Centroamérica por unidad frente al crimen organizado

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Los integrantes de la Comisión Ordinaria de Seguridad de Centroamérica aprobaron en Honduras ocho proyectos tendientes a fortalecer las estrategias encaminadas a enfrentar el crimen organizado expandido en la región.

La reunión de policías, fiscales, jueces y militares validó esas iniciativas entre las 22 presentadas al foro, devenido antesala de la trigésimo novena cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuyas sesiones tendrán lugar en la capital hondureña los próximos días 28 y 29.

Entre esas propuestas destacan las relacionadas con la profesionalización de los operadores de justicia, el fortalecimiento para la coordinación de las instituciones, la seguridad fronteriza, eficacia del sistema penitenciario y el observatorio regional de seguridad democrática.

Proceso de integración

El secretario general de SICA, Juan Daniel Alemán, declaró que ese proceso integrador está en marcha, goza de buena salud y representa una opción para que la población de los países miembros alcance paz, libertad, seguridad y bienestar, publica el periódico El Heraldo.

En la venidera cita, el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, recibirá de manos de su par hondureño, Porfirio Lobo, la presidencia pro témpore del mecanismo regional, que detentó desde diciembre último, de acuerdo con el lapso de seis meses establecido para ese mandato.

Una lucha de todos será el eje temático de esta reunión 39, a la cual acudirá Nicaragua con la creación de la Unidad de Análisis Financieros, enfilada a contrarrestar el lavado de dinero, de bienes y activos ilícitos y el financiamiento al terrorismo.

Estará sobre el tapete, también, el propósito de instalar una corte penal centroamericana para juzgar delitos asociados al narcotráfico, lo cual contradice el funcionamiento, hace 20 años, de la Corte Centroamericana de Justicia, sólo reconocida en el área por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de legalizar las drogas como vía para frenar el crimen y la violencia asociados, desató una polémica en la cual analistas advierten el recelo porque se afecten las relaciones con Estados Unidos, el mayor consumidor mundial.