para acordar el despliegue de una misión policial multinacional respaldada por la ONU. Pero no pudo retornar a Puerto Príncipe por la inseguridad en torno al aeropuerto, atacado por las pandillas.

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(San Juan, 10:00 a.m.)  El llamado territorio o franja de Gaza, donde se originó el blanco tejido semitransparente utilizado para vendar heridas, sufre crecientes mutilaciones ejecutadas por su inclemente vecino, el estado de Israel.
Este territorio al que se le sigue negando el derecho a ser país, sitiado y disminuido, convertido en gueto privado de elementales derechos humanos, es una herida abierta ante los ojos del mundo que comienzan a abrirse al exterminio por tanto tiempo negado.
Demasiado tarde. Ya las vendas son insuficientes, si las hubiera. También las tumbas lo son, sustituidas ahora por fosas comunes alrededor de las cuales se mecen, tomados de la mano, dolientes y callados los deudos que aguardan su turno de unírseles envueltos también ellos en blanco sudario, último abrazo textil, ya no de gasa, sino de plástico. Arriba, en la tierra que pronto cubrirá sus restos, apenas queda piedra sobre piedra.

De damascos y gasas II (Los cosieron a tiros), 2024. Antonio Martorell/Inter News Service
El reino de las mil y una noches, el mítico paisaje que sobrevolaban las alfombras mágicas de nuestra infancia portando genios escapados de lámparas maravillosas, el mediterráneo mar que surcó Sinbad el marino, hoy llueve misiles mortales sobre tapices tornados afelpadas cortinas apenas cubriendo, cual coloridos párpados, los ojos ciegos de edificios en ruina y árboles desnudos.
El telenoticiero, con pretendido pudor o avieso encubrimiento, borra los rostros de víctimas infantiles, pero es incapaz de desenfocar el desesperado gesto de pequeños pies y manos buscando agarrarse a la vida que se escapa. En ocasiones, un aullido de dolor interrumpe la forzada neutralidad del reportaje. Corte a la toma aérea del dron, las diminutas siluetas entre los renegridos escombros, el polvo gris que todo lo sepulta.

De damascos y gasas III (Descansa en paz), 2024. Antonio Martorell/Inter News Service
Nosotros, apoltronados telespectadores del desamparo y el hambre, la enfermedad y la muerte, nos movemos incómodos tentados a cambiar de canal o apagar el televisor. ¿Qué hacer ante las tibias medidas de organizaciones y tribunales de justicia internacional, el apoyo a la matanza de civiles apenas condicionado por las potencias del mundo occidental, la consistente oposición de los Estados Unidos a la orden del cese al fuego en las Naciones Unidas?
Lo menos que podemos es hacernos eco del lamento del pueblo palestino y reclamar justicia para esta nación expulsada de su hogar y condenada a muerte una vez más. Seamos solidarios con su dolor y acusemos a quienes se lo infligen.

(San Juan, 11:00 a.m.) Un líder religioso de Cayey, Eduardo Luis Marrero Casanova, de 53 años, fue sentenciado el martes, 27 de febrero, a 240 meses de prisión por dos cargos de producción de pornografía infantil por el juez federal Raúl M. Arias Marxuach, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.

Según documentos judiciales, desde diciembre de 2022 hasta el 25 de enero de 2023, Marrero Casanova utilizó un teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet, para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a dos menores de 15 años para que participaran en actividad sexual por la cual cualquier persona puede ser acusada de un delito penal, que incluye la producción de pornografía infantil, según se define en el Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Además, Marrero Casanova empleó, usó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a un menor, e intentó participar en una conducta sexualmente explícita con el propósito de producir cualquier representación visual de tal conducta.

En un caso separado, Alexander Joel Rivera-Santos, de Salinas, fue sentenciado el 9 de febrero de 2024 por el juez federal Francisco A. Besosa a 51 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por posesión de material de explotación infantil en violación de 18 U.S.C. § 2252A(a)(5)(B).

Según documentos judiciales, una investigación de HSI Phoenix, en Estados Unidos, sobre salas de chat que utilizaban la aplicación de chat Viber para intercambiar pornografía infantil identificó a usuarios que eran miembros de un chat que intercambiaba pornografía infantil.

