Los ministros de relaciones exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reunidos en Nueva York en el marco del 77° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresaron profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de inseguridad pública y humanitaria en Haití.
Declararon de gran importancia para la paz y la seguridad de la hermandad latinoamericana y caribeña la situación de ese pueblo para reafirmar los postulados de valores promovidos por la Celac.
Abogaron por la búsqueda de consensos regionales para enfrentar los retos que afectan a los Estados del Caribe y en especial a la nación que comparte la isla Hispaniola con República Dominicana.
Pidieron, además, prestar atención a la grave situación humanitaria en Haití por sus implicaciones para la paz y seguridad de la región.
Esa posición se dio a conocer el 19 de septiembre a través de un comunicado que se publica en la página web del local Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se plantean temas coyunturales como democracia, el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
A continuación, el documento íntegro de los ministros:
“Refirmando los valores y principios comunes de Celac relativos a la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, sostenible, la cooperación, la complementariedad y la solidaridad
“Subrayando nuestro compromiso por la consolidación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, proclamada formalmente en la II Cumbre de la Celac, celebrada en La Habana, en enero de 2014 y como un referente para las relaciones interestatales, y que contribuye al clima de respeto mutuo y fomento de la confianza entre los Estados miembros de la Celac.
“Ratificando las Declaraciones Especiales de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, de las Cumbres de la Celac de 2013, 2014, 2015 y 2016; y las Declaraciones Especiales sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas, ligeras en todos sus aspectos en América Latina y el Caribe, de las Cumbres de 2014 y 2015, para prevenir, combatir y erradicar las armas pequeñas y ligeras.
“Expresando profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria en la República de Haití.
“Encomiando a la Comunidad del Caribe (Caricom) por sus valiosos aportes y buenos oficios en la búsqueda de consensos regionales para enfrentar los retos que afectan a los Estados del Caribe y en especial a Haití.
“Reconociendo la necesidad de alcanzar consensos regionales y extra regionales que, con la anuencia y participación de Haití, permitan brindarle apoyo para enfrentar la proliferación del crimen organizado combatir el tráfico ilícito de armas y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
“Destacando los esfuerzos internacionales de acompañamiento al proceso de diálogo entre el gobierno y los distintos partidos políticos e instituciones de la sociedad haitiana con el objetivo de trazar una hoja de ruta que les permita salir de la compleja crisis que les aqueja.
“En virtud de lo anterior, convenimos:
“Declarar de gran importancia para la paz y la seguridad de la hermandad latinoamericana y caribeña la situación de la República de Haití. En ese sentido, la Celac mantendrá en agenda, como tema prioritario, el seguimiento a la situación del hermano país.
“Prestar atención a la grave situación humanitaria en Haití por sus implicaciones para la paz y seguridad de la región. Esta Comunidad mantendrá en agenda el seguimiento a la situación del hermano país.
“Reconocer que todos los esfuerzos multilaterales que puedan realizarse en apoyo al pueblo haitiano solo podrán tener resultados sostenibles y perdurables en el tiempo durables si se parte de la voluntad de todos los actores sociales de ese país esa sociedad.
“Apoyar los esfuerzos del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para elevar a conocimiento del Consejo de Seguridad y las diversas agencias y programas especializados de la organización, la obligación de prestar la mayor atención a la compleja situación que enfrenta la sociedad haitiana.
“Exhortar a los estados miembros de conformidad con la resolución 2645 (2022) del Consejo de Seguridad de la ONU, a que detengan y prohíban la transferencia y comercio de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a todos los agentes que participen de actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos en Haití y al mismo tiempo proporcionen ayuda para combatir el tráfico de personas, en particular, el tráfico de niños
“Conminar a que se fortalezcan las operaciones de control de la actividad ilícita del narcotráfico y la lucha contra las organizaciones de crimen organizado que desestabilizan la seguridad y socavan la gobernanza en la isla”.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron la madrugada de este viernes una sentencia de 20 años de prisión contra el autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras, hecho cometido en octubre del año 2017.

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La conmemoración de la firma de los Tratados Torrijos-Carter ha sido utilizada por los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para exaltar la figura de su fundador, Omar Torrijos, y resaltar el supuesto “error” de los que, por razones patrióticas o antiimperialistas, no apoyamos en ese momento el acuerdo. El momento obliga a la evaluación objetiva de los hechos, donde la verdad histórica suele estar equidistante de cualquier unilateralismo. 

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El Informe “preliminar” de la Comisión de la Verdad, a cargo de Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, el pasado 18 de agosto, y la inmediata aprehensión de Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR (Procuraduría Generalde la República) durante el gobierno de Peña Nieto y principal     responsable de la supuesta “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 son hechos importantes tanto para el balance de la tenaz lucha por los 43, como por las intenciones, limitaciones y contradicciones del gobierno de López Obrador. 

