En Páramos del amor: escrituras del VIH y sida en la poesía puertorriqueña (2023), Daniel Torres Rodríguez combina ensayos, entrevistas y poemas de escritores gais que han convertido el sida en estética literaria. Desde esta combinación de géneros publicado por la Editora Educación Emergente, se traza una cronología de la enfermedad en las letras puertorriqueñas desde la década de los setenta hasta el presente. A través de esta cronología, se ofrece un análisis de las obras de Víctor Fragoso, Manuel Ramos Otero, Alfredo Villanueva Collado, Joey Pons, Moisés Agosto-Rosario, Ángel Lozada y Eïrïc R. Durändal Stormcrow. Para acercarse a estos autores, se toma en cuenta la importancia del sexilio. Los autores examinados emigraron a los Estados Unidos influenciados por la represión sexual en Puerto Rico. En los Estados Unidos, encontraron un anonimato y una apertura que no tenían en la isla ante el privilegio de unas expectativas impuestas por el patriarcado y que discrimina preferencias sexuales que no estén fundadas con el fin de procrear.

Desde el título del libro, se examina las escrituras sobre el VIH y sida como terreno por explorar. Por lo tanto, además de cronología, Páramos del amor… podría leerse como un intento de cartografía. Sin duda, se dibujan mapas literarios para guiar al lector. Al principio, el crítico nos remite a un lugar frío y desamparado. Un páramo cuenta con una superficie llana, poco fértil y desértica. Esta imagen se conecta con la reproducción sexual del sexo gay que no permite la progenie o con el sentimiento de desolación que muchos gais infectados con sida experimentan ante la inminencia de su muerte. Sin embargo, se aborda esta literatura con un oxímoron: los páramos están llenos de amor. Dentro de la aflicción, se abre un espacio para crear una estética que celebra el deseo por el cuerpo masculino y que se enfrenta a la enfermedad desde la escritura. Tanto los poetas como el crítico reconocen que la experiencia dolorosa del VIH y sida puede convertirse en fuente de inspiración. Las palabras no pueden sanar el cuerpo enfermo, pero mantienen vivo el acto creativo.

Al trazar una cronología de la enfermedad en estos poetas, se delinea a su vez el desarrollo de la literatura gay en Puerto Rico. Desde estas dos coordenadas, el crítico hace una doble contribución con Páramos del amor… a las letras puertorriqueñas. Por un lado, el uso de la metáfora de una enfermedad evoca a los autores del siglo XIX que intentan diagnosticar al país. Si bien podríamos tomar como referencia las “Crónicas de un mundo enfermo” de Manuel Zeno Gandía, muchos escritores no olvidan que la enfermedad y sus metáforas forman parte de la literatura anterior a Susan Sontag y su clásico estudio AIDS and Its Metaphors (1989). Por otro lado, el análisis de Torres Rodríguez muestra cómo escribir sobre lo gay se hace con más comodidad y aceptación que en el pasado. Ya no estamos frente a escritores que deben hacerse paso para desarrollar un tema, sino que nos encontramos con escritores que han recorrido un camino y que, ahora, pueden criticar los aciertos y desaciertos de las generaciones anteriores.  

Páramos del amor: escrituras del VIH y sida en la poesía puertorriqueña es un texto que celebra la diversidad. Al reunir ensayos, entrevistas y poemas de escritores gais que se enfrentan al virus, el libro llega a nosotros como collage para recordarnos que, a pesar de compartir una experiencia única, cada uno de estos escritores se acerca a la enfermedad y a su preferencia sexual desde un punto de vista particular. Hay visiones, voces, y reacciones distintas. Además, al trazar una cronología de la enfermedad, el estudioso está consciente de que esta cronología no es lineal. Por ejemplo, al estudiar la escritura de Manuel Ramos Otero, Torres Rodríguez se desplaza al pasado para explorar la obra de Víctor Fragoso y al futuro para analizar los textos de Alfredo Villanueva Collado. Se dibuja un mapa que se mueve en el espacio y en el tiempo. Por tanto, lo que une a este libro y a los autores examinados son los puntos de encuentro, las conexiones y convergencias que se pueden trazar entre homosexualidad, sexilio y enfermedad.

La diversidad está presente en la estructura misma del libro. El texto se divide en tres partes que aglutinan un género distinto. En la primera parte, “El síndrome bajo análisis”, se incluye un prólogo, cuatro ensayos de crítica literaria y un ensayo sobre representaciones artísticas de Néstor Millán. Con el prólogo, se presenta el tema además de ofrecer un contexto del origen del libro. Desde la primera oración, el lector sabe que tiene en sus manos un estudio crítico que resalta la experiencia personal. El primer ensayo, “La inmunidad en la lógica de la poesía del síndrome: Poemas de la lógica inmune de Joey Pons y Moisés Agosto-Rosario”, es la ampliación del prólogo al libro que se menciona en el título. Se examina esta poesía y se conecta con la décima puertorriqueña. En el ensayo “Imágenes retrovirales en la lírica boricua del VIH y sida”, se explora cómo aparece la enfermedad en una serie de poemas. Escribir sobre el sida no es un acto aislado, sino una red que une a escritores gais. En el siguiente ensayo, “De la metáfora silenciosa de Víctor Fragoso a la metáfora contagiosa de Manuel Ramos Otero y a la poética de la ira de Alfredo Villanueva Collado”, se identifica una posible lectura del virus en la escritura de Víctor Fragoso además de identificar coincidencias entre su escritura, la de Manuel Ramos Otero y Alfredo Villanueva Collado. El ensayo “El síndrome de Lázaro: Moisés Agosto-Rosario, Ángel Lozada y Eïrïc R. Durändal Stormcrow”, continúa rastreando la representación literaria del VIH y sida en generaciones más jóvenes. Para concluir, la sección se cierra con un ensayo sobre el arte de Néstor Millán.

En la segunda parte, “Ellos tienen la palabra: Entrevistas a los poetas”, se incluye una variedad de textos. Además de las entrevistas a Alfredo Villanueva Collado, Joey Pons, Moisés Agosto-Rosario y Eïrïc R. Durändal Stormcrow, se añade un comentario a una carta inédita de Manuel Ramos Otero y  una “Oda al SIDA” de Ángel Lozada. Todas las entrevistas se presentan con una breve introducción que selecciona las ideas principales de los escritores. Aunque cada autor fue entrevistado individualmente, el lector tiene la sensación de presenciar un debate. Alfredo Villanueva Collado hace énfasis en el aspecto político de la literatura gay y pone en contexto su desarrollo en la década de los setenta. Para este autor, la insistencia en el tema de la nacionalidad hizo que no se les diera más atención a voces interesadas en escribir sobre lo sexual. Perteneciente a una generación más joven, Joey Pons se centra en las nuevas tendencias y el desplazamiento de la literatura gay por el interés en la literatura queer. Miembro de la misma generación, Moisés Agosto-Rosario celebra la existencia de un espacio visible para la literatura gay. Por su parte, Ángel Lozada utiliza la escritura misma para reflexionar la conexión entre lo gay y el VIH. Finalmente, Eïrïc R. Durändal Stormcrow resalta la familiaridad con que ahora nos acercamos a esta literatura y hace un llamado a apoyar nuevas voces. Tal como hace Torres Rodríguez, estas entrevistas funden crítica literaria y experiencia personal.

