Hoy sábado 28 de noviembre del 2020 comienza una nueva era en la jurisprudencia de Puerto Rico: entró en vigor el nefasto Código Civil del Gobierno PNP.
Nunca olvidare cuando el pasado lunes 18 de junio de 2018 explotó una bomba en la rotonda de la Camara de Representantes: la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, presentó el P. de la C. 1654, un proyecto que pretendía crear y establecer el nuevo ordenamiento jurídico privado de nuestro País y establecer un nuevo Código Civil para Puerto Rico, un proyecto que incluye modificaciones al estatuto que data de 1930, cuya revisión se formalizó hace más de 20 años. No cabe duda que era necesario revisar este estatuto rector de nuestras vidas a tono no solo con las últimas tendencias libertarias internacionales, sino con aquellas que ha promulgado el gobierno norteamericano, órgano rector de nuestro marco legal. Sin embargo nos enfrentamos al producto de un proceso atropellado y carente de transparencia dentro del cual se le dio participación activa a figuras fundamentalistas religiosas. Todos sabíamos que la representante Charbonier Laureano había asumido posturas sumamente conservadoras en un afán desmesurado por congraciarse políticamente con el sector fundamentalista religioso y ultraconservador del País. Por ello no era de extrañar que su proyecto estuviese saturado de terminología religiosa y de figuras de derecho donde el concepto de “la moral” juega un papel fundamental.
No bien hubo expuestos su visión de mundo la Representante Charbonier cuando explotaron las redes sociales y los grupos de apoyo de la Comunidad LGBTT!+ en repudio de las violaciones que esto representaba.
Uno de los primeros grupos en alzar su voz lo fueron los integrantes del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) quienes denunciaron el “proceso atropellado y a puertas cerradas para crear un nuevo Código Civil para la isla.”
En su momento todos coincidieron en que una revisión del Código Civil debe partir de tres acuerdos básicos: “debe estar separado de procesos político partidistas; debe respetar la separación de Iglesia y Estado y debe aspirar a eliminar las inequidades que por siglos han estado insertadas en nuestro sistema jurídico”.
César Alvarado, quien fue parte de la Comisión Revisora del Código Civil nombrada en los ’90, explicó que esa comisión trabajó por 11 años y creó un borrador que debería servir de punto de partida para el nuevo Código.
Alvarado añadió que los trabajos incluyeron la participación de profesores de las tres escuelas de derecho de la isla y la celebración de vistas públicas que les permitieron crear un documento en el que se recogieron recomendaciones que fueron presentadas por múltiples sectores del país.
Esa revisión se hizo con una inversión millonaria bajo administraciones de los dos partidos que han gobernado el país y siempre se trabajó bajo el acuerdo de dejar de lado la política partidista para dar prioridad a la creación de un instrumento legal que sirviera a los mejores intereses del país.
Mientras, María Dolores Fernós, primera procuradora de las Mujeres y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, analizó cómo el Código Civil actual perpetúa las desigualdades e invisibiliza a las mujeres y las comunidades LGBTT.
“El nuevo Código Civil debería ser un instrumento para corregir inequidades del pasado”, expresó Fernós al tiempo que recordó cómo los sectores religiosos fundamentalistas han entorpecido el avance de legislación que garantice la visibilidad y los derechos de comunidades vulnerables.
También señaló cómo las jerarquías y formas de discrimen avaladas por el Código Civil han constituido históricamente una base desde la cual se construyó y se sigue construyendo la violencia hacia las mujeres y, hoy en día, hacia las comunidades LGBTT.
“Nos enfrentamos a unas luchas muy duras, pero recordemos cómo hemos derrumbado otras barreras que impedían el avance de las mujeres y las personas LGBTT”, apuntó Fernós.
En tanto, Mabel López, quien compareció en representación del presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Emil Alicea, insistió en que la discusión sobre un nuevo Código Civil debe incluir un debate sobre los conceptos de familia que ya son parte de la realidad del país.
“Las familias tradicionales no son naturales, sino socialmente construidas. El patriarcado, el heterosexismo y el sexismo han afectado negativamente las estructuras familiares”, expresó. La posición del Colegio de Trabajo Social señala que “adscribirse a un solo tipo de familia es un acto de violencia”.
Algunas de las estadísticas brindadas por López revelan cómo Puerto Rico se alejó hace décadas de ese concepto de familia. Por ejemplo, el 55% de las familias de la isla están organizadas de maneras diversas y según el Registro Demográfico, el 65% de los nacimientos de la isla ocurren fuera del matrimonio.
Nora Vargas, profesora de derecho en la Universidad de Puerto Rico, fue enfática en su ponencia al señalar que en “Puerto Rico el discrimen está institucionalizado. Además, las familias diversas siempre han existido y el Código Civil las invisibiliza”.
Vargas que el Código Civil crea derechos y privilegios y señaló que el texto actual del mismo excluye a las parejas del mismo sexo de temas tales como el matrimonio, la adopción y las presunciones de paternidad.
En cuanto a las comunidades trans, Vargas resaltó que no solo están invisibles en el Código Civil sino que al mencionarlas en temas relacionados, suele ser para restarle derechos y excluirlas de legislación. “Al no reconocerse su identidad, se les violenta su dignidad”, apuntó.
En su momento les compartí mi reacción inicial de que el Código Civil era no solo un atentado contra la Comunidad LGBTT+; era un atendado contra todos puertorriqueños pues lacera nuestra libertades humanas.
No hablo por hablar: aquí van a alguna de las instancias específicas que trastoca este engendro:
- Niega la existencia de los avances científicos en nuestra sociedad con disposiciones tales como la prohibición de donación de órganos y de la maternidad subrogada.
Se abre la puerta a la impunidad y posibles actividades ilegales de ciertos sectores, especialmente la iglesia.
Excluye la filiación voluntaria.
Elimina los poderes duraderos que actualmente permiten a familiares de personas con Alzheimer tomar decisiones sobre sus seres queridos.
Elimina disposiciones de bienes de uso común y abre la puerta a privatización. Ejemplo: uso de playas y otras áreas.
No reconoce celebrantes laicos para matrimonios a menos de que sean abogados/jueces.
Eso sí, es machista, misógino, homofóbico y clasista, producto de mentes enfermas,
Hoy comienza a regir en nuestras vidas el nefasto Código PNP. Mientras tanto su Madrina la legisladora María Milagros “Tata” Charbonier está en el ojo público luego de ser acusada a nivel federal por presuntamente cometer lavado de dinero, soborno y obstrucción a la justicia.
La Justicia Boricua se tambalea…pero no nos pararán…seguiremos en nuestra labor de fiscalización por los derechos de nuestra Comunidad LGBTTQIA+.