En los pasados día se produjo un incidente que involucra dos buques de la ExxonMobil y la Fuerza Armada venezolana en aguas bajo disputa territorial entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. En lo que se conoce como la porción Oeste del “bloque de exploración Stabroek”, con una extensión de 26,800 kilómetros cuadrados, un navío de la armada venezolana intervino con labores que llevaba a cabo el buque Ramform Tethys, contratado por la transnacional ExxonMobil. De acuerdo con declaraciones hechas por Sadio Garavini, ex embajador venezolano en Georgetown, capital de Guayana a la Agencia de noticias Sputnik, el incidente complica aún más la situación que enfrenta el presidente Maduro.
Indica la noticia publicada que, de acuerdo con la versión de este ex embajador venezolano, mientras se desarrollaba el patrullaje usual de buques de la armada venezolana, se divisaron dos buques de exploración sísmica contratados por la multinacional ExxonMobil en proyección hacia el Delta del Orinoco reclamado por Venezuela como parte de su soberanía nacional.
Para entender la base material de este incidente, es necesario la comprensión amplia de las circunstancias que llevan al diferendo entre estos dos países suramericanos.
La República Cooperativa de Guyana se encuentra localizada en la región norte de América del Sur entre la Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta con una extensión territorial de 214,970 mil Kilómetros cuadrados. Es el tercer país más pequeño del continente precedido por Surinam y la República Oriental del Uruguay. Cuenta con una población estimada en 2016 en 783,769 habitantes. En su origen fue una colonia holandesa junto a lo que hoy se conoce como Surinam, aunque en 1796 pasó lo que constituye hoy la República Cooperativa de Guyana pasó a manos del Reino Unido de la gran Bretaña.
De acuerdo al libro titulado Guayana Esequiba, Historia de un Despojo, publicado en Venezuela, la disputa sobre este territorio que comprende una superficie de 159,542 Km. cuadrados, el cual colinda con la República Cooperativa de Guyana, se retrotrae a un viejo diferendo que data ya de más de dos siglos entre la recién fundada República de Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Hacia 1777, el Imperio Español creó, mediante la Real Cédula de Carlos III en lo que hoy es suelo venezolano, una Capitanía General. Cuando el 5 de julio de 1811 se firma el Acta de Independencia de Venezuela, esta última hereda la totalidad del territorio perteneciente a la anterior Capitanía General. Pocos años después, hacia 1814, colonos ingleses comienzan a asentarse en territorios que pertenecieron a Holanda en las regiones de Demerara, Berbice y Esequibo, lo que provocó la protesta del Libertador Simón Bolívar. Con su separación de Colombia en 1830, Venezuela consigna en el Artículo 5 de su Constitución, el dominio del nuevo Estado sobre el territorio de la anterior Capitanía General. En 1831, sin embargo, como parte de su política imperial, Gran Bretaña constituye la llamada Guayana Británica, colonia fronteriza con territorio venezolano, lo que incrementa el traslado de sus colonos hacia territorio esequibo.
En 1835, Robert Hemmann Schomburgk trazó un mapa, de Este a Oeste, estableciendo una línea fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica; y más adelante, trazó un segundo mapa, de Norte a Sur, equivalente a una superficie de 141,930 Km. cuadrados, definiendo el territorio esequibo. Lo anterior llevó a una protesta por parte del entonces gobierno de Venezuela ante el gobierno británico, abriendo así paso a las primeras negociaciones sobre un conflicto fronterizo entre ambos Estados a partir de 1844. En las negociaciones, Venezuela reclamó el reconocimiento del Río Esequibo como límite fronterizo histórico entre Venezuela y la colonia británica reclamando su soberanía sobre el territorio esequibo. El proceso británico de traslado de población y colonos no cesó, como tampoco cesó su proyecto expansionista. Hacia 1888, el Reino Unido reclamaba el control de 203,310 km. cuadrados.
En 1897 las partes en disputa suscribieron un Tratado. En virtud del mismo se comprometieron a resolver su diferendo mediante un arbitraje internacional. Se creó un panel arbitral compuesto por cinco integrantes con sede en París en el año 1899 integrado por dos representantes por cada parte y un quinto miembro neutral al conflicto. Sin embargo, Venezuela, ante las exigencias del gobierno de Estados Unidos, se sometió a la voluntad de este país a los fines de que sus representantes en el panel de arbitraje fueran designados por el gobierno de Estados Unidos, para lo cual fue el Congreso estadunidense el que hizo las designaciones. El quinto miembro del panel también fue escogido por otra potencia imperial, el Imperio Ruso.
