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Jue, Abr

Economía Solidaria

(San Juan, 11:00 a.m.) La prensa nacional, movimientos cívicos, dirigentes políticos y otros sectores, rechazaron las pretensiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de establecer en esta nación un centro que acoja a los refugiados haitianos que huyen de su país atemorizado por el estallido violencia e inseguridad impuesto por las bandas armadas, cuando la población espera la instauración de un consejo presidencial de transición hasta la celebración de elecciones.
La iniciativa fue reintroducida a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organización creada en el 1950 que tiene como misión liderar y coordinar la acción a escala mundial con el fin de proteger los derechos y el bienestar de decenas de millones de personas, entre estas los refugiados, desplazados internos, apátridas, solicitantes de asilo, repatriados y las comunidades de acogida que los rodean.
El planteamiento fue denegado de inmediato por el presidente de la República, Luis Abinader, quien advirtió que no ordenará la ubicación de esos campos y que continuarán las deportaciones de haitianos indocumentados, posición calificada por la sociedad local como firme y valiente en virtud del momento “crucial e histórico” que vive la parte oriental de la isla Hispaniola motivado a la crisis haitiana.
En una reciente entrevista con el programa HARDtalk de la cadena noticiosa BBC, Abinader dejó en claro la firme actitud sobre la seguridad nacional, así como el estricto cumplimiento de las leyes y la Constitución dominicanas en el contexto de la crisis humanitaria en Haití.
La conversación, conducida por el renombrado periodista Stephen Sackur, se centró en temas críticos como la migración, las deportaciones y la relación entre ambas naciones caribeñas.
“Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución y mantendremos el orden legal y la soberanía del país ante cualquier circunstancia”, dijo en respuestas a la petición de la ONU de que cesaran las repatriaciones de haitianos por la situación que impera en el cercano pueblo.
Esta declaración subraya la postura del Gobierno dominicano de no ceder ante presiones externas y de seguir gestionando la migración de acuerdo con sus propios términos y condiciones, precisa un comunicado del Poder Ejecutivo local.
“Creo que la ONU tiene que trabajar más”, precisó el estadista caribeño instando a una mayor acción internacional para abordar la crisis y reiteró que la solución al problema de ese pueblo no debe recaer únicamente en República Dominicana.
En cuanto a las críticas sobre las deportaciones,  enfatizó que simplemente está aplicando las leyes migratorias, de forma similar a otras naciones, y subrayó el apoyo continúo brindado a los haitianos, especialmente en el sistema de salud.
LAS REACCIONES
La postura del jefe de Estado ha sido respaldada en los editoriales de los principales medios de comunicación escritos (El Caribe, Listín Diario, Diario Libre, Hoy y otros), noticiarios de radio y televisión, así como en las redes sociales y programas interactivos, que consideran que la ONU y la comunidad internacional han mostrado indiferencia e irresponsabilidad  respecto a la crisis haitiana.
Por igual, la apoyaron dirigentes de las diferentes tendencias políticas, congresistas y otras personalidades, que abogaron por la vigilancia y protección estricta de la frontera ante la inminente estampida de esas personas desde Haití.
El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó su preocupación por la solicitud de la Acnur, a pesar de reconocer la difícil situación que enfrenta Haití. Sin embargo, subrayó la necesidad de priorizar la seguridad nacional, por encima de todos los intereses.
El exmandatario destacó la solidaridad histórica del pueblo quisqueyano hacia el pueblo más pobre de occidente, recordando la ayuda proporcionada durante el terremoto de 2010, que ocasionó la muerte a más de 300.000 personas y el desplazamiento de 1,5 millones de habitantes, la cual incluyó asistencia hospitalaria, suministro de alimentos y esfuerzos de reconstrucción. Señaló que la situación actual requiere una respuesta internacional coordinada.
El aspirante a senador por el Distrito Nacional, en representación del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo, considera que la sugerencia del organismo hemisférico  “implicaría una posible fusión y mudanza de Haití hasta el territorio nacional”.
Indicó que el recibimiento de esos extranjeros “significaría que estos se aprovecharían de la oportunidad para entrar en masa hasta suelo nacional buscando protección ante la crisis social y política” que enfrentan en su lugar.
“La ONU quiere mudar Haití para República Dominicana tomando como excusa la crisis que ellos mismos han dejado que se desencadene, para usarla ahora como pretexto y traer haitianos aquí”, aseveró el político.
En ese orden, expresó que, si el centro de refugiados se materializa aquí, “significaría que recibiríamos alrededor de dos millones de haitianos, un hecho que consideramos peligroso tomando en cuenta que miembros de bandas armadas en Haití podrían pasar al territorio dominicano”.
Según informes de las Naciones Unidas, la violencia ejercida por las pandillas en ese lugar ha causado más de 5.000 víctimas mortales desde 2023, más del doble que el año anterior. Además, han provocado el desplazamiento a 165.000 personas y obstaculizada la provisión de asistencia
LOS DUARTIANOS
El presidente del Instituto Duartiano, abogado Wilson Gómez Ramírez, considera como una nueva arremetida contra la República Dominicana, y la vigencia de su bien ganada vida soberana, la pretensión de la Organización de las Naciones Unidas.
Explicó que “esa nueva agresión contra los dominicanos, alerta, pone de manifiesto el despropósito que subyace en la inexplicable indiferencia de ese organismo mundial, como el de otros de carácter regional y grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, Canadá y Francia”.
A las voces de desaprobación se sumó el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien dijo que “una instalación de esta naturaleza, en ningún país se puede instalar sin permiso de las autoridades del gobierno central”. En esta línea, se pronunció el ex juez del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, tras considerar que la ONU no tiene derecho para abrir centro de migrantes haitianos en suelo dominicano.
INTENTO FALLIDO
Mientras se oponía la instalación de los centros para refugiados, hace dos días, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) intentó inaugurar en la comunidad Verón, Punta Cana (región oriental dominicana) el denominado Centro de Atención, Referencia y Recursos para Migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones, oficina diseñada para proporcionar orientación gratuita a migrantes de todas las nacionalidades que residen en la zona en relación con procedimientos y trámites migratorios en el marco de las leyes nacionales.
La idea avivó aún más el disgusto que generó la solicitud de la Acnur para que se acoja a ciudadanos haitianos en condición de asilados, y que no se devuelvan a su país.
Finalmente, la apertura del Centro de Atención fue dejada sin efecto a solicitud del Ministerio de Interior y Policías, horas después de viralizarse la foto de la invitación refrendada por Josúe Gastelbondo Amaya, jefe de la misión de la OIM en la República Dominicana.