Finalmente, en la tercera parte, “Poesía del síndrome”, se ofrece una selección de poemas de Víctor Fragoso, Moisés Agosto-Rosario, Joey Pons, Ángel Lozada y Eïrïc R. Durändal Stormcrow. Lamentablemente ni los herederos de Manuel Ramos Otero ni los de Alfredo Villanueva Collado respondieron al pedido del crítico para publicar tres poemas de cada poeta en esta parte. La inclusión de los poemas analizados en el libro facilita el acceso a los textos. Muchos de estos poemarios no se encuentran en librerías o solo son accesibles a través de bibliotecas. Consciente de los lectores, Torres Rodríguez comparte los versos en su totalidad para que podamos leerlos sin su interpretación y, a la misma vez, para incluir el objeto de estudio que apoya su análisis. De este modo, la estructura tripartita del libro empieza desde la mirada del crítico, pasa a través de las voces de los autores y culmina con la palabra misma. Dicho de otro modo, crítica, opinión y texto nos permiten auscultar cómo la literatura gay ha logrado crear una estética de la enfermedad a través de la poesía.

Páramos del amor: escrituras del VIH y sida en la poesía puertorriqueña es un conjunto de voces. A través de las letras, podemos oír a los escritores con sus opiniones, pero también a los enfermos que se refugian en sus versos. Sin embargo, hay una voz indirecta que aparece a lo largo del texto: la voz del autor del libro. Además de darle unidad al volumen, esta voz de Torres Rodríguez aparece para dar testimonio de la relación que ha tenido con estos autores. Igualmente, selecciona epígrafes al principio de cada ensayo tanto para atraer como para guiar el acto de lectura. Aunque los autores son los que escriben, Torres Rodríguez se convierte en orfebre de la palabra. Sabe usar los materiales a su disposición y, por tanto, también podemos ver el goce por las letras desde su posición de lector.

Con armonía, Torres Rodríguez se luce como crítico y escritor. Durante 40 años, se ha dedicado al estudio de la poesía virreinal y contemporánea publicando libros y ensayos académicos. Ha estudiado la anti-poesía conversacional hispanoamericana, con especial interés en la escritura del poeta mexicano José Emilio Pacheco, y la poesía gay en Puerto Rico. Además, ha publicado novela, ensayo, cuento y poesía. Amén de una sólida carrera literaria, Daniel Torres Rodríguez se acerca a esta poesía desde la hermandad que lo une con aquellos que se dedican a la palabra. El crítico no esconde su excelente calidad humana y su capacidad para ser solidario con el otro. En su análisis del VIH y sida, no hay discrimen, juicio o culpa, sino camaradería con estos autores y un reconocimiento a su escritura sin alejarse de su compromiso intelectual. Los lectores futuros podrán juzgar la calidad de sus textos, la rigurosidad de su trabajo y la contribución a la disciplina.

Finalmente, Páramos del amor: escrituras del VIH y sida en la poesía puertorriqueña es un texto que se convertirá en punto de referencia para los interesados en el tema de la escritura del VIH y sida en las letras puertorriqueñas. Tal como hace Torres Rodríguez en los ensayos y los autores en las entrevistas, la presencia de la enfermedad en la literatura gay puertorriqueña debe examinarse cada década para entender cómo las actitudes han cambiado. Sin duda, este trabajo cuidadoso dará paso a seguir identificando textos que elaboran una estética del virus y a motivar a otros escritores a que escriban sobre sus experiencias. Del mismo modo, apuesto a que este libro se convertirá en fuente de inspiración para que más voces femeninas se atrevan a desarrollar el tema o a que estudiosos se animen a rastrear las imágenes retrovirales en nuestras escritoras puertorriqueñas.

La poética del VIH y el sida en la literatura puertorriqueña que se nos presenta es una invitación a leer al otro infectado, marginado y exiliado. A través de versos, estos autores gais se han acercado a la enfermedad desde el acto de creación. Sin duda, ellos han recorrido un camino duro semejante a los páramos o desiertos secos y desamparados. Daniel Torres Rodríguez ha trazado un mapa en el tiempo para acercarnos a ellos y recordarnos que no hay nada más poderoso que el amor.

A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, diversas medidas de naturaleza económica y política adoptadas por el nuevo Gobierno Revolucionario sostenidas en el ejercicio de la soberanía del pueblo, llevaron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos de América y la República de Cuba. A partir de enero de 1961 se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. A este evento le siguieron otras medidas de igual naturaleza con las cuales Estados Unidos pretendía someter la voluntad de lucha del pueblo cubano y revertir el proceso revolucionario iniciado.

Entre las medidas económicas adoptadas, efectivo a las 12:01 de la mañana del día 7 de febrero de 1962, el gobierno de los Estados Unidos de América tomó la decisión de imponer sobre la República de Cuba un embargo de sus bienes financieros dentro del territorio estadounidense y de bloqueo económico contra el país. Sesenta y un años han transcurrido desde entonces.

Resulta del todo contradictorio que estados políticos con sistemas económicos diferentes al de los Estados Unidos con los cuales dicho país sostuvo profundas discrepancias como son los casos de la República Popular China y la República Socialista de Vietnam, hoy sostenga relaciones políticas, comerciales y diplomáticas plenas, con beneficios comunes con cada uno de dichos Estados. Con Cuba, sin embargo, los Estados Unidos sostienen una política de constante presión tal como fue durante los años de la llamada Guerra Fría.

La normalización de las relaciones políticas, económicas, diplomáticas y comerciales anunciado en el año 2014 por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama fue un paso positivo en el acercamiento entre ambos Estados y ciertamente de beneficio recíproco para ambos pueblos. Fue, además, un paso importante en la distensión de los conflictos y en las aspiraciones de paz para la región del Caribe y América Latina. Se trató de un cambio cualitativo en la historia, constituyendo posiblemente el evento de mayor significado en las relaciones entre ambos pueblos en más de medio siglo. Sin embargo como proceso histórico, el restablecimiento de relaciones no allanó el camino para el cese del bloqueo impuesto durante la década de 1960.

Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca se inició un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración Obama. Durante los cuatro años de su mandato se adoptaron 243 medidas adicionales contra Cuba, 55 de ellas en el año 2020.  Entre otras medidas, Trump intervino: (a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba; (b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union; (c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios; (d) estableciendo una  prohibición a los ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado; (e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado, (f) incluyendo a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.”

