La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares de violaciones al plan fiscal propuesto al gobierno de Puerto Rico.
El propósito del plan está dirigido exclusivamente a incorporar información actualizada, incluyendo ajustes técnicos y no renegociar política pública, según la JSF, que le dio hasta el viernes al gobierno de Puerto Rico para devolverlo corregido.
Al no incluir información detallada con respecto a reformas estructurales críticas, ni tampoco datos puntuales sobre proyecciones, mientras propone un sinnúmero de acciones de política pública incongruentes con los criterios de la legislación Promesa, impuesta por Washington.
Según la JSF, hay deficiencias que requieren revisiones significativas e información adicional para poder certificar, conforme a los requerimientos de la ley Promesa, el plan fiscal propuesto.
En cambio, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, rechazó que el plan fiscal sometido por el gobierno al organismo de siete miembros incumpla con los términos que establece la legislación federal dirigida a Puerto Rico para garantizar su deuda pública de más de 70 mil millones.
'Rechazamos categóricamente el planteamiento de que nuestra propuesta no cumple con la ley; nuestra propuesta de plan fiscal refleja los números más certeros y recientes del comportamiento fiscal de la isla', refutó Sobrino Vega en declaraciones escritas.
Aprovechó para recordar a la JSF que en una carta del 18 de enero de 2019 había anunciado que tenía la intención de enviar esta comunicación de violación, por lo cual cuestiona la precisión con la que se evaluó la propuesta gubernamental.
El funcionario invitó a los integrantes del organismo nombrado por el Congreso y la Casa Blanca a ejercer mayor diligencia al evaluar la próxima propuesta de plan fiscal que someterá el gobierno de Puerto Rico, no más tarde del próximo viernes.
'En la medida en que la JSF pida de buena fe información adicional, se le proveerá; en cualquier instancia, la política pública del gobierno de Puerto Rico continúa y continuará siendo establecida por el gobierno electo del Pueblo de Puerto Rico', reiteró Sobrino Vega.
Este es un punto de controversia desde que entró en vigor la JSF a controlar las finanzas de Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos desde 1898.