(San Juan, 11:00 a.m.) El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, calificó a la República Dominicana como un modelo de desarrollo a seguir al resaltar  el notable crecimiento económico, por arriba del promedio de la región latinoamericana.

El ejecutivo del organismo multilateral atribuyó ese hecho, en gran medida, a políticas económicas sensatas, promoción de la inversión y el crecimiento del sector privado.

A esto se sumó que el Estado isleño es ahora sede de una serie de reuniones históricas que permitirán a la región superar desafíos comunes, como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

Asimismo, la reducción de la pobreza, mejora de la educación, generación de energía limpia, protección de la biodiversidad, entre otros acontecimientos.

Goldfajn indicó que para superar estos retos el Grupo BID propone cambios transformadores, entre estos, una nueva estrategia institucional para aumentar el impacto y escala de los trabajos.

Por igual, planteó una nueva visión y modelo de negocios para BID Invest y BID Lab que aumentaría su poder de inversión.

Las declaraciones del funcionario se ofrecieron en un encuentro con los integrantes de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest, reunidos en sesión en Punta Cana, provincia La Altagracia, región oriental dominicana, cita en la que aprobaron la Declaración sobre Igualdad de Género y Diversidad.

Más de 40 países han expresado su apoyo a esta iniciativa, lo que refleja un amplio respaldo internacional.

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(San Juan, 9:00 a.m.) Las gestiones de Estados Unidos para seguir posponiendo las elecciones en Haití, que debieron efectuarse en febrero, entran en un punto crítico con la esperada llegada de mil policías de Kenia para combatir las bandas armadas y capturar a su líder más notorio, Jimmy Cherizier, quien se ha declarado revolucionario.

La maniobra de alta política internacional, que involucra a la Comunidad del Caribe inglés (CARICOM) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entregaría el mando del contingente policíaco internacional a una fuerza que los propios EEUU han documentado que incurre en torturas, desapariciones y muchas otras violaciones de los derechos humanos.

