Panamá, 8 jun (PL) Un amplio debate genera hoy en la sociedad panameña la decisión gubernamental de legalizar a migrantes irregulares que permanecen dentro del país, rechazada por el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y otros sectores.
En lo que para algunos son síntomas de cierta xenofobia, la presencia masiva de extranjeros en Panamá es criticada por el CNA, porque opinan que debe existir "una política de Estado en materia migratoria, la cual debe definir el interés nacional, asegurando siempre los derechos de los panameños, como lo establece la Constitución".
El actual debate lo generó la promulgación de dos decretos ejecutivos, que establece la regularización de miles de foráneos que viven en el país sin estatus migratorio legalizado, y las normativas permitirán de forma selectiva ofrecer permisos de residencia a los mismos.
Al evaluar el rechazo de los abogados, algunos panameños consultados por Prensa Latina piensan que la molestia del gremio es por la pérdida de clientes, pues el proceso extraordinario planteado no requiere de letrados, lo que resulta obligatorio para todo tipo de trámites migratorios regulares.
Como parte de las críticas, el CNA recuerda que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) realizó ferias en estadios, llamadas Crisol de razas, en las cuales igualmente otorgaron permisos, pero de forma masiva, a miles de ilegales que llegaron por diversas vías a establecerse en esta nación.
El presidente del país, Juan Carlos Varela, rechazó los señalamientos e invitó a un debate sobre el tema a quienes tengan otras opiniones, mientras defendió su política al respecto, la cual se hizo pensando en la nación, aseguró.
Para los críticos de tales decisiones, se trata de premiar a los ilegales y por demás, estimular el tráfico de personas, además de no establecer ninguna prioridad para fuerza de trabajo calificada en varias esferas que requiere el mercado laboral nacional, por el contrario, muchos no tienen preparación y se dedican al comercio minorista.
Uno de los dos decretos ejecutivos está dirigido a los ciudadanos de China, que en cifra estimada por la Asociación de Chinos de entre 10 y 20 mil, entraron al país sin visa autorizada, en ocasiones por la frontera con Costa Rica.
Muchos de ellos tienen familia creada en Panamá, negocios, cuentas bancarias, inmuebles y otros vínculos, pero al no ingresar autorizados, no pudieron hasta el momento establecer su estatus migratorio, explicó a periodistas Javier Carrillo, director del Servicio Nacional de Migración.
Aclaró el funcionario que la regularización solo beneficiará a quienes ingresaron antes de enero de 2016, quienes deben demostrar un vínculo establecido con el país.
El otro decreto para la regularización abarca el resto de las nacionalidades, pero solo a quienes entraron legalmente al país, y para las tarifas de sus trámites los dividen en países con y sin acuerdo de supresión de visados, y los denominados "restringidos", los cuales no se especifican en el documento.