Tras seis sesiones consecutivas, el panel de arbitraje emitió en forma unánime su laudo concediendo a Venezuela sólo la soberanía sobre la desembocadura del Río Orinoco y una porción contigua al Este de la misma; mientras que al Reino Unido de la Gran Bretaña, le adjudicó la porción Oeste al Río Esequibo hasta los ríos Venamo y Cuyuní, en una línea de mil kilómetros. Entre 1900 y 1905 se designaría una Comisión Mixta para demarcar las fronteras entre las partes.
Tras el fallo favorable, el Reino Unido propuso otro arbitraje internacional, esa vez sobre una porción territorial de 33,200 km. cuadrados, hacia el Sur, en la frontera con Brasil. En esta ocasión, el fallo provendría en 1904 del Rey de Italia, Víctor Manuel III, confiriendo al Reino Unido de la Gran Bretaña una superficie de 19,630 km. cuadrados adicionales, y a Brasil una zona de 13,570 km. cuadrados. El territorio otorgado al Reino Unido de la Gran Bretaña forma también parte del actual reclamo de la República Bolivariana de Venezuela frente a la República Cooperativa de Guyana.
En 1962 el gobierno de Venezuela llevó su reclamo del territorio al Oeste del Río Esequibo ante la Organización de las Naciones Unidas. Alegó la nulidad del laudo arbitral de 1899 basada en varios puntos: (a) engaño y mala fe por parte del Gobierno del Reino Unido; (b) falta de notificación adecuada del laudo; y (c) colusión por parte de los países miembros del panel de arbitraje en su contra.
Luego de discutir largamente las diferencias, se alcanzó un acuerdo entre las partes conocido como “Acuerdo de Ginebra”, el cual fue suscrito el 17 de febrero de 1966. El Acuerdo, si bien invalida el laudo de 1899, deja pendiente de resolución futura el diferendo entre ambas partes. Este Acuerdo se produjo en fecha cercana a la renuncia del Reino Unido de la Gran Bretaña de su dominación colonial sobre la llamada Guayana Británica, evento que ocurrió el 26 de mayo de 1966, dando paso a la creación de la República Cooperativa de Guyana.
Durante cuatro años siguientes a la renuncia británica, las partes se reunieron inconsecuentemente con miras a alcanzar un acuerdo sobre el diferendo territorial. En 1970 firmaron el Protocolo de Puerto España, acordando dejar en suspenso las conversaciones por espacio de doce años. Para 1982 el gobierno venezolano determinó dejar sin efecto el Protocolo proponiendo reiniciar conversaciones directas con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. La repuesta de Guyana fue solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia, petición ésta que fue aceptada por el entonces Secretario General de la ONU.
El 3 de marzo de 1999 se produjo la visita a Guyana de una comisión integrada por 15 funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para tratar el asunto del territorio en disputa. Se logró el acuerdo de nombrar una Comisión Binacional de Alto Nivel entre ambos Estados. Sin embargo, ese mismo año, en el mes de julio, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela notificó, mediante una nota formal al gobierno de la República Cooperativa de Guyana, su protesta por la entrega de concesiones por este último a compañías petroleras como CGX, Energy, ExxonMobil y Shell para la exploración en la plataforma marítima del territorio en disputa. Más adelante, en el año 2000, la República Bolivariana de Venezuela, también protestó la concesión por parte de la República Cooperativa de Guayana a Estados Unidos de derechos para establecer en el referido territorio una plataforma de lanzamiento de cohetes.
Es importante recordar que, en el territorio conocido como Guayana Francesa, el cual hoy se encuentra incorporado a Francia como uno de sus departamentos de ultra mar, este país europeo también mantiene un centro de lanzamientos de cohetes al espacio. Desde allí Francia coloca sus satélites en la atmósfera, a la vez que desarrolla investigaciones de todo tipo, incluyendo su posicionamiento militar en la carrera espacial.
Los incidentes y denuncias por parte de la República Bolivariana de Venezuela a las acciones del gobierno guyanés han sido consistentes, como consistentes han sido lo que Venezuela considera son provocaciones contra su país. A pesar de que Guyana se ha adherido a proyectos de integración suramericana como son la UNASUR, el CARICOM y la CELAC, las diferencias entre ambos gobiernos persisten.
El 15 de noviembre de 2007 se produjo un incidente fronterizo cuando, según el gobierno guyanés, un grupo de cuarenta militares venezolanos entró en aguas en disputa entre ambos países para volar dos dragas en el Río Cuyuní.
Existe una diferencia de capacidad militar entre ambos países ya que la República Cooperativa de Guyana, distinto a la República Bolivariana de Venezuela, no cuenta con fuerzas armadas estructuradas, sino que más bien depende de unas reducidas Fuerzas de Defensa de Guyana. Para Venezuela, sin embargo, la salida del diferendo territorial y marítimo no es mediante la acción armada. Tanto el gobierno de Hugo Chávez Frías como el de Nicolás Maduro han apostado a una solución diplomática al conflicto territorial. Las acciones unilaterales de Guyana, sin embargo, con el apoyo de Estados Unidos y el capital transnacional, apuestan a la no resolución del conflicto entre ambos países. La posición de la República Cooperativa de Guyana de continuar ofreciendo concesiones al capital transnacional estadounidense en territorios y lecho marítimo de los territorios en disputa ciertamente no abona a una solución al problema.
