En épocas remotas cuando alguien te causaba daño, el agraviado tomaba la justicia en sus manos y resolvía de forma agresiva y restablecía su dignidad y la de su familia. Gradualmente con el pasar del tiempo y luego del establecimiento de los gobiernos en lugar de pelear recurrimos a demandar.
Desde entonces dependemos de los abogados para que nos representen en los tribunales de justicia. Lo curioso es que los abogados, contrario a los médicos, no hacen decisiones finales. Es el juez el que en todos los casos toma las decisiones finales. El juez en el estrado y los abogados, el acusado y los testigos están en el tribunal en un plano inferior. En todo procedimiento legal siempre hay un ganador y un perdedor. Además de respeto, los abogados les temen a los jueces. Si el abogado incurre en una falta de conducta ante el tribunal recibirá un castigo de parte del juez. De hecho, es el Tribunal Supremo el que admite a los abogados a la práctica de su profesión y a la vez evalúa las querellas por conducta no-ética en contra de los abogados y en múltiples ocasiones estos son sancionados y separados de la práctica de su profesión. Se supone que tanto los abogados como los jueces, que primero son abogados busquen y decidan sus casos basados en la justicia; pero en muchas ocasiones esto no ocurre.
Por el contrario, los médicos, de cualquier especialidad toman decisiones que son finales; tratan al paciente con la intención de curarlo o de mejorar su calidad de vida. Si el médico incurre en un error involuntario será demandado. Pero, me pregunto, ¿cuántos abogados se atreven a demandar a otro abogado por haber incurrido en algún error durante la práctica de su profesión. Y cuando es el juez o el tribunal el que hace un error o se hace una decisión basada en prejuicio, discrimen o con la intención de hacer daño; ¿qué remedio tiene el perjudicado? ¿Cómo se prueba la intención de hacer daño? ¿Quién decide eso, otro juez? Entonces sí que estamos en una encerrona judicial en la que los jueces pertenecen al mismo gremio o cofradía y se protegen los unos a los otros. ¿Qué opciones tiene el perjudicado por ese tipo de actuación de un tribunal? Los abogados que les temen a los jueces argumentan que éstos tienen inmunidad absoluta. Se basan en casos decididos por la Corte Suprema de Estados Unidos. Uno de los casos que se utiliza para afirmar que los jueces tienen inmunidad absoluta es el caso Stump v Sparkman decidido por el Tribunal Supremo federal en el 1978. Es hasta curioso el nombre del juez, Stump, que tiene varios significados, como desconcestar, dejar perplejo, problema muy difícil o patear.
Stump v Sparkman, 43 U.S. 349 (1978) es el caso que se utiliza en la judicatura de Estados Unidos para afirmar que los jueces tienen inmunidad absoluta. Ese caso se considera como el más controversial de la historia reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La doctrina de inmunidad judicial fue adoptada por la Corte Suprema Federal en Bradley v Fisher, 80 U.S. (13 Wall) 1871 y en Pierson v Ray 386 U.S. 547, 1967. En ambos casos estuvo presente la opción de apelación.
El 9 de julio de 1971 acudió ante el Juez Stump la señora Ora Spitler McFarlin de Auburn, con una petición solicitando que su hija Linda Spitler de 15 años fuera esterilizada. Alegaba la madre que su hija padecía de retardación mental leve, que estaba frecuentando reuniones con jóvenes de su misma edad y temía que quedara embarazada. El Juez Stump firmó ese mismo día la orden de esterilización sin escuchar a la joven, sin escuchar representación legal o de solicitar una evaluación psicológica o psiquiátrica. Tampoco se registró en los archivos de la corte su autorización de esterilización. El 15 de julio de 1971 Linda Spitler fue ingresada al Hospital De Kalkb Memorial. La paciente fue informada de que le iban a remover el apendix, pero la realidad es que fue esterilizada, se le ligaron los tubos de Falopio haciéndola estéril. En el 1973, a los 17 años Linda contrajo matrimonio con Leo Sparkman. Ante la imposibilidad de quedar encinta ella y su esposo demandaron a su madre, al cirujano, el hospital y al Juez Stump. El juez de distrito desestimó el caso a favor del Juez Stump. El matrimonio Sparkman acudieron al Tribunal Apelativo. Esa corte a través del Juez Luther M. Swygert concluyó que no había base estatutaria o de ley para que la corte ordenara la esterilización de un menor y revocó al tribunal inferior. El Juez Stump y codemandados acudieron al Tribunal Supremo que aceptó el certiorari y revocaron al Tribunal de Apelaciones. La votación del Tribunal Supremo fue de 5 a 3. Esa mayoría indicó que el Juez Stump tenía inmunidad absoluta por sus actos judiciales aún si ese ejercicio de autoridad incluyera la comisión de graves errores procesales!!!
Esa decisión del Tribunal Supremos Federal es una totalmente elitista que no ofrece garantías a los humildes, a los ignorantes y a los pobres que no pueden contratar a los mejores abogados del país. Ese fallo adverso a la perjudicada Linda Sparkman es un claro indicio de como los educados pueden atropellar a los no educados y pobres del país supuestamente más democrático del mundo y cuya Constitución indica que todos somos iguales ante la ley; excepto los jueces.
El concepto de acto judicial implica: 1. Que es una función normalmente llevada a cabo por un juez y 2. Que las partes lidiaron con el juez en su capacidad judicial. La mayoría del Tribunal Supremo aceptó que el Juez Stump pasaba la prueba de concepto judicial a pesar de que su acción fue argumentativamente trágica. La mayoría fueron los jueces Byron R. White, Warren Burger, Harry Blacknum, William Rehnquiest y John Stevens. Los disidentes fueron los jueces Potter Stewart, Lewis Powell y Thurgood Marshall. Los disidentes concluyeron que la acción del Juez Stump no tenía ni semejanza a un acto judicial. Esa acción del juez no había ocurrido antes ni después de la decisión del Juez Stump. El Juez Stewart indicó que los principios de decisión judicial conlleva tres asuntos: 1. La presencia de litigantes, 2. Evaluar los méritos y 3. La oportunidad de apelar. Si esos elementos están ausentes no se puede conceder inmunidad judicial y una demanda civil debe reparar el daño causado. Por tanto la doctrina de Bradley de inmunidad judicial se hace inoperante.
A los ciudadanos de la comunidad de De Kalb aparentemente no les interesaban los derechos de Linda ya que reeligieron al Juez Stump por seis años adicionales. El Juez Stump falleció en el 1993. Leo Sparkman se divorció de Linda. Linda Sparkman se cambió el nombre a a Jamie Renae Coleman y junto a su amiga Paula Headley escribió en el 2003 el libro, The Blanket She Carried.
El caso Sstump v Sparkman resultó en una historia de horror para Linda Sparkman, le destruyeron su vida.
Es increíble e inaceptable la tiranía del estrado de los tribunales de justicia de Estados Unidos y que se pretende aplicar en la colonia de Puerto Rico.
En Puerto Rico el caso Feliciano Rosado v Matos Jr. Establece la jurisprudencia local con relación a la inmunidad judicial y rechaza la inmunidad absoluta y establece que la inmunidad es condicionada. En ese caso el Hon. Antonio Negrón García indicó que nadie, ni los jueces están por encima del imperio de la ley.