Mientras tanto, en el escenario de combate, la Policía Nacional Haitiana logró llegar cerca de los barrios en que Cherizier tiene su centro de mando y cayeron muertos algunos de los bandidos insurrectos. Pero el valor del ataque ha quedado en duda porque las bandas, que ya controlan la zona del principal aeropuerto de la capital, están avanzando para lograr controlar también el puerto, amén de que le pegaron fuego a la casa del jefe de la Policía y rodean embajadas extranjeras.

Además, el acuerdo internacional para la intervención armada externa tampoco es tan de consenso, pues la troica de la Comunidad Latinoamericana y el Caribe (CELAM), compuesta por Honduras, Colombia y San Vicente y las Granadinas, ha expresado su desacuerdo profundo y pedido que se permita que los haitianos resuelvan su problema político. De igual forma, Venezuela también se opone y respalda que Haití pueda reforzar su policía y establecer su propio ejército, en tanto que Rusia y China se han abstenido de respaldar los planes de intervención avalados por el Consejo de Seguriad de la ONU.

La crisis por las bandas armadas en Haití, cuya principal ciudad de la costa norte queda apenas a 1,121 kilómetros (695,5 millas) al sureste de los cayos del sur de la Florida, tiene uno de sus antecedentes en acciones propiciadas por los propios EEUU y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) cuando se iniciaba la segunda mitad del pasado siglo XX. Esas bandas criminales eran concebidas como protectoras del poder, pero ahora los herederos de aquellos terroríficos guardaespaldas reclaman el poder mismo y dicen que es para entregárselo a la soberanía del pueblo.

Fue después de un intento de golpe de estado, repelido por Francois Duvalier con ayuda de la CIA en los años cincuenta, que se establecieron las bandas de voluntarios conocidas como los “tonton macoutes” para proteger el gobierno en los pueblos y zonas rurales del interior del país. Como no se les asignó fondos para salarios, se acordó que se sostuvieran mediante el crimen y, en particular, las extorsiones.

Tras la caída del régimen de los Duvalier, los tonton macoutes pasaron a la historia, pero no el uso de pandillas criminales para proteger a empresarios y políticos, como pequeños ejércitos privados. La relevancia de las bandas armadas aumentó significativamente cuando tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, a quien EEUU se negó a permitir que estableciera un ejército y pudiese importar arnas, se quedó al mando de facto Ariel Henri mientras se agotaron los términos de los poderes legislativos y judicial.

Henri, apoyado por EEUU, prometió elecciones, que se fueron postergando hasta febrero de este año, plazo que tampoco se cumplió. En lugar de eso, viajó cruzando el Atlámtico hasta Kenia para pactar el envío de la fuerza policial, espacio que aprovecharon las bandas para marcar su dominio de las calles y exigieron su dimisión. Cherizier, quien había sido de las fuerzas especiales de la Policía Nacional e involucrado en varias masacres, se había convertido en jefe de la pandilla Fuerzas Revolucionarias del G-9, Familiares y Amigos, declaró que había comenzado la revolución.

