Desde que el Gobierno Antiguo originario indígena, que funcionó durante siglos en nuestra tierra antes de la ilegal invasión española, fue restaurado en el 2012 por un grupo amplio de ciudadanos boricuas, se comenzaron a crear las bases jurídicas y políticas del Estado Nacional Soberano de Borinken. Nadie en su sano juicio y que haya estudiado un poco de nuestra historia sería capaz de negar que aquí hubo un gobierno autóctono que estuvo vigente durante siglos. Para la época de la usurpación de nuestra tierra por parte de la Monarquía de España (1493), ese gobierno estaba dirigido por Agüeybaná I o el Viejo. Luego de la muerte de éste le sucedió Agüeybaná II, también conocido como el Joven. Tampoco debe caber ninguna duda que ambos fueron fieles defensores de su pueblo y que trataron por todos los medios de evitar la pérdida de su territorio a manos de los castellanos. Los dominios administrativos del gobierno indígena de Borikén llegaban desde la isla de la Martinica hasta el sector del Higüey en Quisqueya, constituyendo una gran federación antillana. Hoy día, nosotros somos los herederos directos de nuestros antepasados indígenas y, por lo tanto, dueños legítimos de nuestra tierra; el archipiélago borinqueño.
Si partimos del derecho internacional vigente en la época de la colonización española, todo lo que éstos hicieron en nuestra patria fue ilegal, porque en esa época existía lo que se conoce como el “Principio de la Guerra Justa”. Esta doctrina establecía que ningún país podía invadir a otro excepto por causas justas y éstas se circunscribían básicamente a dos cosas: 1. Que un país sufriera una invasión extranjera injustificada y 2. Que ocurrieran hechos que pusieran en riesgo la soberanía de cualquier país. Este principio todavía está vigente y es por eso que cuando surgen conflictos entre dos o más naciones, se presentan resoluciones en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que ese cuerpo evalúe la situación pertinente y autorice o no una intervención militar en cualquier lugar.
En el caso nuestro, los españoles violaron ese principio, que fue establecido por El Vaticano, con el fin de evitar las guerras entre los reinos cristianos y de protegerse contra invasiones extranjeras. Fue un concepto inicialmente creado por teólogos y juristas con el fin de aplicarlo a las diversas situaciones políticas que se generaban en Europa. Es por esto que antes de consumada una guerra hay que definir lo que se conoce como Ius ad bellum, es decir la guerra justa. De no existir una causa justa para iniciar una guerra (Casus belli), la misma es ilegal y, por lo tanto, no procede ningún reconocimiento internacional de la misma. Éste fue el caso de la segunda guerra de los aliados de la OTAN, dirigidos por los Estados Unidos, contra Irak e igualmente contra Libia y Siria. Todas estas invasiones y ataques han sido ilegales, por lo que no cuentan con el aval de la ONU.