¿Cómo transcurre nuestra vida diaria? ¿Cómo se comporta el policía que tenemos de frente, y que interviene con uno como ciudadano? Realmente pensamos como pasa ese proceso. Tal vez para el abogado y abogada promedio, esto sea materia de continua reflexión. Pero para el ciudadano de a pie, el que vive y existe fuera de las penurias del derecho, ¿cómo se define esta relación de estado, derecho y la persona?
Por un lado hay que hablar del estado. Se hace inevitable para pensar en la figura del derecho. En esta medida, en países como Puerto Rico (el estado nacional – colonial), adscritos bajo una relación territorial/colonial con los EE.UU. (el estado metropolitano), el estado inevitablemente cada vez más se hace represivo y autoritario. Esto quiere decir, en la práctica, que los espacios de libertad del ciudadano, cada vez más se ven restringidos y coartados por el estado supra-presencial. Cada instancia, cada momento de la vida diaria está regulado por el estado (metropolitano, nacional o municipal) el cual restringe y penaliza de forma retributiva (castigo de forma ordinaria por la cárcel o multas severas) al ciudadano.
Para esto, de ordinario el estado se vale del uso asertivo y a veces desmedido de la ley. Toda intervención se va desarrollando por vía de intervenciones que se justifican en un estado de derecho, que sea en su aserción dominante uno de mano dura (represión), o en su aserción de estado administrador, es cada vez más punitivo (el estado regulador).
Ahora bien, esto sería más fácil si el estado lograse transmitir a sus ciudadanos un sentido de responsabilidad y deber, el cual redujese la conversación a los “buenos” y ‘malos”. Es decir al ciudadano o ciudadana que cumple siempre con la ley; versus, el ciudadano o ciudadana que no cumple con la ley. Este momento del diálogo es importantísimo – pues todo el montaje del estado represivo se torna más costoso, en la medida que el/la ciudadano/ciudadana promedio no cumple con sus obligaciones y deberes. Este es tal vez el momento más importante de la crisis – el incumplimiento del deber ciudadano(a ) vis a vis la incapacidad del estado de intervenir sobre toda la población y mantener un régimen en apariencia de sistema democrático de poder.
Tomemos un ejemplo ocurrente que todos y todas comprendemos hoy en América Latina. Me refiero al asunto del narcotráfico. Es curioso pero ha emergido un consenso frágil aunque hegemónico (es decir con gran apoyo) de que las drogas/narco se deben legalizar. Sin entrar en las diferencias morales sobre el tema, la mirada que han impulsado muchos estados es que les resulta más fácil administrar las drogas legalizadas, que reprimirlas en su ilegalidad.
No me parece que el estado/latinoamericano se ha convertido en ser irracional (contrario a los postulados de la modernidad). Por el contrario, lo que me parece es que se hace un reconocimiento que no se puede luchar contra la población que mantiene dobles discursos en torno a las drogas/narco, por un lado de paz y no violencia, y por otro lado participa en la economía que genera este rubro. En esta medida, hay un reconocimiento que la ciudadanía coopera con la industria del narcotráfico, y más allá de asesinar/ser asesinado, confiscar o destruir sembradíos y capturas de drogas ilegales, será más fácil la intervención estatal por vía de la regulación. La derrota del estado, en apariencia y de forma momentánea, es una derrota sobre el derecho. Es decir, la población ha modificado al estado y a su instrumento de comunicación principal: el derecho/la ley.
En el país que vivo, Puerto Rico, se reproduce la misma lógica antes descrita. Un 28% de cada dólar que transita en nuestra economía, viene de ilegalidades. De ahí entre un 5 a un 8 porciento de dicho dinero proviene del narcotráfico. Las cárceles (metropolitanas y estatales) están llenas de convictos por casos de drogas (algunos de violencia otros de tráfico). La población joven/varón entre 20 a 24 años muere en guerras de narcotráfico y asuntos de violencia asociadas a un ritmo estadístico de 200 por cada 100 mil habitantes. Al día de hoy el estado solo reprime. Los jóvenes y nosotros, seguimos muriendo.
En fin, que el derecho no es panacea. Es sólo un instrumento para hacer el bien social, el bien común. Cuando en su aplicación no funciona, pues no da los resultados necesarios para dicho bien común, se hace necesario re-pensarlo. En América Latina, con todas sus contradicciones coloniales y post-coloniales, ¿no estaremos en un momento de re-pensar al derecho?