El Senado de Puerto Rico aprobó hoy la Resolución del Senado Número 9, de la portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, que ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura realizar una investigación exhaustiva sobre el destino, uso, administración y estado de las diversas escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.
La aprobación se dio luego de un intenso debate en el que se derrotaron unas enmiendas presentadas en sala por el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, que buscaban eliminar cualquier alusión a los gobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares, y dejar a la arbitrariedad del Senado la selección de escuelas a ser investigadas, contrario a lo establecido por la resolución.
“El cierre de escuelas en Puerto Rico no tiene paralelo conocido, pues desde 2007 a 2018, se ha clausurado el 44% de los espacios públicos educativos, y los senadores y senadoras habrán visto el informe que en estos días nos envió la organización Centro para la Reconstrucción del Hábitat; la clausura de planteles se aceleró a partir de 2013”, puntualizó Santiago Negrón al agotar un turno en el hemiciclo senatorial.
La portavoz del PIP aseguró que “algunas de las que estamos aquí lo vivimos entonces: historias realmente trágicas, como el cierre de la Lola Rodríguez de Tió en Carolina, una escuela vocacional para estudiantes de educación especial, que fueron relocalizados en ubicaciones que no cumplían con su PEI, y que al día de hoy, los tiene condenados a situaciones pedagógicamente insensatas”.
Santiago Negrón aludió al informe “Aprovechamiento Académico y el Cierre de Escuelas en Puerto Rico”, del académico José Caraballo Cueto, en el que documenta que tan solo en la segunda ola de cierres, entre el 2017-2019, se cerró el 34% de las escuelas.
El resultado de los cierres fue 58,606 estudiantes desplazados, de los cuales 2,616 sufrieron más de un cierre.
“Aunque la justificación que dio la junta de control fiscal para el cierre de escuelas fue la de generar economías, desde el 2017-2019, el ahorro en funcionamiento de escuelas fue de solo $34.5 millones, mientras que la partida de mantenimiento aumentó en $311.7 millones para ese mismo periodo. El estudio documenta cómo el cierre afectó a las estudiantes más pobres, en particular las de las zonas rurales”, subrayó la legisladora independentista.
La senadora cuestionó, además, las disparidad en la forma en que se han realizado las transacciones de compraventa, el que algunas de ellas hayan sido negociadas con contribuyentes de campañas políticas y el abandono en el que están muchas de las escuelas cerradas convertidas en establos, vertederos, y nidos de plagas, según se desprende de investigaciones realizadas por medios de comunicación.
“¿Es bueno y productivo para el país el resultado del cierre de escuelas? ¿mejoró el aprovechamiento académico, garantizando una generación mejor preparada? ¿están en mejores condiciones las escuelas receptoras en comparación con su situación antes de convertirse en tales? Esas respuestas tienen que contrastarse con lo que yo espero sea el resultado de la investigación comisionada por esta resolución, que aspira a documentar la localización de cada escuela cerrada, la fecha de cierre, la matrícula a la que servía, el personal que allí trabajaba, el tránsito de estudiantes y personal a las escuelas receptoras, el uso y estado actual de la escuela y los mecanismos mediante los cuales se dispuso, si es el caso, del inmueble”, expresó Santiago.
La senadora advirtió que lo mínimo que se le puede pedir al Estado, tras la brutal decisión de privar a las comunidades de casi mil espacios de aprendizaje, es examinar, con detenimiento y rigurosidad, el saldo real de esa determinación.