Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han cumplido tres meses detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos llamaría de tortura: casi incomunicados, con restricciones a sus familiares para que los puedan ver, sufriendo tipo de presiones sicológicas, mezclados con delincuentes comunes.
El gobierno de Varela y su Procuraduría, imitando a George W. Bush, han acusado a los estudiantes de "terrorismo", y creen que esa acusación basta para violar descaradamente la ley, la Constitución Política y los principios del derecho moderno. La diferencia entre Bush y Varela es que el primero se inventó llevar sus acusados de terrorismo a Guantánamo, porque sabía que en territorio de Estados Unidos no puede mantener a nadie preso indefinidamente, sin presentar pruebas.
La Procuraduría hace la misma arbitrariedad que Bush, pero no con hombres maduros, ni combatientes, sino con jóvenes estudiantes que apenas están alcanzando su mayoría de edad, cuya falta, no probada que fueron ellos, sería realizar una protesta callejera con destrozos. Inclusive un informe de la Defensoría del Pueblo señala que, tanto el profesor como la estudiante afectada, señalan que sus quemaduras fueron accidentales y no intencionadas (Panamá América 12/10/15).
Estos métodos de aislamiento y tortura que practican las autoridades con los estudiantes, no se atreven a usarlos con los asesinos flagrantes, ni con los capos de las mafias y menos con los millonarios que han robado al estado ¿Están reviviendo métodos dictatoriales supuestamente superados?
La ciudadanía conoció los disturbios cometidos en el Instituto Nacional y la mayoría de las personas, incluyendo activistas políticos, sindicales, de derechos humanos y ex dirigentes estudiantiles, deploramos el vandalismo irracional. Nadie defiende esas acciones que, por supuesto, deben ser sancionadas. Lo que no está muy claro es que esas acciones califiquen bajo el delito de "terrorismo".
Lo que corresponde es que las autoridades prueben que los detenidos son los responsables, que permitan a sus padres verlos, que puedan actuar sus abogados, que se les concedan las mismas medidas cautelares a todos, ya que han sido liberados unos y otros no. Al final del proceso, si resultaran culpables, que se apliquen las sanciones correspondientes atendiendo al principio de la rehabilitación, como recientemente ha orientado el Papa Francisco. El catolicismo manifiesto del presidente no debe permitirle olvidar ese principio.
También es importante decir que desde hace unos años existe una conspiración para justificar el cierre del Instituto Nacional. Además que los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener a un grupo de universitarios durante la última protesta y las amenazas del ministro de seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos dicen que se configura un estado represor que pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el aumento de los impuestos, etc.?
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