(San Juan, 10:00 am) Héctor Vega Tapia (Chile) es egresado como Abogado de la Universidad de Chile, Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille y Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Vega Tapia ha sido docente-investigador en varias universidades en Inglaterra (1962-1964), India (1969-1971) y Chile (1964-1968, 1964-1968, 1974 y 1997-2013). Bajo el Gobierno del derrocado expresidente Salvador Allende, trabajó en el Ministerio de Agricultura, Chile. En la dictadura militar de Pinochet, Héctor fue secuestrado por los golpistas en campos de torturas y concentración, logrando salir al exilio en el 1976. Vega Tapia tiene publicados una docena de libros en Bélgica, Chile, España y Venezuela. Héctor me ha dado la oportunidad de entrevistarle en relación a la situación económica, política y social que actualmente vive Chile. Sus respuestas son para compartirlas con todos vosotros.
1.1 Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Cómo comprende o entiende la situación económica que atraviesa Chile? ¿Qué la agrava? ¿Cómo era la economía de Chile previo al inicio de la presente situación?
1.2 Héctor Vega Tapia (HVT, en adelante): Después del acuerdo con la dictadura de Pinochet, en la mal llamada transición a la democracia con el presidente Aylwin en 1990, se abrió materialmente la economía a las transnacionales y a los poderes financieros internacionales. Durante la dictadura de 16 años se promulgó el entramado legal para entregar la explotación de las riquezas naturales al capital extranjero. A comienzos de los años 80 se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) que consagraba la concesión plena sobre los yacimientos mineros mediante la que el Estado conservaba la propiedad eminente pero la disposición, uso y goce del yacimiento quedaba en manos del concesionario. Esta particular concepción de la concesión, por lo demás única en el mundo, va contra la misma Constitución aprobada por la dictadura en 1980 que estipula que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.