El 20 de octubre de 2019 los electores bolivianos recurrieron a las urnas para la elección de su presidente y vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que para ser electo en una primera vuelta electoral, el candidato a la presidencia y su compañero(a) de boleta como vicepresidente deben obtener la mayoría absoluta de los votos de aquellos que participaron en el proceso; o guardar una distancia de más del diez por ciento de los votos (10%) respecto al candidato que llega en la segunda votación. De lo contrario, sería necesaria una segunda elección entre los dos candidatos más votados y el que gane en esa segunda vuelta electoral, sería la persona que asumiría la presidencia.
En el caso de aquellas elecciones, de no haberse alcanzado la mayoría absoluta por alguno de los candidatos a la presidencia; o sin alcanzarla, que la distancia con relación al segundo no fuera mayor al mencionado 10% de los votos, se tendría que efectuar una segunda vuelta el 15 de diciembre de 2019; es decir, dentro de los noventa días siguientes a la primera elección tal cual mandata la Constitución. Las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país, a diferencia de otras candidaturas, compiten a nivel nacional para dichos puestos.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme al artículo 166 de la Constitución, se vota mediante sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. De acuerdo con el artículo 171, los electores también tienen a su alcance el mecanismo de consulta revocatoria para los casos de la presidencia y vicepresidencia. Esta elección debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se formalice y se cumpla con los requisitos de ley.
El proceso de aquella campaña electoral en Bolivia se desarrolló en el marco de la derechización de algunos de los gobiernos sudamericanos. Tales fueron los casos de Chile (con la que Bolivia mantiene un diferendo heredado de conflictos bélicos del siglo XIX cuando Bolivia perdió su acceso al mar a través de la región sur de su territorio); y los casos de países vecinos como Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú.
Aquellas elecciones se produjeron, además, en momentos no sólo inciertos, sino también difíciles para la izquierda latinoamericana. Los comicios se llevaron a cabo en un contexto precedido por la campaña lanzada por varios países de América Latina, Estados Unidos, algunas voces trasnochadas con sus propios problemas y limitaciones, desde la Unión Europea y de la OEA contra la República Bolivariana de Venezuela. Entre otras acciones destacan la promoción, no sólo intentos desestabilizadores, golpistas y de clara amenaza de intervención militar; sino también, de un contexto donde tales amenazas y maquinaciones se extendían además hacia Cuba y Nicaragua. Parte del esquema de la oposición en Bolivia fue intentar deslegitimar el resultado de las elecciones, incluso antes de que la misma se hubiera efectuado.
De acuerdo con datos oficiales, luego de completado el examen del 100% del voto emitido, Evo Morales se posicionó con el 47.07% de los votos, mientras el candidato Carlos Mesa se situó con apenas poco más del 36.51%. Es decir, si bien Evo no alcanzó la mayoría absoluta, quedó a una distancia superior al 10% de los votos sobre su principal rival. Bajo esta distribución de los votos, Evo Morales fue proclamado presidente por el Tribunal Supremo Electoral por haber obtenido una diferencia de 10.56% de los votos respecto a Carlos Mesa; es decir, 648,180 votos sobre el número alcanzado por Mesa. Sin embargo, la pequeña diferencia porcentual en votos que evitaría la segunda vuelta, y el hecho de que se hubiera interrumpido en algún momento al conteo de los votos, estimuló la denuncia de Mesa de fraude en las elecciones. De tal alegación se hicieron eco algunos países de la región, la OEA y ciertamente, otros sectores de la derecha boliviana, particularmente en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, denominados como departamentos de la “Media Luna”. Se trata de los mismos departamentos que 11 años antes habían promovido un proceso secesionista, pretendiendo fracturar el Estado boliviano, creando en la región oriental y limítrofe con la amazonia un Estado separado del resto de Bolivia.
A pesar del triunfo de Evo Morales, los sectores de la derecha oligárquica boliviana iniciaron un proceso de movilizaciones que incluyó la quema de locales del Movimiento al Socialismo (MAS); agresiones a familiares de Evo Morales, militantes de su organización o funcionarios de su gobierno; así como de actos de violencia callejera dirigidos a forzar su renuncia a la presidencia y la dimisión de su gobierno. Luego Morales aceptar un proceso de recuento de los votos por instancias adscritas a la Organización de Estados Americanos, uno de los organismos conspiradores en su contra, el mandatario reelecto a la anunció su renuncia a la presidencia, instalándose un gobierno de facto bajo la presidencia de Janine Áñez Chávez el día 14 de noviembre.