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Cientos de mujeres paralizaron hoy el expreso Las Américas, en San Juan, convocadas por la Colectiva Feminista en Construcción para exigir, bajo el lema “Nosotras por nuestras vidas”, que el gobierno rinda cuentas sobre los 20 millones de dólares destinados a agencias a partir de la declaración del Estado de emergencia por los feminicidios.

Como parte de la protesta, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también se reclamó que se responda con eficacia a la violencia machista, que ya ha provocado siete feminicidios en lo que va de este año 2024.

Shariana Ferrer Núñez, dirigente de la Colectiva Feminista, explicó que al cortar el tráfico en la importante autovía “queremos interrumpir la normalidad de levantarnos día tras día con la violencia de género que interrumpe al país”.

A la Colectiva se unió la cantante ilé, antigua PG-13, para interpretar “Nosotras por nuestras vidas”, mientras que en la avenida Ponce de León la Coalición 8 de Marzo bloqueó el tránsito a la altura de la zona bancaria reclamando que se termine la desigualdad que perjudica a las mujeres.

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(San Juan, 10:00 a.m.) En la tarde de ayer miércoles, la juez Joie-Lin Laó Meléndez, determinó no causa en la Vista Preliminar contra la legisladora Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).  La legisladoras se enfrentaba a dos cargos por falsedad ideológica  y perjurio. Ambos casos tienen que ver con el informe de sus finanzas, radico al inicio del cuatrienio.  

Mariana Nogales, junto a su madre y sus corporaciones de empresas familiares, fueron acusadas inicialmente de violentar el estado de derecho. Les radicaron 51 cargos, de los cuales solo dos se mantuvieron.  Estos cargos solo contra la legisladora.  Cargos que eventualmente fueron archivados en la legislatura.

Nogales ha alegado en todo momento que se trata de una persecución política. Cierto o falso, desconocemos la razón de las acusaciones. Lo cierto, es que el estado tiene interés de acusarla, pese a que los cargos en su contra consistentemente se caen. Por lo tanto, puede sonar todo a un capricho jurídico con interés de perseguir.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El Partido Popular Democrático (PPD) presentó hoy un recurso legal con el propósito de descertificar al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, en su aspiración a la reelección por incumplir con un acuerdo pactado con la colectividad política.

El secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, afirmó que al someter el recurso legal para la descertificación del candidato a la alcaldía de Ponce, segunda ciudad del país, responde a que Irizarry Pabón incumplió retirar su candidatura al negarse a renunciar a su candidatura a la reelección para las elecciones de noviembre próximo.

El médico de profesión, quien recuperó con un 68 por ciento de los sufragios la alcaldía de Ponce para el PPD, después de tres cuatrienios (2008-2020) en control de María Meléndez Altieri, del Partido Nuevo Progresista (PNP), está acusado por el Panel del Fiscal Especial Independiente de irregularidades en el pago de un préstamo.

“Como anunciamos el pasado miércoles, basado en la violación del acuerdo y el Reglamento Interno del PPD, hoy fue radicado el recurso legal de forma electrónica en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan con el propósito de que se proceda ala  descertificación de Irizarry Pabón como candidato a la alcaldía de Ponce para los comicios de este año”, sostuvo Cruz.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El alcalde Luis Javier Hernández rechazó este jueves una publicación en las redes sociales del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en la que se hace hincapié de una colaboración con el municipio de Villalba en la reparación de importantes vías, como las PR-149 y PR-150.
Esto se enmarca en la discrepancia pública que el ejecutivo municipal ha sostenido con la secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vega, respecto a la pavimentación de carreteras en Villalba.
“Le pido al Departamento de Transportación y Obras Públicas que no mienta. Invito a que den un paseo por la PR-149 y vean las condiciones en que aún se encuentra esa vía estatal. Los trabajos no han sido completados y la compañía abandonó el área sin culminar el marcado de líneas lo que es un riesgo a la seguridad de los cientos que la transitan”, dijo el también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
Al alegar discriminación contra los alcaldes elegidos en la boleta del Partido Popular Democrático (PPD), Hernández estableció que “nunca trabajaron los tres derrumbes peligrosos y a pesar de eso tiraron el asfalto”.
Explicó que según se alega no cumplió tampoco con las regulaciones federales y tendrá que ser removido.
“Las páginas oficiales pagadas con fondos públicos deben cumplir con la veda electoral y proveer información correcta. Pido a la agencia a tomar cartas en este asunto”, insistió Hernández.

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