Estas medidas, dirigidas a incrementar e interponer obstáculos a las posibilidades de que Cuba pueda llegar a acuerdos internacionales con actuales y potenciales socios en materia financiera que le permita, además, adquirir determinados productos en el exterior, se extiende también a la aplicación adicional de las sanciones económicas y políticas contra Cuba tomadas desde febrero de 1962.

            Con la llegada de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se pensó por un momento que tal cambio iniciaría un nuevo giro de timón por parte de la nueva administración en torno al tema cubano. Los medios de comunicación recogieron con alguna incertidumbre declaraciones escuetas y sin mayores detalles de parte de su Secretaria de Prensa, Jen Psaki, a los efectos de que la administración entrante formularía la necesidad de “una nueva política hacia Cuba.” Tal política estaría orientada por dos principios: primero, “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, que ha sido el discurso oficial de los Estados Unidos a partir de la Administración de Jimmy Carter; y segundo, el argumento de que los cubanos residentes en los Estados Unidos, “son los mejores embajadores de la libertad en Cuba.”  Sobre el particular, Jen Psaki señaló lo siguiente:

“Estamos revisando las políticas de Trump en varios temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajusta a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino.” (Énfasis suplido)

         Dentro de dicho contexto, algunos medios noticiosos se aventuraron a señalar los posibles cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, entre ellos: (a) permitir el envío de remesas; (b) eliminar la prohibición de vuelos directos y la llegada de cruceros hacia Cuba; (c) la reapertura de consulados; (d) reestablecer la política de intercambio “people to people”; y  (e) restablecer los llamados “Viajes de enriquecimiento cultural”, que facilitaban los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

         La realidad, sin embargo, fue otra. En esencia, al presente, prevalece la misma política de bloqueo y aislamiento por parte de los Estados Unidos hacia Cuba y no se avizora en el horizonte un “nuevo camino”.

         El pasado 2 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, una vez más de manera abrumadora la trigésima resolución desde 1992 repudiando el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba desde 1962. En esta ocasión, 187 países se pronunciaron en contra del Bloqueo; dos países votaron en contra de la Resolución (Estados Unidos y su aliado Israel), con las vergonzosa abstención de Ucrania.

La Resolución A/78/L. insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas  de este tipo a que, “en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto.” La resolución pide del Secretario General de la ONU la preparación de un informe sobre los efectos del bloqueo. En su comparecencia presencial en la sala donde se adoptó la Resolución, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, hizo un recuento de cómo el bloqueo afecta la alimentación, el acceso a medicamentos y la manera en que a través del bloqueo se perjudica diariamente a la familia cubana. Puntualizó que el bloqueo contra su país “es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigido a anular la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional.”

Reconociendo que el bloqueo no es responsable por todos los problemas de Cuba, indicó que sí es la causa principal del sufrimiento por el que atraviesa la población. Destacó el carácter genocida del bloqueo contra su país.

         Existe una relación muy estrecha entre las prohibiciones que establece el Derecho Internacional Humanitario y otras convenciones internacionales, como es el caso de la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. Esta fue aprobada mediante la Resolución 260 (III) de la Asamblea General de la ONU de 9 de diciembre de 1948, entrando en vigor el 12 de enero de 1951. La Resolución 260(III), sostenida como antecedente en la Resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, declara el genocidio como delito del derecho internacional contrario al espíritu y los fines de la Carta de las Naciones Unidas. Al definir “genocidio”  señala que cubre aquellos actos en virtud de los cuales, con la intención de “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, se provocan matanzas de miembros del grupo; se provocan lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; se provoca el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción física, total o permanentemente; se provocan medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y finalmente, se provoca el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

         En una alocución anterior en 2020 en el proceso de aprobación de la resolución correspondiente a ese año, en referencia además al “Informe sobre las afectaciones del Bloqueo a Cuba en el año 2020”, Rodríguez Parrilla estimaba los daños causados a su país entre abril de 2019 a diciembre de 2020 en $9,157 millones a precio corriente y en $17,000 millones en el pasado lustro. Sumando el costo para Cuba como resultado del Bloqueo impuesto, desde su origen temprano en la década de 1960 al presente, el costo estimado asciende a $147,853 millones. Indicó el Canciller cubano que se trataba de “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país ya afectado en el período reciente por la recesión y la crisis económicas global provocada por la pandemia”, que había privado a Cuba de “ingresos indispensables como los derivados del turismo.”

         El antes mencionado Informe incluía datos acerca de la vigencia de las leyes norteamericanas en las cuales se sostiene el bloqueo; las principales acciones del bloqueo por parte de Estados Unidos adoptadas entre abril de 2019 y marzo de 2020; los efectos de la aplicación de la Ley Helms-Burton (“Ley para la Libertad y Solidaridad  Democrática Cubanas”) y las demandas presentadas por Estados Unidos al amparo de ésta en sus tribunales; la respuesta cubana a dicha ley mediante la aprobación de la Ley Núm. 80 “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas” de 1996; las afectaciones del bloqueo en los sectores de mayor impacto social (salud, alimentación, agricultura y deporte); afectaciones al desarrollo económico (producción y servicios, industria biofarmacéutica, turismo, comunicaciones e informática, construcción, transporte, energía y minas) y comercio exterior; las afectaciones  al sector bancario y financiero (negativa a prestar servicios bancarios, envío y recepción de documentos bancarios a través de agencias de mensajería y aplicación extraterritorial); afectaciones a entidades cubanas; afectaciones extraterritoriales; etc.

         A pesar de la política contra Cuba de parte del gobierno estadounidense, han sido múltiples las voces que desde el propio Estados Unidos, representando los sectores agrícolas, cultural, académico; del mundo de los negocios; personalidades, incluyendo sectores políticos; así como desde la solidaridad, han demandado el cese del bloqueo. En el plano internacional, también ha sido importante las expresiones de rechazo al bloqueo, tanto por gobiernos como a través de mecanismos multilaterales en materia de relaciones exteriores. Lo anterior demuestra inequívocamente que en esta lucha contra la agresión imperialista, Cuba no está sola. Entre los países que se expresaron en contra del bloqueo impuesto a Cuba se encuentran países con distintos tipos de gobierno y diferentes aproximaciones ideológicas en dichos partidos de gobierno, entre otros, a saber: Nicaragua, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, la Federación Rusa, Colombia, Argentina, la República Popular China, la República Bolivariana de Venezuela, México y El Salvador.

         Es evidente que a escala global, el consenso de la comunidad internacional es en favor del cese del bloqueo a Cuba. Sin embargo, también es un punto de partida en el análisis que el poder económico de los Estados Unidos a escala global continúa siendo un impedimento para el normal desarrollo de Cuba y su Revolución. De ahí la importancia de continuar denunciando la agresión que representa este bloqueo para el hermano pueblo cubano.

Nos viene a la memoria hoy, como antes, las expresiones del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, cuando clamó en el Siglo XIX: “Quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos.” ¡Viva la solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución!