Sólo la lucha paga: el ejemplo de Ayotzinapa

Con todo y las limitaciones y contradicciones de la respuesta del gobierno, incluso en la aprehensión de  Murillo Karam y el acceso a los archivosmilitares, debe reconocerse que nada de esto  hubiera sido posible sin la persistencia y convicción en la lucha por los 43 de parte de los familiares, padres y madres de los estudiantes desparecidos, en primer lugar y respaldados por los propios estudiantes de la Normalde Ayotzinapa, así como el amplísimo movimiento que detonaron, a nivel nacional e internacional. De las múltiples protestas y luchas ocurridas durante el sexenio de Peña Nieto y sus reformas neoliberales, indudablemente las        movilizaciones más grandes y simultáneas en muchas ciudades del país, lo constituyeron las que reclamando a los 43 desparecidos cimbraronal país, gritando“Vivos los llevaron,vivos los queremos”, pero también “Fue el Estado” y “Fuera Peña”. 
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El Poder Ejecutivo declaró mediante el decreto 537-22 una emergencia de las compras y contrataciones de bienes y servicios en ocho provincias del país, tras los daños ocasionados por los aguaceros provocados por el huracán Fiona en su trayectoria sobre República Dominicana.
La iniciativa del presidente Luis Abinader tiene como propósito utilizar esos procesos en labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de las obras afectadas por el fenómeno atmosférico.
Las provincias que serían atendidas con esa disposición son La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata, ubicadas en la región Nordeste, según un comunicado oficial.
El párrafo del artículo 1 del citado decreto señala que el Poder Ejecutivo podrá incluir otras provincias dentro de la declaratoria de emergencia establecidas, después de concluido el paso del fenómeno natural por el territorio nacional previa disposición de una evaluación de los daños ocasionados.
El mandatario autorizó a 21 instituciones estatales a realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia nacional.
La lista de las entidades está integrada por los ministerios de Salud Pública, de Educación, Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones, de la Vivienda, Administrativo de la Presidencia y de Turismo.
Además, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Servicio Nacional de Salud, Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-Cal), Plan de Asistencia Social de la Presidencia y Comedores Económicos del Estado Dominicano.
Asimismo, las comisiones presidenciales de apoyo al desarrollo Provincial y Barrial, los institutos nacionales de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
Completan la lista las empresas de Transmisión Eléctrica (ETED), las distribuidoras de Electricidad del Este (EdeEste) y del Norte (EdeNorte) y la Defensa Civil.
El artículo 2 de la ordenanza ejecutiva señala que “los procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas”.
El decreto dispone, en el artículo 3, que las instituciones incluidas en el dictamen deben gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
También, las 21 dependencias autorizadas deberán rendir un informe detallado de esa gestión a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas y deberán difundir esos reportes a través de sus portales transaccionales institucionales en un plazo de 15 días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia.
El Poder Ejecutivo declara, además, que esa contratación de emergencia nacional tendrá una duración de 30 días a partir de la emisión del decreto.
Daños del ciclón
Una persona fallecida, la salida de operaciones de cuatro aeropuertos, varias autopistas inundadas, un muelle turístico colapsado, una carretera bloqueada y numerosos árboles caídos han sido, hasta el momento, los efectos devastadores del huracán Fiona.
El ciclón arremetió con fuerzas en la región Este del país, tras su paso por las comunidades de Higüey, Punta Cana, Miches, El Seibo y Hato Mayor, Sabana de la Mar, donde ha dejado una situación que las autoridades del sector eléctrico nacional definen como “calamitosa”.
Una gran cantidad de circuitos eléctricos, la mayoría de ellos por avería, fueron sacados de servicio por la caída de alambres y así evitar pérdidas humanas.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reportó el lunes que 798 personas que residen en zonas de altos riesgos fueron trasladadas a lugares seguros.
Al menos 52 familias fueron evacuadas y desplazadas a los albergues en la provincia de El Seibo (comunidad del Este), informó Carlos de la Rosa, encargado de operaciones de la Defensa Civil en la ciudad.

La mayoría del país (62%) decidió rechazar la nueva propuesta constitucional, contra sólo un 37% que votó aprobar. Un resultado que golpeó a un amplio sector de compañeres, compañeras y compañeros que han sido lo mejor de la lucha de la rebelión popular de 2019 hasta hoy. La confusión impera, porque no cabe ninguna duda de que ayer ganaron los grandes empresarios, la derecha y el pinochetismo más recalcitrante. Entendemos y compartimos la decepción de cientos de miles.

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Gobierno dominicano investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por sobornos y lavado de dinero. Sacó sobre $356.2 millones al exterior, se presume a Puerto Rico. Aquí tiene a Autogermana, y Autocentro Toyota, Nissan y Chrysler

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San Juan, PR, 24 de agosto de 2022 - El Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico denunció hoy la intervención de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en  las residencias de integrantes del Comité de Solidaridad con Cuba, que organiza, desde hace años, las Brigadas Juan Rius Rivera.

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