El asesinato este pasado martes de Sugeny Concepción Quezada, en Barrio Obrero, Santurce, a manos de su expareja, pone en evidencia una vez más la falta de empatía y de sentido de urgencia conque el sistema de justicia en Puerto Rico “atiende” los casos de violencia de género, más aún cuando la víctima es una mujer inmigrante.
Romelinda Grullón, coordinadora del Centro de la Mujer Dominicana, considera que, desde el 22 de noviembre pasado, cuando el Tribunal de San Juan emitió una Orden de Protección Ex parte, quedó claro que Sugeny, como peticionaria, demostró que existía “una probabilidad sustancial de riesgo inmediato”. Representado ese riesgo por el demandado Francisco Polanco Rosario, quien se suicidó tras cometer el horrendo crimen en la tarde del martes 6 de diciembre de 2022.
Señaló que es inconcebible que, habiéndose establecido el peligro inminente en esa fecha, no se tomaran las medidas radicando cargos criminales y arresto inmediato del agresor. “Y más inconcebible aún es que, ante este panorama, se fijara la vista de Orden de Protección en su fondo para el 10 de enero del 2023”.
“Entendemos que el sentido de urgencia y la peligrosidad del caso ameritaba una acusación criminal y la inmediata puesta en vigor de todo un operativo de protección real a la víctima, sobre todo con el historial de acoso, de agresión física, sexual y emocional que el individuo ejercía contra Sugeny y de lo cual tenía conocimiento el tribunal”, sostuvo la líder comunitaria.
Agregó que ante un cuadro así, es inaceptable la dilación, la falta de acción concreta, en medio de la crisis de violencia de género en Puerto Rico y el estado de emergencia declarado hace casi dos años para atenderla. Explicó que, en el marco de ese estado de emergencia, los distintos componentes del sistema están legal y/o moralmente obligados a movilizar todos los recursos necesarios para la prevención y protección de la vida y la integridad de las mujeres.