(San Juan, 1:00 p.m.) Miguel Ángel Ocasio Santiago asesinó en o antes del jueves 29 de abril a Andrea Ruiz Costas. Ambos eran empleados de distintos concesionarios que operaban en el Centro Comercial Montehiedra. Lo interesante de la conversación es que ella llevaba meses reclamando que el cesara en perseguirla. Más allá de los retos que confrontó ante los tribunales, nadie ha comentado que sus respectivos patronos, así como el Centro Comercial Montehiedra, no asistieron en protegerle.
Las leyes existentes en Puerto Rico sobre la protección a personas que son víctimas de violencia doméstica (bajo la Ley 54-1989 y otras relacionadas), son bastante claras en proveer remedios para que tanto los patrones privados como públicos asistan en proteger a las víctimas. En particular el acoso en el lugar de trabajo está prohibido y debe ser repudiado, tanto por los patronos privados como públicos.
Desde esta perspectiva, más allá de la preocupación popular de que el sistema de justicia le falló a Andrea Ruiz Costas, también es importante puntualizar que el sector privado en este caso, pudo haber hecho algo. Desde talleres de capacitación a sus empleados y empleadas sobre la intolerancia a la violencia de género y de doméstica, hasta tener letreros en el centro comercial que advierten sobre las consecuencias de incurrir en dichos actos en dicho lugar.
Pero nada que ver. Hoy, de forma dominante no se escucha una crítica contra el sector privado. Para erradicar la violencia de género y la doméstica, hay que lanzar una cruzada nacional que involucre a todos los sectores sociales. Es momento de actuar de forma concertada desde todos los ángulos sociales. Pensemos.