Uno de los mitos que propaga la prensa radial y escrita es la falla del independentismo en general y del PIP en particular en 'educar para la independencia'. Ahora, ante la crisis y la falta de alternativas dentro de los partidos coloniales, critican el por qué los independentistas no tienen 'un plan' para el advenimiento y sostenibilidad de la independencia. Es la teoría de responsabilizar a la víctima por la irresponsabilidad del liderato de los partidos que nos han llevado a la crisis -crisis cuyo origen se podía atisbar hace cincuenta años. Y que desde el independentismo fue anticipada por economistas como Antonio González, Pedro Parrilla, y Aristalco Calero- entre varios otros y que el presidente del PIP, Rubén Berríos, recoge, resume y añade recomendaciones para evitarla, en su libro la Independencia de Puerto Rico: Razón y Lucha, en particular en las páginas 268 a 355.
El proyecto de la independencia de Puerto Rico
Este artículo es un extracto de uno más amplio y con mayor formalidad donde pretendo recoger la visión sobre la independencia que las distintas organizaciones y dirigentes que la han representado han presentado al público a lo largo del siglo veinte y principios de éste. Destaco en particular el papel de la economía dentro de esas visiones; y que dentro de la limitación de recursos para promover la causa de la independencia, a lo largo de ese periodo se han realizado por llevar al mayor número de personas esa visión. Destacó también que existe un consenso dentro del independentismo en ese periodo sobre el papel de la economía bajo la república a pesar de las cambiantes circunstancias en l mundo, en la tecnología y en el orden internacional.
Podemos tomar como los extremos de ese consenso las percepciones de José de Diego -de una parte- y la propuesta de la Alternativa Socialista, elaborada por el Partido Socialista Puertorriqueño, de otra. Por un lado, un político pragmático como de Diego elaborando un modelo de transición a la independencia en el momento de mayor voracidad del imperialismo norteamericano en el Caribe. En el caso del Partido Socialista Puertorriqueño un modelo de una economía socialista para Puerto Rico, cuando todavía el orden económico internacional está controlado por potencias capitalistas en mayor o menor grado. Pero dentro de esos extremos existen aportaciones importantes que hay que evaluar, en el caso de José de Diego para ser justos con su visión conservadora en el momento de mayor voracidad imperialista en el Caribe; y en el caso del socialismo marxista, para ser justos con el devenir de la historia sobre el papel del estado en el desarrollo económico.
La contribución inicial al consenso moderno sobre la independencia la hace el Partido de la Independencia fundado por Rosendo Matienzo Cintrón, entre otros, en 1912. Su programa incluía, entre otras propuestas, la regulación de la economía, la posesión estatal de los bancos, los ferrocarriles y los servicios de comunicación; la promoción de empresas cooperativas y la promulgación de salarios mínimos, de pensiones para la vejez y de igualdad de derechos para la mujer.
Para Albizu la primera función del estado nacional sería el rescate de la riqueza nacional y la supresión del latifundio. La segunda función es acceder a los mercados internacionales y establecer la autonomía arancelaria fundamentada en los tratados con las naciones con las que se ha de comerciar-incluyendo a los Estados Unidos. Sobre este particular dijo:
"Antes de haber tenido lugar la invasión norteamericana más del 40 por ciento de nuestro comercio extranjero era con Estados Unidos. No hay razón por la que no se pueda llegar a un arreglo amistoso de mutua conveniencia con el debido respeto a la independencia de Puerto Rico.
Después que el Poder Ejecutivo de Estado Unidos representado por su presidente Franklin D. Roosevelt, ha reconocido el derecho de Puerto Rico a ser una nación independiente, pueden establecerse relaciones amistosas verdaderas entre las dos naciones para su mutua conveniencia."
Para esa misma época, el entonces recién exsenador del Partido Liberal y presuntamente independentista, Luis Muñoz Marín se dirige al Secretario del Interior de los Estados Unidos con el siguiente planteamiento:
"With local tariff-making and treaty-making powers, Puerto Rico could:
1. successfully recreate a class of small land holders
2. increase food production
3. develop its coffee industry
-all this with a negligible adverse effect on the economy of the United States."
La fundación del PIP coincide con la reorientación del programa de Fomento Industrial para depender del capital externo; y con el proceso que culminaría con la modificación limitada del régimen colonial, cuyo desenlace actual ya conocemos y deberíamos haber conocido. Hasta ese momento -1946-1952 - el planteamiento independentista con las modificaciones ideológicas de rigor coincide en los siguientes planteamientos:
1. El reconocimiento del derecho del pueblo o de sus representantes electos para convocar a una convención constituyente que simultáneamente redacte una constitución y autorice a una comisión a negociar un tratado de transición con la parte correspondiente del gobierno norteamericano.
2. El tratado debe contener un periodo de transición de cinco a diez años para disponer de las propiedades y funciones del gobierno federal, y acordar un trato especial temporero a las exportaciones hacia Estados Unidos con reciprocidad de nuestra parte sobre una lista de mercancías a importarse desde Estados Unidos.
3. La república iba a garantizar el aumento en la refinación de azúcar en Puerto Rico; la diversificación de la agricultura - con una redistribución de la tierra -, la protección de la producción doméstica de acuerdo a nuestras necesidades y la negociación de acuerdos internacionales con otros países.