La decisión del presidente Morales fue tomada dentro de su confianza de que con ello, impediría una guerra civil, o la alternativa tantas veces habida en la historia de este país de una quiebra en la institucionalidad democrática, imponiéndose un gobierno militar. Sin embargo, a pesar de que no había una base material de la cual partir para asumir que ese ejercicio de confianza del presidente Evo Morales tendría una caja de resonancia en el futuro desarrollo de los sucesos en su país, el vacío de su renuncia y de importantes miembros de su gobierno dejó a Bolivia a la expectativa de, si en efecto, habría nuevas elecciones; de si en efecto, la paz y la tranquilidad en el país serían restablecidas de inmediato; y sobre todo, cuál sería la respuesta de los movimientos sociales, campesinos e indígenas a este nuevo escenario ante los sectores golpistas.
La jura de Áñez Chávez, abogada, presentadora de televisión y diputada por el Movimiento Demócrata Social como presidenta del país, fue seguida por incontables medidas de represión hacia el pueblo boliviano y particularmente hacia los dirigentes de base del MAS. Se emitieron múltiples decretos de detención que incluyeron al propio Evo Morales, quien luego de una breve estadía como refugiado político en México, estableció su residencia en Argentina, país limítrofe con Bolivia, una vez Mauricio Macri perdiera las elecciones frente a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
En las recientes elecciones el MAS compareció a las urnas bajo la franquicia “Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”, (MAS-IPSP). Esta vez figuraron como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente. Su opositor, representante de la corriente neoliberal en Bolivia fue una vez más Carlos Mesa. Estas elecciones, originalmente pautadas para el mes de mayo, fueron aplazadas en más de una ocasión alegándose la situación de la pandemia de la COVID-19. En su origen, si no se hubiera alcanzado un resultado afirmativo para la fecha originalmente pautadas, conforme al ordenamiento constitucional de Bolivia, la segunda vuelta debía haberse llevado a cabo el 14 de junio de 2020.
En las pasadas elecciones, de un total de 7,332,926 electores habilitados para votar, lo hicieron 6,483,893; es decir, el 88.42 %. Con el 100% de los votos contados, el amplio margen de más de 55.10% en los votos emitidos a favor de la fórmula Arce-Choquehuanca frente a su rival más cercano, que obtiene el 28.83% de los votos, desmiente el argumento de que Evo Morales y el MAS carecían del apoyo de la mayoría del pueblo boliviano en las elecciones de 2019. Si se tomara en consideración el número de votos obtenidos por la tercera fuerza electoral que concurrió a estas elecciones, la organización “Creemos”, la cual alcanzó el 14.00% de los votos, juntas suman el 42.83% de los votos. Se trata de un triunfo claro y cómodo donde los votos del MAS-ISPS le colocan con una diferencia de 12.27% por encima de los votos conjuntos de estos dos partidos.
Tanto la presidenta golpista, como organismos de supervisión internacionales, que incluyen a la OEA (con la delegación de observadores más numerosa); la ONU; la Unión Europea; el Centro Carter; y la UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales), han reconocido el triunfo de la fórmula Arce-Choquehuanca en las elecciones. Lo mismo ocurre en cuanto a múltiples países que a distancia, también han sido observadores del proceso. Hoy ciertamente, los detractores del programa de gobierno iniciado hace ya más de una década por parte del MAS y Evo Morales han quedado al desnudo, sin argumentos ni inventos sobre alegado fraude, para con ello desacatar la voluntad popular.
De acuerdo con la publicación Alainet.org, en escrito de Javier Tocalchier, titulado Victoria Popular en Bolivia, hay varios factores que pesaron en el resultado de las pasadas elecciones. En primer lugar, que el “manifiesto racismo que destiló la gestión de Áñez tocó el nervio histórico de la comunidad de naciones que luego de siglos lograron respeto, un importante grado de autodeterminación y valoración cultural y social. Ante ello—indica--, se levantó el clamor profundo de la rebeldía frente a la violencia instalada, logrando cimentar nuevamente la unidad que había comenzado a resquebrajarse en el último período de gobierno de la Revolución Democrática Cultural.”
Un segundo factor que menciona la publicación es la candidatura de Luis Arce, quien como vicepresidente en el gobierno de Evo Morales, fue responsable de las políticas económicas impulsadas por su gobierno; mientras describe como tercer factor el acierto de la sustitución de Evo Morales por la candidatura de Arce a la presidencia, acompañado de un prestigioso dirigente indígena como Choquehuanca.