El pasado 19 de marzo se cumplieron 20 años de la segunda invasión militar de los Estados Unidos a Iraq. La primera tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. En esta primera invasión, una coalición internacional formada por los Estados Unidos con la aprobación de las Naciones Unidas, llevó a cabo lo que se conoce como la “Guerra del Golfo”. El detonante de esta guerra fue la invasión por parte de Iraq, entonces gobernado por Saddam Hussein, a su vecino país Kuwait. Iraq consideraba Kuwait como una “provincia rebelde” dada la secesión de dicho país de Iraq, esto como resultado de la geopolítica imperialista por el control del petróleo y los accesos a las vías de navegación en la región del Medio Oriente. La invasión a Kuwait conllevó un amplio rechazo de la comunidad internacional.

Al momento de ser invadido Kuwait, éste era un Estado político reconocido por la comunidad internacional, por lo que dicho acto fue considerado como una violación de la soberanía de Kuwait y una violación a las leyes internacionales. Entonces, la ONU se expresó en varias resoluciones y emitió sanciones contra Iraq para forzar a dicho país a retirar sus tropas del territorio invadido y exigir la devolución de importantes recursos materiales sustraídos mediante el pillaje por parte de las tropas iraquíes. Las gestiones de la ONU resultaron infructuosas.

Estados Unidos, antiguo aliado de Iraq en su guerra contra la República Islámica de Irán en la década de 1980 y el país que le proveyó abundante ayuda militar y tecnologías, levantó en aquel momento una amplia campaña internacional alegando que Iraq estaba desarrollando armas de destrucción masiva como elemento desestabilizador de la región y exigió del gobierno de Saddam Hussein la inspección de sus instalaciones militares y científicas en búsqueda de centros de producción y almacenamiento de armamentos de destrucción masiva. La negativa del gobierno de Iraq a tales requerimientos, junto al repudio que ya existía contra la invasión a Kuwait, sirvió de justificación a los Estados Unidos para encabezar una operación militar contra el gobierno de Iraq en suelo kuwaití en enero de 1991.

La operación militar autorizada por la ONU bajo la dirección de los Estados Unidos, denominada en su etapa preparatoria como “Escudo del Desierto”, pasó más adelante, en su etapa operativa, a llamarse “Tormenta del Desierto”. La campaña tuvo como resultado la liberación de Kuwait, pasando dicho país a ser un fuerte aliado militar de los Estados Unidos en la región. La operación militar incluyó la demolición de gran parte de la infraestructura de Iraq por fuertes y demoledores ataques aéreos de saturación sobre sus principales ciudades e instalaciones militares. Concluidas las operaciones a un alto costo en vidas y materiales para Iraq, se estableció una Zona de Exclusión Aérea, significando una porción del territorio iraquí donde estaba vedado cualquier vuelo no autorizado por la Coalición Internacional so pena de ser derribado. Aquella guerra que George Bush padre llamón la “Madre de las Batallas”, fue la “Primera Guerra del Golfo.”

El día 12 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando a instancias de los Estados Unidos, cuando aún se desconocía la identidad de los responsables por dichos ataques, aprobó la Resolución 1368. En ella exhortaba a la comunidad internacional a colaborar con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de los atentados, subrayando además, que sus copartícipes y cómplices también rindieran cuentas por sus actos. En dicha Resolución, el Consejo de Seguridad hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, a la vez que consignó su disposición a tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir, en todas sus formas, tales actos de terrorismo.

El 21 de septiembre de 2001 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. Indicó que de acuerdo con cierta información proveniente de fuentes de inteligencia, la responsabilidad de una organización fundamentalista islámica de nombre Al Qaeda y su dirigente, Osama Bin Laden, eran responsables de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Junto a estos, identificó también a las organizaciones islámicas “Jihad Islámico de Egipto” y al “Movimiento Islámico de Uzbekistán”, como organizaciones vinculadas a redes terroristas esparcidas que el gobierno de Estados Unidos estimó entonces, se extendían por más de 60 países en el mundo. El movimiento islámico en el poder en Afganistán, conocido por Talibán,

fue identificado como responsable de proveerle albergue, apoyo y lugares de entrenamiento en su territorio a estas organizaciones definidas como terroristas.

En su discurso, Bush emitió un ultimátum al gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de todos los nacionales extranjeros encarcelados en Afganistán, incluyendo ciudadanos estadounidenses; exigió brindarle protección a periodistas, personal diplomático y trabajadores internacionales en dicho país; y requirió el cierre inmediato y permanente de los campos de entrenamiento en Afganistán utilizados por estas organizaciones. También exigió la entrega a las autoridades pertinentes de todos los llamados terroristas en este país y aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento, y reclamó de paso, el derecho absoluto de acceso de los Estados Unidos a los llamados campos de entrenamiento para así asegurar que Al Qaeda no volviera a operar en dicho territorio.

En su declaración, Bush hizo un llamado a la guerra contra Al Qaeda indicando que no terminaría con el aniquilamiento de dicha organización y sus dirigentes; que a los terroristas se les privaría de sus fuentes de financiamiento, serían empujados unos contra otros y perseguidos de un lugar a otro hasta que no tuvieran refugio ni reposo. Con tal declaración se iniciaba la primera guerra del Siglo XXI, una guerra diferente donde se utilizarían todos los medios diplomáticos, todas las herramientas de inteligencia, todos los instrumentos de interdicción policiaca, todas las influencias financieras y todos los armamentos necesarios.

El día 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373. En virtud de ésta reafirmó el derecho inmanente de los Estados a la legítima defensa; la necesidad de luchar por todos los medios, según la Carta de la ONU, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales; e instó a los Estados a actuar urgentemente para prevenir y reprimir los actos de terrorismo. También llamó a los Estados a que se abstuvieran de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado; participar de ellos; o permitir el uso de su territorio para la comisión de dichos actos. La Resolución, además, hizo un llamado a los países a establecer

controles en sus fronteras y a emitir documentos de identidad; a intensificar y agilizar los intercambios de información operacional; y a revisar los procedimientos para la concesión de estatus de “refugiado”. Finalmente la Resolución planteó la vinculación entre terrorismo internacional, delincuencia transnacional organizada, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales nucleares, sustancias químicas y biológicos, así como otros materiales letales; junto con la necesidad de promover iniciativas nacionales, sub regionales, regionales e internacionales para reforzar respuestas a este reto y a las amenazas graves a la seguridad internacional.

Descansando en las dos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones y sin que en momento alguno el Congreso de Estados Unidos, que es el que constitucionalmente tiene el poder para declarar la guerra, hubiera emitido una Resolución a tal efecto; el presidente de Estados Unidos decidió, junto a una llamada coalición de países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), iniciar aciones militares contra Afganistán. En efecto, el 7 de octubre de 2001 comenzaron las operaciones militares contra Afganistán dentro del contexto de lo que se llamó inicialmente “Operación Justicia Infinita”, la que inmediatamente se sustituyó el nombre por “Operación Libertad Duradera”, a los fines de evitar reacciones adversas en el mundo musulmán, dada su connotación religiosa.

