El eminente intelectual mejicano Adolfo Sánchez Vázquez, en su libro clásico Ética (Editorial Grijalbo), nos ofrece una disertación muy rigurosa y clara sobre la moral y el derecho como fenómenos distintos pero históricos y concretos que interactúan e influencian uno al otro. Mientras la norma moral es autónoma arraigada en la conciencia colectiva e individual, el derecho es coercitivo, impuesto por la fuerza del estado.
1. La Moral y el Préstamo
Los bancos, los usureros y empeñadores inversionistas han desarrollado por centurias el oficio muy sofisticado de prestar, tanto a países, monarcas, gobernantes o individuos. Los trucos y detalles del quehacer constan compilados en normas legales en inmensas bibliotecas.
El interés, la usura o la ganancia es el motivo del prestamista. Nada de altruismo. Puro negocio.
¿Quien, como y cuando se pagará y las garantías ofrecidas para cobrar el principal y los intereses? Esas son las preguntas fundamentales que el deudor debe contestar al prestamista. Esa es la sustancia.
En una época remota la vida y la libertad eran las garantías del préstamo. En un complejo proceso, la crítica, y un nuevo desarrollo moral histórico generado en consecuencia, condenó esas aberraciones y afloraron garantías constitucionales y legales prohibiendo las mismas.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y muchas otras proscriben el encarcelamiento por deuda. El prestamista tiene que acudir a garantías patrimoniales en el proceso judicial de cobro y embargo. Y aún en estas vías legales se reconocen múltiples reglas que acogen normas morales como la protección al hogar seguro y prohibición a prácticas inescrupulosas o monopolísticas.
Son múltiples las razones para un deudor tomar prestado. La causa principal, en las más de las veces, es la ausencia de dinero o bienes para satisfacer determinadas necesidades. En ocasiones se recurre al préstamo para proteger los propios recursos y la liquidez. No escapa que algunos listos tomen prestado a amigos con la intención preconcebida de no pagar lo que culmina a la postre en la afectación de la amistad. Por eso a veces es mejor regalar que prestar.
Quien toma prestado, luego de un análisis autónomo racional, pondera los riesgos y beneficios y asume que tendrá la capacidad de pagar y al final quedar en una posición económica mejor que al momento de tomar el préstamo.
Quien toma prestado irracionalmente, o porque tiene maniatada la voluntad, o capacidad de obrar, tendrá altísimas probabilidades de fracasar, incumplir y quedar peor al final que al momento de tomar el préstamo. Sino veamos los casos poco juiciosos del abuso de las tarjetas de crédito.
El proceso de quiebras, garantizado legalmente, recoge el valor moral de que todo deudor tiene la oportunidad de rehabilitación-como lo tienen otros seres humanos, políticos, infieles, adictos, delincuentes, y naciones, ya que todos los humanos y naciones deben tener la oportunidad de reemprender sus vidas o rumbos para rehabilitarse.
2. La Doctrina de Deuda Odiosa
En el caso de países soberanos, en muchas ocasiones han ocurrido desviaciones del carácter representativo fiduciario ético de sus cuerpos gobernantes. Y elites corruptas o dictatoriales han utilizado los préstamos para fines ilegítimos corruptos y se ha considerado tales deudas como odiosas. Doctrina aplicada por Estados Unidos para que Cuba no pagara su deuda pública a España al filo de la Guerra Hispanoamericana del 1898 y desempolvada por la misma potencia para que Irak dejara de pagar su deuda pública a Europa luego de derrocar a Sadam Hussein. Doctrina que utilizó hace pocos años Ecuador para cuestionar su deuda pública, devaluarla y comprarla a descuento.
3. Responsabilidad Única del Congreso de los Estados Unidos
¿Y que ocurre cuando el que toma prestado a los carteles prestamistas es una entelequia, fantasma o mogolla colonial como el ELA y sus instituciones, que impacta a la nación que vive en o emigra de su territorio?
En el caso de Puerto Rico: ¿se ha incurrido en una deuda pública bajo un proceso racional y moral (constreñido por un régimen colonial) ? Opino que no. ¿Tiene la nación puertorriqueña el derecho natural a la rehabilitación? Opino que sí.