Durante una reunión urgente del CARICOM en Jamaica, con la participación adicional de EEUU, México, Brasil, Canadá, Francia y representación de la ONU, se logró que Henri sometiera su renuncia, efectiva a la fecha de establecerse una junta provisional compuesta por siete miembros votantes de partidos políticos, empresarios y el grupo del Acuerdo de Montana, con la presencia sin voto de la sociedad civil y la Iglesia. La renuncia condicionada de Henri fue lograda directamente por la primer ministro de Barbados, Mia Mottley, vinculada a las fundaciones Rockefeller y Open Society.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 17 cargos contra Myrna Faría, también conocida como Myrna Oliveras-Santiago, de robo de fondos gubernamentales en violación varias normas, fraude postal, uso indebido de números de Seguro Social y robo de identidad agravado, anunció hoy W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según documentos judiciales emitidos el 6 de marzo de 2024, Faría fue empleada por la Administración del Seguro Social (ASS) desde 1991 hasta 2019 como “Especialista en Seguro Social” y “Especialista en Reclamaciones” en la Unidad de Apoyo a la Carga de Trabajo en San Juan.
Desde marzo de 2012 hasta marzo de 2024, la empleada malversó y robó fondos de la ASS, a saber, beneficios del seguro de jubilación, beneficios del seguro de sobrevivientes y pagos de beneficios auxiliares, a los que sabía que no tenía derecho.
En total, Faría robó aproximadamente $1.812.455,10, utilizando su posición dentro de la ASS para presentar reclamos falsos en nombre de otros, utilizando la identidad de personas que creía fallecidas.
Luego aprobó esas afirmaciones falsas y presentó su propia información bancaria y de dirección para recibir de manera fraudulenta los ingresos correspondientes del beneficiario de la ASS.
Según las autoridades, Faría procedió a retirar, transferir y gastar el dinero de las cuentas que obtuvieron fraudulentamente los fondos de la ASS.
A lo largo de doce años, presentó y aprobó 13 reclamaciones fraudulentas y a la fecha de emitirse la acusación el 6 de marzo seguían activas un total de 10 reclamaciones fraudulentas y recibiendo fondos.
“Es especialmente atroz cuando personas que ocupan puestos de confianza pública participan en actividades delictivas”, dijo Muldrow.
El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico sostuvo que la acusada en este caso “abusó de la confianza depositada en ella por la Administración del Seguro Social y el público”.
“La Fiscalía de los Estados Unidos seguirá trabajando con todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para salvaguardar la integridad de las instituciones del gobierno federal y llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia”, abundó Muldrow.
Faría aprovechó su posición para su beneficio personal y robó más de $1,8 millones, según la evidencia obtenida en esta investigación, que reveló falsificó beneficios de seguro de jubilación, sobrevivientes divorciados o viudos y reclamos auxiliares para 13 personas que habían fallecido o que ella esperaba que hubieran fallecido.
La agente especial a cargo de la Administración del Seguro Social en la Oficina del Inspector General, Sharon MacDermott, apuntó que Faría provocó que la ASS realizara los pagos fraudulentos de beneficios, que dirigió a ella misma”.
“Continuaremos trabajando con la ASS para identificar pagos de beneficios fraudulentos”, dijo al agradecer al FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y al Servicio de Inspección Postal de los EEUU por sus esfuerzos en esta investigación y a la fiscalía por procesar este caso.
En tanto, Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, la mujer en este caso “usó su posición como empleada de la Administración del Seguro Social para crear reclamos de beneficios falsos usando números de seguro social para personas fallecidas, así como otras tácticas, y al hacerlo, robó casi 2 millones de dólares”.
Agregó que, incluso después de jubilarse, continuó enriqueciéndose ilegalmente. “Esta es una conducta vergonzosa y despreciable por parte de un funcionario público, alguien llamado a servir al pueblo, no a quitarle nada”, dijo.
“Nadie está por encima de la ley, e incluso si crees que puedes salirte con la tuya, tarde o temprano lo descubriremos y enfrentarás las consecuencias”, añadió.
Si es declarada culpable, la acusada enfrenta las siguientes penas máximas: 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno; 20 años de prisión por fraude postal; 5 años de prisión por uso indebido de números de Seguro Social; y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado.
Un juez de un tribunal de distrito federal en Puerto Rico determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas y otros factores legales.
La fiscal federal adjunta especial Vanessa D. Bonano-Rodríguez está procesando el caso.

(La Habana, 11:00 a.m.) Por el municipio santiaguero de Songo-La Maya continuó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC) y Presidente de la República, los recorridos que realiza a objetivos económicos y sociales en los territorios del país.

   El pueblo lo recibió en las calles con cariño, refiere en la red social X la cuenta de la Presidencia.

   Acompañó a Díaz-Canel, como es costumbre en los recorridos, el secretario de Organización del CC PCC, Roberto Morales Ojeda, quien en la misma red social comentó sobre la visita al taller de confecciones Costa 23 de agosto.

   Allí constataron el compromiso de sus trabajadoras, que trabajan con entusiasmo y crean alternativas para vencer los obstáculos que entorpecen el buen rendimiento económico de la fábrica, señaló el dirigente partidista.