Tras la llegada al poder en Guyana de David Graner, el gobierno venezolano denunció las acciones de Guyana en torno al territorio esequibo como una ¨peligrosa provocación¨. El gobierno venezolano, por su parte, a través de su Asamblea Nacional, aprobó el Decreto Núm. 1859 estableciendo zonas de defensa marítima y creó la “Comisión Presidencial para los asuntos limítrofes”. A su vez, hizo el llamado a su representación diplomática en Guyana a tomar acciones en torno a sus reclamos territoriales y solicitó la intervención de las Naciones Unidas para que actuara como mediadora del conflicto. Más adelante, con la participación de la totalidad de los partidos políticos a favor de la medida, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, apoyar la defensa del derecho de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
En el pasado hemos señalado que la situación de tensión entre los dos países podía dar lugar al desarrollo de un conflicto mayor, particularmente en momentos en que sobre Venezuela se desarrolla un proceso desestabilizador de su gobierno y su revolución por parte de Estados Unidos y sus aliados regionales. Señalábamos que un incidente de mayores proporciones en la frontera con la República Cooperativa de Guyana podría llevar a una intervención imperial en la región de parte de Estados Unidos, como también de su aliado el Reino Unido de la Gran Bretaña. No es la primera vez que tal escenario ocurriría. Así fue por ejemplo durante la campaña militar argentina en Las Malvinas. El desarrollo de un conflicto que arrastre a Venezuela a una confrontación armada en el territorio de la Guayana Esequiba, como un conflicto adicional al cual se sume por otro lado de su frontera Colombia, y la incertidumbre que acarrea los desarrollos políticos futuros en Brasil, junto al fortalecimiento de una oposición interna en Venezuela, presentan un escenario muy difícil para la ya inestable situación política en el país.
En el mes de marzo de este año, la República Cooperativa de Guyana solicitó de la Corte Internacional de Justicia que asumiera jurisdicción en la búsqueda de soluciones a la controversia territorial se soberanía sobre la Guyana Esequiba. Este reclamo obtuvo el apoyo de dos Secretarios Generales de la ONU, el anterior Ban Ki-moon y el actual, Antonio Guterres.
Se indica que la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) ha manifestado su preocupación por el incidente en el que dos buques contratados por la ExxonMobil fueron interceptados por el buque de la armada venezolana. Sin embargo, la posición del CARICOM no es neutral. De acuerdo con la página electrónica Cubanet.org de 26 de diciembre de 2018, CARICOM, al señalar su preocupación, califica el incidente como una violación de “los derechos soberanos de Guyana bajo la ley internacional”, señalando de paso que constituye “una amenaza al desarrollo económico de ese país.” De igual manera, asumiendo posición sobre el conflicto, Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que su país está “supervisando los reportes de que la Armada Venezolana pudo haber interferido con los buques que operan en nombre de ExxonMobil”. Subraya el comunicado que “Guyana tiene el derecho de explorar y explotar recursos en sus aguas territoriales y zona económica exclusiva.” Se indica por Cubanet.org que el pasado 3 de diciembre, “la empresa estadounidense realizó su décimo hallazgo de petróleo en menos de cuatro años entre las costas de Guyana, lo que eleva su potencial de producir diariamente más de 750,000 barriles diarios para 2025.”
Organismos como CELAC y UNASUR, e incluso otros organismos de integración regional suramericana y caribeña, que podrían tener un importante papel que jugar en estos momentos para la búsqueda de salidas negociadas a diferentes conflictos que se heredaron de las guerras anticoloniales del Siglo XIX y de aquellas otras que fueron desarrolladas por las diferentes oligarquías en los pueblos recién independizados, hoy mantienen un bajo perfil en la región. Las causas de esta realidad responden a los cambios desarrollados en los pasados años en países como Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil, a lo que se sumó la situación en Colombia, donde gobiernos neoliberales instalados han debilitado la visión integradora de los pueblos suramericanos y caribeños impulsados desde el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en sus relaciones.
Los lastres de aquellos procesos del Siglo XIX siguen impactando y dificultando los procesos políticos del Siglo XXI en América Latina. Una salida negociada, o una salida al amparo de procedimientos legitimados por las partes en conflicto a escala internacional, siempre serán superiores a cualquier solución armada entre pueblos hermanos, entre pueblos víctimas de la dominación imperialista a lo largo de su historia.