¿Provee el ordenamiento colonial, Tratado de Paris, Leyes Orgánicas y ordinarias federales una estructura ético-legal capaz de garantizar a la nación colonizada su derecho a rehabilitarse? Definitivamente no.
Esa estructura no le confiere poderes y mecanismos suficientes al territorio intervenido y la inmensa mayoría de sus nacionales para generar su riqueza y protegerla. Ese aparato ilegitimo y antidemocrático ni siquiera le garantiza el derecho a un proceso de quiebras al embeleco territorial. Sin embargo la metrópolis colonial ha dado rienda suelta a las autoridades coloniales territoriales para endeudarse hasta el tuétano.
El colonialismo está proscrito en el mundo como la esclavitud. El que pretenda ser esclavista en ésta época tiene que reparar todos los agravios a la víctima. Quien actúa como metrópolis colonial en esta época tiene que reparar todos los agravios a la nación colonizada. Incluida ser responsable única y asumir su deuda pública.
El repago de la deuda pública de Puerto Rico por el Congreso federal, fiduciario y plenipotenciario de la colonia, es un imperativo moral y legal de la mas alta prioridad y debe reconocerse tal remedio por el estado de derecho.
Ha habido expresiones en cuanto a que los puertorriqueños tenemos cierta responsabilidad al manejar los fondos provenientes de la emisión de la deuda, que se han beneficiado de la misma empleados públicos y que un sector de los bonistas es el movimiento cooperativo, por lo que la responsabilidad del pago de la deuda pública es una compartida entre el territorio Puerto Rico y el Congreso.
Como se trata del problema económico tal vez de mayor envergadura para Puerto Rico y su solución se monta sobre una reclamación contra la potencia colonial, basada en diversas fuentes: reparación de agravios, fraude y/o negligencia crasa en la ejecución de la pretendida relación contractual colonial de parte del fiduciario plenipotenciario del territorio (Congreso- Gobierno federal), e incluso en el fraude que representó el Tratado de París ante la ausencia de consentimiento de la nación intervenida que recién estrenaba poderes de soberanía (tesis albizuista), es prematuro anticipar defensas que pueda esgrimir la potencia colonial. No puedo reconocer en éste momento teorias que pueda utilizar el Gobierno de Estados Unidos en contra de la nación puertorriqueña en procesos futuros. Los daños causados por el coloniaje son tan inmensos, que lo menos que puede hacer el Congreso es asumir la deuda y pagarle a los acreedores. Enfatizo que mi planteamiento es que la deuda se paga pero por el Congreso. Le paga a los bonistas de aquí y a los de afuera.
4. Cancelación de la Deuda Pública: Parte de un Programa Nacional
Visto el anterior panorama, el programa nacional puertorriqueño sobre la cancelación de la deuda pública será uno de lucha en múltiples frentes, reclamos de una Asamblea Constituyente, de partidos, grupos, sociedad civil, pleito de clase de los boricuas, denuncias y consultas.
Hacen falta muchas gestiones para dar cauce adecuado para la solución de este grave problema.
Este gran asunto de la deuda pública es monumentalmente complejo. Es un problema de toda la nación puertorriqueña, a todos nos han embrollado. Esta deuda impagable por nuestra nación, causará la caída de todos los gobiernos que no se enfrenten a la potencia imperial, y pretendan extirpar el alma de los boricuas con mayores impuestos para pagar los intereses billonarios del servicio de la deuda.
Mientras tanto, el proceso de agonía y saqueo de nuestros bienes sigue incrementando, llegan grandes buitres y algunos mas pequeños carroñeros a comprar muy barato y los boricuas siguen migrando y los que nos quedamos nos ponemos viejos y vienen otros pisos a reconformar la nación.
¿Y que hacemos con esa deuda? Pues como todo fenómeno humano histórico, intentar conocerla concretamente, su historia, su uso y mal uso. Para entonces buscar soluciones y elaborar planes de acción.
Hacen falta muchos especialistas, muchos estudios, pero también muchas luchas y luchadores y denuncias de todos los sectores y matices.