Nos dice el autor que una vez instalado el nuevo gobierno, le corresponderá atender asuntos tan urgentes como la pandemia de la COVID-19 y sus efectos en Bolivia; el desempleo, los estragos causados por el gobierno golpista; la atención a problemas tales como la marginación, la violencia, el discrimen y el incremento del costo en los niveles de vida; así como la reconciliación entre los distintos sectores componentes del pueblo boliviano. En el renglón de la COVID-19, Bolivia carga con más de 140,000 casos de infectados y más de 8,400 fallecidos.
El presidente electo ha indicado que Evo Morales no formará parte de su gobierno aunque también señaló que si Morales quería prestar su ayuda al mismo, era bienvenido. En fin, sus palabras textuales han sido: “Si Evo Morales quiere ayudarnos será bienvenido pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno.”
Arce, quien cuenta con 57 años, es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, capital del Estado Plurinacional de Bolivia, nombre oficial del país, y de la Universidad británica de Warwick. Durante el tiempo que fungió como Ministro de Finanzas bajo el gobierno de Evo Morales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia aumentó de $9,500 millones a más de $40,000 millones, a la vez que se redujo la pobreza de 60% a 37%. Pilares en este esfuerzo fueron los programas de industrialización del gas llevados a cabo y la explotación del litio.
En una publicación de la BBC News Mundo de 20 de octubre de 2020, bajo la firma de Cecilia Barría, se indica que los tres grandes retos económicos para el nuevo gobierno serán: (a) disminuir el déficit fiscal, el cual se proyecta para el próximo año en un 12%; (b) reconstruir la economía devastada por la pandemia de la COVID-19, ello tomando en consideración que el 70 de la población activa trabaja en la economía informal; y (c) diversificar el aparato productivo, dado el hecho que, como en otros países, Bolivia depende en gran medida de la explotación de sus recursos naturales a partir de sus reservas de hidrocarburos.
Nicolás Lynch, en escrito publicado en la página electrónica de Otras Miradas el 21 de octubre de 2020, al analizar el desgaste de la figura de Evo Morales en ocasión de las pasadas elecciones de 2019, señala como una de las principales causales la extensión de su mandato como presidente y su “afán de una cuarta reelección”. Señala que al hacerlo, contradecía el resultado de un referéndum llamado por él mismo para tal fin. En este punto, indica, “el proceso boliviano se vio atravesado por el dilema que han pasado varios gobiernos progresistas: ¿reelegir o no reelegir a sus líderes, arreglando para ello leyes y constituciones?”
En su análisis sobre el Golpe de Estado dado tras las elecciones de 2019, Lynch nos señala:
“El golpe de hace un año tuvo como ingrediente central este grave error de Evo Morales, aprovechado por la reacción local y el imperio norteamericano que lógicamente viven al acecho. Este error, hay que remarcarlo, es el que Luis Arce, presidente electo, ha reconocido plenamente durante la campaña. Le ha costado al MAS y a Evo Morales el duro peregrinaje de la represión y el exilio aprender de esta experiencia. Por lo demás, el pueblo boliviano ha sabido responder con su resistencia al golpe, su reorganización desde las bases y mostrándole al mundo que los catorce años de democratización social promovidos han dejado marcas en su conciencia histórica que los poderosos no han podido borrar y que hoy permite que vuelvan a elegir a un gobierno popular. La construcción de una hegemonía plurinacional vuelve así a su cauce señalando el futuro del país del altiplano.
Este triunfo dista, sin embargo, de ser un suceso solo boliviano. Su repercusión en el resto de América Latina es indudable. Va a influir en el plebiscito chileno del 25 de octubre y también en las elecciones ecuatorianas de febrero de 2021; esperamos que esta influencia también ocurra en las elecciones peruanas de abril de 2021. Pero, sobre todo, abona en favor de un reequilibrio de fuerzas en América Latina, luego de la ofensiva derechista de los últimos años para contrarrestar el “giro a la izquierda” de los primeros tres lustros de este siglo. La democracia, insiste de esta manera en dejar de ser el artefacto para perpetuar el gobierno de las minorías y pasa, con avances y retrocesos, a convertirse en la herramienta de los pueblos para construir regímenes políticos en los que gobiernen las mayorías.
Las cartas están echadas. Entre el sábado 31 de octubre y el 14 de noviembre de 2020 deberá ser la jura del nuevo presidente y vicepresidente electos para el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que significará el segundo presidente electo de Bolivia luego de Evo Morales haber sido electo por el MAS en el año 2006. Esperemos no se repita la historia de 2019.