(San Juan, 1:00 p.m.) Durante las últimas semanas las noticias de los asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas por sus respectivas exparejas han sacudido el país. Mientras que el caso de Keishla, por ahora, aparenta ir viento en popa, con “testigos” que cooperan con las autoridades y evidencia que apunta a un claro culpable, la historia no es la misma en el caso de Andrea.
Luego del asesinato de Andrea Ruiz Costas, salió a la luz que esta había acudido anteriormente al Tribunal de Primera Instancia a presentar una querella por violencia de género contra quien terminaría siendo su asesino, el caso fue desestimado por la jueza Ingrid Alvarado. Luego de que se ordenara una investigación a fondo para determinar por qué no se atendió el caso de Andrea, el Juez Ricardo Marrero Guerrero emitió una orden protectora que prohíbe divulgar los documentos y archivos audiovisuales relacionados al auxilio que pidió en corte la víctima.
La familia de Andrea pidió este jueves en una carta que se publiquen las grabaciones de las vistas judiciales. Entre otras cosas, expresan: “La familia de Andrea respalda los reclamos para que se levante la Mordaza que emitió el Tribunal de Caguas alegadamente para ‘proteger y no revictimizar’ a Andrea. Nos preguntamos ¿Por qué no la protegieron cuando ella lo solicitó? ¿Por qué le dieron la espalda? ¿Cuántas mujeres más tendrán que pasar por esto con resultados nefastos? Es decir, el estado tuvo la oportunidad de protegerla mientras estaba con vida. Así lo pidió a gritos siguiendo el debido proceso pero las juezas Avilés y Alvarado Rodríguez ignoraron su pedido de auxilio”.
Es indignante que en un momento como el que estamos viviendo, en el cual se intenta visibilizar y combatir la violencia rampante contra las mujeres que se vive en la Isla, se decida mantener secreto los documentos y materiales de un proceso que normalmente es público. ¿A quién se intenta proteger? ¿Qué es lo que se quiere ocultar y con cuál razón?