Será un proceso extremadamente complicado, pero vital (necesario para vivir) para nuestra nación y hay que emprender múltiples iniciativas, preferiblemente convergentes. No podemos oponernos a las iniciativas de otros. Lo importante es que las que cada uno emprenda sea honesta, seria, de buena fe, sin oportunismos, protagonismos deformados ni agendas pequeñas de grupos.
Es una convocatoria en grande, amplia, de muchos. Porque hay que ser humildes. La misma idea de un litigio de clase es complicadísima, conlleva esfuerzos de muchos recursos.
Hace dos años intenté canalizar estas ideas a través de un amigo, que sugirió la llevaría a académicos, figuras continentales y escuelas de derecho en EU, y quedó en el tintero. Intenté mediante mensajes escritos convencer a personajes de la presente Administración. No hubo acción. Guardo las cartas. Lo que me lleva a pensar que una administración del gobierno territorial no va a tener ni el interés ni la valentía para enfrentarse al problema con medidas radicales sino seguir tomando préstamos. Ante el miedo, de nada vale sugerir comisiones nacionales estratégicas gubernamentales para atender este asunto, por lo menos en esta etapa que vivimos.
Mis ideas eran tal vez muy radicales. Luego surgieron otras ideas, surgió la idea de la quiebra criolla, surgió la idea de mi amigo Aníbal Acevedo Vilá, algo aguada, pero algo, algo así como roguemos al Congreso que compre la deuda a descuento que luego le paga Puerto Rico al Congreso con disminución de fondos federales futuros. Veremos si el Congreso escucha los ruegos. Mientras tanto la deuda incrementa y se sigue deteriorando nuestro país.
La cancelación de la deuda como dije será un proceso complejo, multi sectorial y pluralista. Porque lo que me atrae a mí para atacar esa deuda infame y odiosa, que es desnudar en cueros la relación colonial territorial y cómo el Congreso, que ha sido el dueño omnímodo de este territorio, es el deudor único, principal solidario y exclusivo, otros lo verán como un derecho natural a la rehabilitación mediante el reconocimiento del derecho al proceso de quiebras que se nos niega, y otros verán su borradura como una tabla de salvación para el país. Otros simpatizarán con la legalidad de un litigio, otros preferirán otros métodos.
Hará falta auditorias por personalidades honorables para ver como se utilizaron los dineros, un estudio histórico muy concreto de donde deriva la responsabilidad de Estados Unidos. Por ejemplo, desde 1974 al 1996 la deuda pública- central y de las corporaciones públicas- ascendió a cerca de $20 billones, desde 1997 al 2014 incrementó en mas de $50 billones adicionales. Coincide con la eliminación de la Sección 936 por el Congreso sin que durante ese periodo se elaboraran otras alternativas al territorio. Eso es abandono y negligencia crasa del administrador o fiduciario con poderes plenarios sobre el territorio huérfano de poderes soberanos. Ello forzó al gobierno territorial del ela a recurrir al préstamo o emisión de deuda para sustituir la disminución de ingresos recurrentes para pagar compromisos públicos. El Congreso no hizo nada para oponerse a la emisión de una deuda tan exorbitante por el territorio.
5. Pleito de Clase
En cuanto al litigio de clase lo contemplo como uno manejado por una firma legal poderosa con experiencia en litigación de pleitos de clase de superfondos. Resta hacer un análisis por esa firma que se contrate sobre el foro conveniente para ventilar la reclamación. Por lo general estas firmas cobran honorarios contingentes cercanos al 10% del megafondo obtenido por la clase o el Tribunal le impone a la parte demandada el pago de honorarios.
Un litigio de esa envergadura puede contemplar remedios como la creación de un fondo en fideicomiso para recomprar la deuda pública a descuento y liberar de la misma a la nación puertorriqueña.
En éste año que asoma, pero siendo mas realista en los próximos años, es mi mayor deseo que nuestro pueblo organizado en una Asamblea Constituyente y/ o mediante múltiples formas, incluidos litigios, repudie la deuda pública odiosa colonial para que la asuma la potencia causante de nuestros desvelos y agravios mayores, que nos permita un nuevo respiro para la rehabilitación plena de nuestra patria.