La profesión de abogado/a, según la conocemos en los tiempos modernos, puede encontrarse en su fase final. Puede ser una larga agonía o una profunda transformación. Una cosa o la otra, es el resultado del impacto de la revolución de la información.
Como todo trabajador - físico o intelectual -, la relación del abogado con la máquina y la tecnología determina su relación social, su producción y su desarrollo.
Toda revolución económica – desde los inicios de las civilizaciones, pasando por las industriales, hasta ésta que se denomina de la información – implica vínculos estrechos entre las personas y las máquinas.
Las invenciones de máquinas para cultivar la tierra, recoger sus frutos y luego convertirlos en materia prima para las industrias, acompañan y definen cada evento revolucionario. A la par de toda revolución, hay progreso y también desintegración. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, lo expresaron en una oración magistral: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”.
Toda revolución política o económica altera, para bien o mal, las relaciones sociales y los modos de producción. La revolución tecnológica crea, entre otras cosas, desempleo tecnológico.
Como sabemos, porque así lo indica la historia, de nada vale resistirse a los cambios tecnológicas. O nos adaptamos a ellos o somos desplazados.
La profesión legal se halla en una fase de cambio, en el cual hay progreso, pero también desintegración. Mientras aumenta la relación con la máquina, se reduce la relación con el cliente, con la sociedad y sus agencias. El lado positivo, que no es de poca monta, es la reducción del “papeleo”, de espacios de almacenamiento y de basura.
Aunque parezca ciencia ficción, atisbo un futuro no muy lejano en el cual la inteligencia artificial sustituya, en gran medida, a los abogados. (Para algunas personas, puede ser una buena noticia.)
Por suerte el fin de la profesión aún está distante. Aún somos el instrumento necesario que lo protege a los ciudadanos de gobiernos y situaciones insoportables. Aún somos los guardianes del derecho imparcial y de la justicia alcanzable.
La revolución de la información ha provocado cambios, tensiones y dificultades en la práctica de la profesión. La tecnología vino para quedarse, pese a sus costes y complicaciones técnicas. El internet no siempre es un amigo fiel. Muchas veces nos traiciona cuando más se le necesita.
Para cumplir con los reclamos del tribunal electrónico, el abogado solitario debe equipar su oficina con aparatos (hardware) y sistemas informáticos (software) costosos, que exigen reparaciones y reajustes constantes.
Mucho se ha hablado recientemente de la situación precaria de nuestra profesión. Hay, por supuesto, una relación directa entre la crisis fiscal del país – que se ha extendido por más de dos décadas – y la situación económica frágil de cientos de abogados, quizás de miles. Curiosamente, este escenario coincide con el desarrollo del concepto Acceso a la Justicia. El llamado “acceso a la justicia” se construye sin la participación de los/as abogados/as. Según el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Luis F. Estrella Martínez, “los gastos de contratación de abogados, el financiamiento de los gastos del litigio y el costo de la solución de las disputas constituyen una de las principales barreras que se entrecruzan con otras para provocar la impenetrabilidad al sistema de justicia”. (Véase su libro Acceso a la Justicia, Derecho Humano Fundamental, Ediciones Situm, 2017, pág. 20)
El texto es una valiosa aportación al estudio del concepto Acceso a la justicia. Pero parece indicar que para reducir los costes de litigación es más conveniente que el ciudadano acuda al tribunal por derecho propio. De hecho, entre 2012 y 2015, el número de personas orientadas por el Centro Pro Se ascendió a más de 175,000.
No sé si hay estadísticas que demuestren que los abogados reclamen altos costes de contratación. Pero una investigación empírica realizada por don Jaime B. Fuster Berlingieri (QEPD) entre 1970 y 1974, reveló que el “87% de los abogados entrevistados toma en seria cuenta la condición económica del cliente al determinar los honorarios que deben cobrarse”. (Véase de Fuster el libro Los abogados de Puerto Rico: Fundamentos para una Sociología de la Profesión Legal, Graficart Corp. 1974)
Lo cierto es que en Puerto Rico el acceso a la justicia descansa en los espaldas de sus abogados y abogados en la práctica privada. No somos el problema. Somos generalmente la llave que abre la puerta de las soluciones, de la paz y la armonía social. Sugiero el reexamen del concepto “Acceso a la justicia.” Los/as abogados/as tenemos mucho que decir y aportar.