Entre el 19 y 20 de marzo de 2003, bajo la presidencia de George W. Bush, se desató la segunda guerra contra Iraq. A diferencia de la primera, en esta ocasión su propósito perseguía el derrocamiento de Saddam Hussein y la captura de los principales funcionarios civiles y militares de su gobierno. Con el nombre de “Operación Libertad” y utilizando las mismas justificaciones de su padre sobre la producción y almacenamiento de armas de destrucción masiva violando un Convenio de 1991, se añadió al discurso bélico los alegados vínculos del gobierno de Hussein con el terrorismo internacional y sus presuntos lazos con Al Qaeda. Ninguna de tales premisas pudieron demostrarse.

La campaña iniciada mediante el uso de fuerzas especiales en tierra y bombardeos de saturación desde el aire una vez más contra objetivos de infraestructura civil y militar, redujo sustancialmente las capacidades del gobierno iraquí de enfrentar eventualmente lo que se

planificó como una “guerra relámpago.” Inicialmente, esta guerra logró el derrocamiento de Hussein el 30 de abril de 2003, quien fuera capturado en diciembre de ese año, y posteriormente ejecutado en diciembre de 2006. El conflicto militar, sin embargo, se extendería por más de una década. Años después, otro presidente estadounidense, Barak Obama, fijaría como “presunto plazo” para la salida de las tropas de los Estados Unidos de Iraq el 10 de agosto de 2010, lo que no se materializó hasta el 18 de diciembre de 2011.

En su origen, George W. Bush señaló que el propósito de la invasión era no la ocupación sino la liberación del país prometiendo un traspaso rápido del poder a un gobierno civil. No obstante, los Estados Unidos instituyeron en Iraq una “Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria” que asumió las funciones de gobierno junto con un consejo provisional iraquí. Sin embargo, ya el 16 de mayo, los Estados Unidos junto con el Reino Unido, presentaron ante las Naciones Unidas una resolución que les permitiera aprobar sanciones económicas a Iraq, explotar sus recursos petroleros como pago para la reconstrucción del país y nombrar un gobierno provisional. Para ello procedieron a dividir el país en tres zonas: Zona Norte compuesta por la región de Mosul-Kirkuk; la Zona Central en la región de Bagdad-Tikrit y la Zona Sur, en la región de Basora-Nasiriya. Las Zonas Norte y Central quedaron ocupadas por efectivos militares de los Estados Unidos, mientras la Zona Sur, por tropas británicas y polacas.

Apenas un año luego de la invasión se producirían los primeros enfrentamientos armados de la resistencia iraquí contra tropas estadounidenses de ocupación en Faluya, combates que se desarrollaron a lo largo del año 2004. Habiéndose establecido un gobierno provisional iraquí, se desataría una guerra civil a la vez que se intensificaría la oposición armada a la ocupación estadounidense.

Las diferencias entre chiíes y sunitas (visiones confesionales del Islam) forman parte del presente drama en Iraq. En los tiempos de Saddam Hussein los principales funcionarios políticos del Partido Baaz y los principales directivos militares, respondían a la corriente religiosa musulmana sunita; a pesar de que la mayoría población de Iraq respondía a la corriente confesional islámica chií. Lo anterior se reflejó en cómo, en el primer gobierno civil establecido por mediación de los Estados Unidos tras la invasión, su composición respondió a la corriente

chií, desplazando así al sector sunita que ostentó los cargos de poder político y militar en el gobierno de Saddam Hussein

A raíz del anuncio emitido por el presidente Barack Obama el 21 de octubre de 2011, de que Estados Unidos estaría llegando al final de su presencia como fuerza de ocupación en Iraq para el 31 de diciembre de 2011, mencionábamos en un artículo titulado Una vez más el fin de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, que sacar sus tropas de este país no era “sinónimo de una retirada militar”. Señalábamos entonces que detrás de la intervención de dicho país, quedarían “las compañías multinacionales, aquellas que se han apoderado de los recursos naturales del país con miles de contratistas que, tras la fachada de empleos civiles, realmente constituyen un ejército de mercenarios privatizadores de la guerra. Serán precisamente éstos, los que realmente en adelante, sostengan el dominio imperialista con el apoyo de un gobierno dispuesto a empeñar la soberanía nacional, de la cual alguna vez fue orgulloso un pueblo frente a la agresión de su país en esta guerra imperial.” En efecto, Obama indicó que mantendría con Iraq “una alianza firme y duradera”. Para entonces, aun permanecía en Iraq una fuerza militar de 6,000 efectivos.

La realidad es que 12 años después de fijada dicha fecha, aún permanecen en suelo iraquí tropas estadounidenses. Su número es estimado en 2,500 efectivos. Operan mayormente en la región norte y noroccidental de Iraq, desde donde se desplazan a zonas fronterizas con el norte de Siria y el sur de Turquía, donde se encuentran poblaciones kurdas que a su vez son aliadas de los Estados Unidos en su lucha, entre otros objetivos, contra los remanentes del Estado Islámico.

Docenas de miles de tropas estadounidenses murieron o fueron heridas en este conflicto. Los puertorriqueños también aportamos nuestra cuota de sangre en soldados en las filas del ejército de los Estados Unidos. Por su parte, la población iraquí ha sufrido agresiones, vejaciones, robo, saqueo y degradación de sus recursos materiales, históricos y culturales de este país como resultado de la guerra. Miles de contratistas privados que también invadieron el país para asumir control de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, aún se encuentran en suelo iraquí.

De acuerdo con Haizam Amirah Fernández del Real Instituto Elcano, entrevistado por Miguel Charte, en reportaje periodístico para “rtve noticias”, esta invasión constituye “un punto de inflexión a tres niveles: interno iraquí; a nivel regional en Medio Oriente y el Golfo; y para el sistema internacional.” Indica Charte que el Pentágono reconoció la pérdida de 4,505 soldados hasta 2011 junto con otros 4,000 de distintas nacionalidades. Otras fuentes cifran el número de estadounidenses muertos en desde la invasión en 2003 en 4,908 efectivos a los que se suman 4,490 efectivos de otros países miembros de la coalición que se sumaron a los Estados Unidos en la aventura militar.

Citando como fuente a “Iraq Body Count”, hasta febrero de 2023 el número de civiles muertos asciende a 210,090, pero si se suma en número de combatientes muertos hasta 2022, la suma supera los 288,000 fallecidos. Por su parte el “Proyecto Costos de la Guerra”, según publica www.democracynow.org, indica que “algunas estimaciones sitúan el número de muertos en Irak en más de 2 millones.” Otros datos que nos ofrece Democracy Now, es el de 8 millones de desplazados y 4 millones de huérfanos.