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(San Juan, 10:00 a.m.) “Volvimos nuevamente a la mesa de negociación”, aseguró el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta González, luego que la Unión General de Trabajadores (UGT) tomara 21 días para dar su respuesta a la oferta presentada por la corporación pública y amenazaran nuevamente con un paro general.
La propuesta a la UGT contaba con la recomendación y aval de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB).
“A solicitud nuestra, ayer volvimos a la mesa de negociación en el Departamento del Trabajo (DT). La UGT presentó una propuesta alterna que no contó con nuestra aprobación ni con la de la Junta. En nuestro esfuerzo por disipar la huelga, presentamos una nueva oferta que mejora la inicial y que cuenta con el aval de la Junta. Ahora la bola está en su cancha”, señaló Matta González, al asegurar que esta es la primera administración en 12 años que le ha otorgado aumentos significativos a sus empleados.
Según el funcionario, la nueva propuesta viene a atender la crisis de fuga, escasez y problemas de reclutamiento para los 774 empleados de cuidado directo al paciente que incluye enfermeros generalistas y especializados, farmacéuticos, auxiliares de farmacia, técnicos quirúrgicos, anestesistas, tecnólogos médicos, técnicos de radiografías, entre otros.
“Por primera vez en la historia, con el apoyo de la Junta, los empleados de cuidado directo al paciente de ASEM estarán 10% por encima del mercado laboral en Puerto Rico, siendo los mejores pagados. Eso responde a que ASEM es el principal hospital supraterciario de Puerto Rico y único Hospital de Trauma del Caribe. El tranque con la UGT estaba principalmente en los 168 empleados que son catalogados como empleados que no ofrecen servicio directo al paciente, ya que el 25% de ellos tienen salarios muy por encima del promedio para sus posiciones al compararlos con el mercado laboral de Puerto Rico”, detalló.
Añadió que ASEM, en su compromiso por mejorar los salarios de todos los empleados públicos del principal centro hospitalario de la Isla y reconociendo que éstos no habían recibido ningún aumento desde la administración del gobernador Luis G. Fortuño, 12 años atrás, así como la inflación y los ajustes del costo de vida en Puerto Rico, ofreció un aumento de 9% a los referidos empleados que no ofrecen servicio directo al paciente, dividido en aumentos de 3% para cada año del Convenio, que cubre desde enero el 2024 a diciembre de 2026.
“Es una oferta, que el patrono proactivamente ofreció, se convierte en una para un convenio histórico porque, por primera vez, vamos a poder ser atractivos para atraer a la ASEM al mejor talento de Puerto Rico, robustecer los servicios esenciales supraterciarios y atender el agotamiento de nuestros héroes de la salud. En el Centro Médico salvamos vidas todos los días y se dan milagros de salud que solamente pueden realizarse a través de las manos de nuestros servidores públicos”, expresó.
El también director del Hospital Universitario de Adultos (UDH) agradeció al gobernador Pedro R. Pierluisi, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, al secretario de Salud, Carlos Mellado, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, al secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado, y a la Junta de Supervisión Fiscal por reconocer a través de la asignación de los fondos que el Centro Médico es pieza fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico. 
“La UGT tendrá la oportunidad de discutir los detalles con su matrícula. La nueva oferta proactiva de ASEM vence el lunes 18 de marzo a las 11:59 p.m., plazo que tiene la UGT para reaccionar a la misma. Esperamos esta próxima semana, luego de los correspondientes procesos de aprobaciones y ratificaciones darle las buenas noticias que tanto Puerto Rico merece”, recalcó Matta González.

(San Juan, 12:00 p.m.) El renombrado músico Rafael Ithier Natal obtuvo este viernes  el grado Doctor Honoris Causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en una ceremonia en el emblemático Teatro del Campus de Río Piedras.

En el evento académico también se confirió el grado Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales, a la educadora y química Nadia Cordero Antuñano, y fueron distinguidos los académicos  Josefina Arce Quiñones y Osvaldo Rosario López como Profesores Eméritos de la mencionada facultad.

“Esta ceremonia exalta la luminosa trayectoria de cuatro personalidades del quehacer artístico y académico en Puerto Rico, precisamente en el marco de 

la celebración del aniversario 121 de la fundación de nuestra universidad y de nuestro recinto”, expresó la rectora Angélica Varela Llavona.