El liderato independentista en general y el PIP en particular, estaban convencidos de que las oportunidades que brindaba a la república la libertad de comercio, la protección tarifaria, la diversificación de la agricultura y la industrialización con recursos del país no sólo beneficiaría a la economía de Puerto Rico sino al comercio con los Estados Unidos. Existía la convicción de que no importa las limitaciones de extrema pobreza bajo el régimen colonial norteamericano, el gobierno de la república sería más eficaz y justo que lo que fueron en la práctica la casi totalidad de gobernadores americanos.
En la década del 1960 ante los intentos de reavivar la discusión del caso colonial de Puerto Rico en la ONU y en el contexto de la creciente influencia de la Revolución Cubana en Latinoamérica, el Gobierno Federal en un intento por apuntalar al régimen colonial crea la Comisión de Status con el fin de demostrar que su modelo económico era superior a las alternativas de estadidad o independencia. Los dos fundamentos del Informe Final eran que el modelo colonial estaba basado en un acuerdo entre el Gobierno Federal que no se iba a alterar unilateralmente y por el reconocimiento mutuo de la dependencia de la economía puertorriqueña en la economía norteamericana para la continuación del llamado progreso. Ya sabemos que ha quedado meridianamente claro que Puerto Rico siempre estuvo bajo la cláusula territorial de la constitución norteamericana y que la dependencia en los Estados Unidos no ha evitado el colapso de la economía colonial.
Como reacción a los debates suscitados a raíz del informe de la Comisión de Status y el plebiscito resultante el Presidente del PIP, Rubén Berríos, recoge en varios ensayos publicados en 1983 los planteamientos críticos que economistas independentistas le habían señalado al modelo colonial, subrayando que la dependencia en la inversión externa basada en créditos contributivos, el creciente endeudamiento gubernamental de fuentes externas al insistirse en no estimular el ahorro doméstico y pretender imitar los patrones de consumo de los Estados Unidos (con tres veces el ingreso personal de Puerto Rico) estaban creando frenos al desarrollo económico, según reconocido entonces también por el Informe Tobin de 1975. A ese coctel dañino, añade el abandono de la agricultura, cuando estudios realizados entonces habían demostrado el impacto positivo que una moderada política de sustitución de importaciones tendría sobre el desarrollo económico. El mensaje que transmite el presidente del PIP es que sólo la independencia provee las herramientas para diversificar el comercio exterior, proteger adecuadamente la agricultura, aprovechar la sustitución de importaciones e integrar los distintos sectores de la economía; además de tener una política monetaria que estimule el ahorro y evite el endeudamiento externo excesivo. Advierte además sobre el peligro de no atender el problema de la distribución del ingreso. Tanto la mala distribución del ingreso como la dependencia en la exención contributiva industrial crean una presión adicional sobre las finanzas del gobierno como ha quedado manifestada en la crisis que se ha acumulado desde el 2007.
La discusión sobre el status de Puerto Rico se congeló en Washington hasta el proceso de 1989-1991. Producto de ese proceso fue el SB-712-Puerto Rico Status Referendum Act, Title III - Independence, que establece las condiciones aceptables para el Congreso de una transición ordenada hacia la independencia. Bajo las disposiciones de esta legislación - que no confrontaron objeciones cuando se discutió en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos se establecía un periodo de transición en las relaciones económicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos a partir de la fecha de proclamación de la independencia que tomaría entre 10 y 25 años. Lo crucial de esta oferta de independencia es que no se le estigmatiza como inferior al modelo colonial, y porque contrario al Informe de la Comisión de Status de 1965, no hubo objeción a esta oferta por parte de los senadores que pertenecían a la comisión senatorial con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.
El consenso independentista sobre política económica de transición a la independencia recoge los siguientes planteamientos:
1. Libertad para hacer tratados comerciales y financieros, bilaterales y multilaterales que nos permita la ampliación de los mercados de exportación y la obtención de materias primas y fuentes de financiamiento más baratas.
2. Utilizar aquella opción de política monetaria más conveniente a nuestra necesidad de comercio internacional y de estimular el ahorro nacional.
3. Conservación de terrenos agrícolas para una mayor autosuficiencia alimentaria y lograr un mayor grado de sustitución de importaciones.
4. Acceso a medios de transportación marítima más baratos.
5. Utilizar los recursos financieros y organizativos del movimiento cooperativo para desarrollar un empresarismo nacional y comunitario.
6. Un tratado de amistad con los Estados Unidos fundamentado en lo incluido en el SB-712-(1989-1990) adecuado a la realidad actual.
7. Un papel del estado como garante de los derechos humanos fundamentales y del acceso de toda la población a bienes públicos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda.
Si se puede resumir en una frase la aspiración del independentismo esta sería que la independencia es para unirnos al mundo y proteger lo nuestro
[Nota editorial: por la aportación al debate en torno a la independencia de Puerto Rico, publicamos esta versión editada para nuestro medio, El Post Antillano, del abogado y Carlos Frontera Santana, asesor legislativo del Partido Independentista Puertorriqueño, la cual circula hoy por las redes sociales].