En una entrevista publicada por Democracy Now en ocasión del 20 aniversario de la segunda guerra contra Iraq, llama la atención un planteamiento hecho por un entrevistado de nombre Feurat Alani en torno a cómo, la intervención extranjera en Iraq ha incidido en la identificación nacional de su población consigo mismo como colectivo, al indicar que hoy día, los iraquíes “se describen con su secta, origen o etnia. Los iraquíes de hoy se describen como sunitas, chiíes, kurdos y árabes, cristianos y musulmanes, algo que me opondría a lo que fue Irak. Y para mí, 20 años después, Irak es parte de un amnesia colectiva.”

El costo material de esta guerra que aún no acaba, se ha estimado en $845,000 millones para los Estados Unidos y $9,000 millones para el Reino Unido de la Gran Bretaña. El costo político, humano, social y económico, sin embargo, supera por mucho el costo material. Tomará varias generaciones restablecer en Iraq las condiciones materiales de vida y desarrollo que el país vivió antes de estos conflictos bélicos. La paz, sin embargo es impredecible cuánto tiempo habrá de tomar.

De la historia de esa China popular, inmensa en población, cuyos habitantes sufrieron tanta hambre y desnutrición producto de años de pillaje y saqueo por parte de las potencias Occidentales se habla poco. Se conoce más esa China que hoy emerge como potencia económica industrial, militar, tecnológica y financiera, y que día a día amenaza con desbancar de sus posiciones en el tablero internacional a las principales potencias capitalistas en el mundo.

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El próximo año son las elecciones.  En ella, se escogen los administradores que serán la fachada de la colonia por los próximos cuatro años.

Y con la administración viene la posibilidad del guiso y robo, el PNP organización corrupta hasta el tuétano, se va preparando para ganarlo todo.  Y para ello utiliza su cómplice de años, el periódico El Nuevo Día.

¿Quién representa El Nuevo Día? Primero, a la familia Ferrer, capitalistas neoliberales, derechistas, aliados incondicionales de los estadounidenses y colonialistas. Los une al PNP, el deseo del guiso fácil y la ideología, no podemos olvidar que el patriarca de la familia fue el fundador del PNP, y propulsor de la ideología colonial anexionistas.

Ambos, El Nuevo Día y el PNP, viven de ser intermediarios del gran capital extranjero y del régimen.  Sus riquezas y beneficios han sido construido con la explotación del puertorriqueño. 

Su periódico nunca ha sido objetivo o imparcial, siempre y repetimos siempre ha ido en contra del pueblo.  Por eso apoyaron el IVU abusivo, el despido de los empleados públicos con la Ley 7, el quitarles derechos a los trabajadores, el robo de LUMA.  Siempre al lado de los extranjeros y bonistas.

Y como quieren ganar y quieren seguir guisando se preparan.  Por eso, la encuesta del periódico.  De acuerdo con la encuesta del Nuevo Día, no importa lo que quiera el pueblo, el Nuevo Día dice que gana Pierluisi y el PNP, como quiera.  Gana porque gana, nadie más tiene oportunidad.  Nada importa que Pierluisi sea un dulce chupao, sin proyecto, sin logros, no importa, de acuerdo con el periódico de los blanquitos, el tipo y su partido gana.  Quiere decir que la encuesta sea válida, hombre no, las encuestas del Nuevo Día son famosas por nunca pegar nada.  El propósito es otro, es dar la impresión de que el PNP va a ganar y para que la gente no cuestione cuando el PNP se las robe como hizo el 2020.

El PNP se robó los comicios del 2020, sin duda alguna.  Lo hicieron con la utilización de su reforma electoral, especialmente con el voto ausente y voto adelantado.  Aumentaron el voto ausente y pusieron a gente que no vive aquí a votar.  La segunda parte del robo fue el voto adelantado y a los encamados.  En una práctica inmoral, el PNP puso a votar cientos de ancianos de hogares, con condiciones de demencia senil y Alzheimer.  Personas mayores, enfermos, que no tenían idea ni donde estaban, ni sus propios nombres, los pusieron a votar, sin consideración, ni pensar en la dignidad de esas personas.  Una total desfachatez.

Esa es la razón para la encuesta de El Nuevo Día, para que usted no diga nada cuando el PNP se robe las elecciones del 2024.

Aclaramos, esto no es un endoso para el otro partido corrupto y neoliberal el PPD, para nada.  Tampoco es un endoso para decirle que acción debe tomar con respecto a participar o no participar en el proceso.  Es solo una explicación del manipuleo entre un partido el PNP, un periódico, el Nuevo Día, que han sido y son una de las instituciones más corruptas y cómplices del saqueo que implementa los Estados Unidos en Puerto Rico. Ojo al pillo… 

El pasado 19 de marzo se cumplieron 20 años de la segunda invasión militar de los Estados Unidos a Iraq. La primera tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. En esta primera invasión, una coalición internacional formada por los Estados Unidos con la aprobación de las Naciones Unidas, llevó a cabo lo que se conoce como la “Guerra del Golfo”. El detonante de esta guerra fue la invasión por parte de Iraq, entonces gobernado por Saddam Hussein, a su vecino país Kuwait. Iraq consideraba Kuwait como una “provincia rebelde” dada la secesión de dicho país de Iraq, esto como resultado de la geopolítica imperialista por el control del petróleo y los accesos a las vías de navegación en la región del Medio Oriente. La invasión a Kuwait conllevó un amplio rechazo de la comunidad internacional.

Al momento de ser invadido Kuwait, éste era un Estado político reconocido por la comunidad internacional, por lo que dicho acto fue considerado como una violación de la soberanía de Kuwait y una violación a las leyes internacionales. Entonces, la ONU se expresó en varias resoluciones y emitió sanciones contra Iraq para forzar a dicho país a retirar sus tropas del territorio invadido y exigir la devolución de importantes recursos materiales sustraídos mediante el pillaje por parte de las tropas iraquíes. Las gestiones de la ONU resultaron infructuosas.

Estados Unidos, antiguo aliado de Iraq en su guerra contra la República Islámica de Irán en la década de 1980 y el país que le proveyó abundante ayuda militar y tecnologías, levantó en aquel momento una amplia campaña internacional alegando que Iraq estaba desarrollando armas de destrucción masiva como elemento desestabilizador de la región y exigió del gobierno de Saddam Hussein la inspección de sus instalaciones militares y científicas en búsqueda de centros de producción y almacenamiento de armamentos de destrucción masiva. La negativa del gobierno de Iraq a tales requerimientos, junto al repudio que ya existía contra la invasión a Kuwait, sirvió de justificación a los Estados Unidos para encabezar una operación militar contra el gobierno de Iraq en suelo kuwaití en enero de 1991.