Asimismo destacó que “con huellas indelebles y la determinación para seguir contribuyendo a la construcción del país que todos anhelamos, estas destacadas personalidades comparten un compromiso entrañable con sus respectivas vocaciones y con la sociedad a la que pertenecen. Las improntas perdurables de Rafael Ithier Natal y de los doctores Nadia Cordero Antuñano, Osvaldo Rosario López y Josefina Arce Quiñones respaldan plenamente la trascendencia de sus quehaceres, haciéndolos merecedores de las distinciones que nuestra universidad y recinto les otorgan hoy, en reconocimiento a sus valiosas contribuciones a Puerto Rico”.

Por su parte, el presidente de la UPR, Luis A Ferrao Delgado, destacó que “estos distinguidos profesionales dejan una huella incalculable para nuestra academia y para Puerto Rico. A partir de hoy, sus nombres permanecerán grabados de forma indeleble en las páginas del libro de la historia de la Universidad de Puerto Rico, institución que celebra sus 121 años de historia, y que se honra de poder reconocerles con esta merecida distinción”.

Mirerza González, Carlos Sánchez, Angélica Varela, rectora; Rafael Ithier Natal y Luis Ferrao, presidente de la UPR. Inter News Service

Durante su mensaje de aceptación de la distinción, Ithier Natal -fundador de la reconocida agrupación puertorriqueña de salsa El Gran Combo- indicó que recibe el reconocimiento “con gran humildad y respeto porque procede de la institución académica que más prestigio y honor le ha dado a este país, la Universidad de Puerto Rico”.

“Yo he vivido 97 largos años de los cuales el recuerdo más vivo que tengo es haber entregado y dedicado mi vida a la música y al arte. Nada ha sido más importante y de mayor satisfacción para mí”, agregó.

“Me siento muy feliz; me siento como que estoy llegando a la luna. Estamos en la Universidad de Puerto Rico. Óigame, para mí esto es lo más grande que me ha pasado. Así es que me puedo morir mañana -aunque no me quiero morir-, pero definitivamente para mí es una maravilla”, añadió.

Según establece el Reglamento de la UPR, la distinción de Doctor Honoris Causa constituye un “grado académico excepcional que se otorga a claustrales o ciudadanos particulares por sus contribuciones al desarrollo de las ciencias o de las artes o de cualquier otra manifestación del saber humano, ya sea en su campo o profesional, mediante actuaciones que promuevan el desarrollo de los valores más preciados de la humanidad”.

Mientras, la distinción de Profesor Emeritus se concede a aquellos que, por medio de sus investigaciones y trayectoria académica han producido una destacada contribución al desarrollo en su campo profesional, entre otros.


(San Juan, 11:00 a.m.) El exalcalde Félix Delgado Montalvo, quien estuvo al frente de Cataño hasta el 30 de noviembre de 2021, fue sentenciado hoy a un año en prisión por el juez federal Raúl Arias Marxuach.

“El Cano” Delgado, un miembro refulgente del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), cumplirá además tres años en libertad supervisada, pagará una multa de 20 mil dólares y realizará 150 horas de labor comunitaria como parte de la condena emitida en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan.

Sumido en un esquema de corrupción al que aparentemente arrastró a su esposa Roxanna Sifre, al vestir ropas de lujo y lucir costosas prendas, decidió acercarse al Buró Federal de Investigaciones (FBI) cuando comenzaron rumores de que las autoridades estadounidenses en Puerto Rico le tenían echado el ojo.

Su colaboración permitió por primera vez que empresarios como Oscar Santamaría Torres, de Waste Collection; Mario Villegas y Raymond Rodríguez, de JR Asphalt, y José Bou Santiago, de Bou Maintenance Service Corp, se declararan culpables de sobornos para obtener jugosos contratos de los ayuntamientos puertorriqueños.

Esto rompió el viejo esquema de que a los empresarios y comerciantes que sobornaban nunca les pasaba nada.

Por esto, a favor de Delgado Montalvo abogó este miércoles, previo a su sentencia, nada menos que el jefe de la fiscalía federal en San Juan, Stephen Muldrow, quien destacó al juez Arias Marxuach la importancia del “testigo cooperador”.

Explicó que la cooperación del alcalde tuvo “resultados sustanciales” y deben ser tomados en cuenta, pues “la ley no puede existir sin la cooperación de aquellos que están involucrados”.

“Vamos a hacer todo en nuestro alcance para lograr que las personas cooperen”, agregó el jefe de la fiscalía federal, al establecer que tal colaboración ayuda a enjuiciar a muchas otras personas que cometen delito.

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