Ayer los rotativos del País publicaron un edicto en donde el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anuncia la radicación ante el Departamento de Estado del “Reglamento para el acceso a las carpetas y otros documentos confeccionados ilegalmente por el Estado, y transferidos al Archivo General de Puerto Rico para su custodia, preservación y divulgación”.
Nos parece que la decisión tomada por el custodio máximo de nuestra cultura y demás expresiones nacionales debe ser reconocida y apoyada por todos. Es sumamente idóneo que el ICP se erija como el salvaguarda del capítulo más nefasto y doloroso de nuestra historia reciente para, precisamente, evitar que dichos eventos se repitan.
El estado colonial puertorriqueño abandonó los más altos principios constitucionales, democráticos y humanos al permitir la persecución y la recopilación clandestina de información personal de cientos de miles de puertorriqueños por su inclinación o ideario político. Dicha práctica del carpeteo trajo como consecuencia innumerables sufrimientos para todas las familias que lo padecieron y fue una de las causas esenciales para el debilitamiento y la división del movimiento patriótico puertorriqueño.
La desconfianza y la maldad sembrada por puertorriqueños contra otros puertorriqueños por instrucciones del ELA (y con la complicidad del Gobierno federal) son razones suficientes para que el ICP se convierta en el custodio de dichos archivos para su estudio y análisis ponderado a través de la historia, la sociología, el derecho y otras disciplinas.
Las carpetas sellaron la convulsa era de la Guerra Fría en esta esquina del Caribe. Ante los temores entonces propagados, aunque siempre infundados, sobre el advenimiento de la libertad patria, ellas sirven como testimonio de todo lo malo y perverso que existe en las mentes que no se atreven a ser libres. La historia ya los juzgó.
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