La operación militar autorizada por la ONU bajo la dirección de los Estados Unidos, denominada en su etapa preparatoria como “Escudo del Desierto”, pasó más adelante, en su etapa operativa, a llamarse “Tormenta del Desierto”. La campaña tuvo como resultado la liberación de Kuwait, pasando dicho país a ser un fuerte aliado militar de los Estados Unidos en la región. La operación militar incluyó la demolición de gran parte de la infraestructura de Iraq por fuertes y demoledores ataques aéreos de saturación sobre sus principales ciudades e instalaciones militares. Concluidas las operaciones a un alto costo en vidas y materiales para Iraq, se estableció una Zona de Exclusión Aérea, significando una porción del territorio iraquí donde estaba vedado cualquier vuelo no autorizado por la Coalición Internacional so pena de ser derribado. Aquella guerra que George Bush padre llamón la “Madre de las Batallas”, fue la “Primera Guerra del Golfo.”

El día 12 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando a instancias de los Estados Unidos, cuando aún se desconocía la identidad de los responsables por dichos ataques, aprobó la Resolución 1368. En ella exhortaba a la comunidad internacional a colaborar con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de los atentados, subrayando además, que sus copartícipes y cómplices también rindieran cuentas por sus actos. En dicha Resolución, el Consejo de Seguridad hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, a la vez que consignó su disposición a tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir, en todas sus formas, tales actos de terrorismo.

El 21 de septiembre de 2001 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. Indicó que de acuerdo con cierta información proveniente de fuentes de inteligencia, la responsabilidad de una organización fundamentalista islámica de nombre Al Qaeda y su dirigente, Osama Bin Laden, eran responsables de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Junto a estos, identificó también a las organizaciones islámicas “Jihad Islámico de Egipto” y al “Movimiento Islámico de Uzbekistán”, como organizaciones vinculadas a redes terroristas esparcidas que el gobierno de Estados Unidos estimó entonces, se extendían por más de 60 países en el mundo. El movimiento islámico en el poder en Afganistán, conocido por Talibán,

fue identificado como responsable de proveerle albergue, apoyo y lugares de entrenamiento en su territorio a estas organizaciones definidas como terroristas.

En su discurso, Bush emitió un ultimátum al gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de todos los nacionales extranjeros encarcelados en Afganistán, incluyendo ciudadanos estadounidenses; exigió brindarle protección a periodistas, personal diplomático y trabajadores internacionales en dicho país; y requirió el cierre inmediato y permanente de los campos de entrenamiento en Afganistán utilizados por estas organizaciones. También exigió la entrega a las autoridades pertinentes de todos los llamados terroristas en este país y aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento, y reclamó de paso, el derecho absoluto de acceso de los Estados Unidos a los llamados campos de entrenamiento para así asegurar que Al Qaeda no volviera a operar en dicho territorio.

En su declaración, Bush hizo un llamado a la guerra contra Al Qaeda indicando que no terminaría con el aniquilamiento de dicha organización y sus dirigentes; que a los terroristas se les privaría de sus fuentes de financiamiento, serían empujados unos contra otros y perseguidos de un lugar a otro hasta que no tuvieran refugio ni reposo. Con tal declaración se iniciaba la primera guerra del Siglo XXI, una guerra diferente donde se utilizarían todos los medios diplomáticos, todas las herramientas de inteligencia, todos los instrumentos de interdicción policiaca, todas las influencias financieras y todos los armamentos necesarios.

El día 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373. En virtud de ésta reafirmó el derecho inmanente de los Estados a la legítima defensa; la necesidad de luchar por todos los medios, según la Carta de la ONU, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales; e instó a los Estados a actuar urgentemente para prevenir y reprimir los actos de terrorismo. También llamó a los Estados a que se abstuvieran de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado; participar de ellos; o permitir el uso de su territorio para la comisión de dichos actos. La Resolución, además, hizo un llamado a los países a establecer

controles en sus fronteras y a emitir documentos de identidad; a intensificar y agilizar los intercambios de información operacional; y a revisar los procedimientos para la concesión de estatus de “refugiado”. Finalmente la Resolución planteó la vinculación entre terrorismo internacional, delincuencia transnacional organizada, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales nucleares, sustancias químicas y biológicos, así como otros materiales letales; junto con la necesidad de promover iniciativas nacionales, sub regionales, regionales e internacionales para reforzar respuestas a este reto y a las amenazas graves a la seguridad internacional.

Descansando en las dos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones y sin que en momento alguno el Congreso de Estados Unidos, que es el que constitucionalmente tiene el poder para declarar la guerra, hubiera emitido una Resolución a tal efecto; el presidente de Estados Unidos decidió, junto a una llamada coalición de países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), iniciar aciones militares contra Afganistán. En efecto, el 7 de octubre de 2001 comenzaron las operaciones militares contra Afganistán dentro del contexto de lo que se llamó inicialmente “Operación Justicia Infinita”, la que inmediatamente se sustituyó el nombre por “Operación Libertad Duradera”, a los fines de evitar reacciones adversas en el mundo musulmán, dada su connotación religiosa.

Entre el 19 y 20 de marzo de 2003, bajo la presidencia de George W. Bush, se desató la segunda guerra contra Iraq. A diferencia de la primera, en esta ocasión su propósito perseguía el derrocamiento de Saddam Hussein y la captura de los principales funcionarios civiles y militares de su gobierno. Con el nombre de “Operación Libertad” y utilizando las mismas justificaciones de su padre sobre la producción y almacenamiento de armas de destrucción masiva violando un Convenio de 1991, se añadió al discurso bélico los alegados vínculos del gobierno de Hussein con el terrorismo internacional y sus presuntos lazos con Al Qaeda. Ninguna de tales premisas pudieron demostrarse.

La campaña iniciada mediante el uso de fuerzas especiales en tierra y bombardeos de saturación desde el aire una vez más contra objetivos de infraestructura civil y militar, redujo sustancialmente las capacidades del gobierno iraquí de enfrentar eventualmente lo que se

planificó como una “guerra relámpago.” Inicialmente, esta guerra logró el derrocamiento de Hussein el 30 de abril de 2003, quien fuera capturado en diciembre de ese año, y posteriormente ejecutado en diciembre de 2006. El conflicto militar, sin embargo, se extendería por más de una década. Años después, otro presidente estadounidense, Barak Obama, fijaría como “presunto plazo” para la salida de las tropas de los Estados Unidos de Iraq el 10 de agosto de 2010, lo que no se materializó hasta el 18 de diciembre de 2011.

En su origen, George W. Bush señaló que el propósito de la invasión era no la ocupación sino la liberación del país prometiendo un traspaso rápido del poder a un gobierno civil. No obstante, los Estados Unidos instituyeron en Iraq una “Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria” que asumió las funciones de gobierno junto con un consejo provisional iraquí. Sin embargo, ya el 16 de mayo, los Estados Unidos junto con el Reino Unido, presentaron ante las Naciones Unidas una resolución que les permitiera aprobar sanciones económicas a Iraq, explotar sus recursos petroleros como pago para la reconstrucción del país y nombrar un gobierno provisional. Para ello procedieron a dividir el país en tres zonas: Zona Norte compuesta por la región de Mosul-Kirkuk; la Zona Central en la región de Bagdad-Tikrit y la Zona Sur, en la región de Basora-Nasiriya. Las Zonas Norte y Central quedaron ocupadas por efectivos militares de los Estados Unidos, mientras la Zona Sur, por tropas británicas y polacas.

Apenas un año luego de la invasión se producirían los primeros enfrentamientos armados de la resistencia iraquí contra tropas estadounidenses de ocupación en Faluya, combates que se desarrollaron a lo largo del año 2004. Habiéndose establecido un gobierno provisional iraquí, se desataría una guerra civil a la vez que se intensificaría la oposición armada a la ocupación estadounidense.

Las diferencias entre chiíes y sunitas (visiones confesionales del Islam) forman parte del presente drama en Iraq. En los tiempos de Saddam Hussein los principales funcionarios políticos del Partido Baaz y los principales directivos militares, respondían a la corriente religiosa musulmana sunita; a pesar de que la mayoría población de Iraq respondía a la corriente confesional islámica chií. Lo anterior se reflejó en cómo, en el primer gobierno civil establecido por mediación de los Estados Unidos tras la invasión, su composición respondió a la corriente

chií, desplazando así al sector sunita que ostentó los cargos de poder político y militar en el gobierno de Saddam Hussein

A raíz del anuncio emitido por el presidente Barack Obama el 21 de octubre de 2011, de que Estados Unidos estaría llegando al final de su presencia como fuerza de ocupación en Iraq para el 31 de diciembre de 2011, mencionábamos en un artículo titulado Una vez más el fin de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, que sacar sus tropas de este país no era “sinónimo de una retirada militar”. Señalábamos entonces que detrás de la intervención de dicho país, quedarían “las compañías multinacionales, aquellas que se han apoderado de los recursos naturales del país con miles de contratistas que, tras la fachada de empleos civiles, realmente constituyen un ejército de mercenarios privatizadores de la guerra. Serán precisamente éstos, los que realmente en adelante, sostengan el dominio imperialista con el apoyo de un gobierno dispuesto a empeñar la soberanía nacional, de la cual alguna vez fue orgulloso un pueblo frente a la agresión de su país en esta guerra imperial.” En efecto, Obama indicó que mantendría con Iraq “una alianza firme y duradera”. Para entonces, aun permanecía en Iraq una fuerza militar de 6,000 efectivos.

La realidad es que 12 años después de fijada dicha fecha, aún permanecen en suelo iraquí tropas estadounidenses. Su número es estimado en 2,500 efectivos. Operan mayormente en la región norte y noroccidental de Iraq, desde donde se desplazan a zonas fronterizas con el norte de Siria y el sur de Turquía, donde se encuentran poblaciones kurdas que a su vez son aliadas de los Estados Unidos en su lucha, entre otros objetivos, contra los remanentes del Estado Islámico.

Docenas de miles de tropas estadounidenses murieron o fueron heridas en este conflicto. Los puertorriqueños también aportamos nuestra cuota de sangre en soldados en las filas del ejército de los Estados Unidos. Por su parte, la población iraquí ha sufrido agresiones, vejaciones, robo, saqueo y degradación de sus recursos materiales, históricos y culturales de este país como resultado de la guerra. Miles de contratistas privados que también invadieron el país para asumir control de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, aún se encuentran en suelo iraquí.

De acuerdo con Haizam Amirah Fernández del Real Instituto Elcano, entrevistado por Miguel Charte, en reportaje periodístico para “rtve noticias”, esta invasión constituye “un punto de inflexión a tres niveles: interno iraquí; a nivel regional en Medio Oriente y el Golfo; y para el sistema internacional.” Indica Charte que el Pentágono reconoció la pérdida de 4,505 soldados hasta 2011 junto con otros 4,000 de distintas nacionalidades. Otras fuentes cifran el número de estadounidenses muertos en desde la invasión en 2003 en 4,908 efectivos a los que se suman 4,490 efectivos de otros países miembros de la coalición que se sumaron a los Estados Unidos en la aventura militar.

Citando como fuente a “Iraq Body Count”, hasta febrero de 2023 el número de civiles muertos asciende a 210,090, pero si se suma en número de combatientes muertos hasta 2022, la suma supera los 288,000 fallecidos. Por su parte el “Proyecto Costos de la Guerra”, según publica www.democracynow.org, indica que “algunas estimaciones sitúan el número de muertos en Irak en más de 2 millones.” Otros datos que nos ofrece Democracy Now, es el de 8 millones de desplazados y 4 millones de huérfanos.

En una entrevista publicada por Democracy Now en ocasión del 20 aniversario de la segunda guerra contra Iraq, llama la atención un planteamiento hecho por un entrevistado de nombre Feurat Alani en torno a cómo, la intervención extranjera en Iraq ha incidido en la identificación nacional de su población consigo mismo como colectivo, al indicar que hoy día, los iraquíes “se describen con su secta, origen o etnia. Los iraquíes de hoy se describen como sunitas, chiíes, kurdos y árabes, cristianos y musulmanes, algo que me opondría a lo que fue Irak. Y para mí, 20 años después, Irak es parte de un amnesia colectiva.”

El costo material de esta guerra que aún no acaba, se ha estimado en $845,000 millones para los Estados Unidos y $9,000 millones para el Reino Unido de la Gran Bretaña. El costo político, humano, social y económico, sin embargo, supera por mucho el costo material. Tomará varias generaciones restablecer en Iraq las condiciones materiales de vida y desarrollo que el país vivió antes de estos conflictos bélicos. La paz, sin embargo es impredecible cuánto tiempo habrá de tomar.

Según indica la página electrónica “Democracy Now en Español” del pasado 3 de octubre, el  Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó el pasado lunes una Resolución a favor del despliegue de una misión multinacional de naturaleza policiaco-militar de apoyo a la seguridad para Haití. Ésta se produce al tiempo que el país, que comparte la geografía de la Isla con la República Dominicana, combate el empeoramiento de la violencia de los grupos criminales.  De acuerdo con  la publicación la intervención “se produjo debido a llamamiento reiterado del primer ministro haitiano, Ariel Henry”, la que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El operativo multinacional de intervención en dicho país estará dirigido por Kenia. Destaca que se trata del  “primer despliegue de fuerzas de seguridad internacionales en Haití en casi 20 años.”

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En la Facultad de Derecho había un profesor que nos insistía en que al analizar un problema no descansáramos en lo aparente. Incitaba éste a escudriñar, a rebuscar otros posibles propósitos obviados en la exposición de motivos de una ley. Se refería a este método de análisis, como (búsqueda) de la premisa inarticulada, o sea aquel propósito de la ley no verbalizado en ésta, y que quizás constituyó la razón o propósito real de su promulgación.

Para la misma época, había otro profesor, que nos invitaba “a desayunar con el Código Civil”. Éste se había memorizado dicho código, y había que ver cuánto disfrutaba cuando le pedía a un alumno que abriese su código en el artículo X o Y, para que comprobase, a continuación, la memoria prodigiosa del profesor, ya entrado en años. “Hay que desayunar con el código” insistía.

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