(San Juan, 12:00 p.m.) La vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayda Velasco Bonilla, compareció hoy a la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) citada para certificar los planes fiscales de las distintas agencias y corporaciones públicas y en donde se discutieron de manera atípica los agresivos recortes que el organismo continúa imponiendo al primer centro docente.
La doctora Velasco Bonilla defendió enérgicamente la asignación de $94 millones contemplada en el plan fiscal presentado en marzo de este año por la UPR, a la vez que señaló de manera puntual las múltiples deficiencias en el análisis de la propuesta del ente fiscal impuesto por Washington, producto de la improvisación y la falta de ponderación responsable.
A señalamientos de la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, le precedieron las expresiones del gobernador Pedro R. Pierluisi y de dos miembros de la propia Junta de Supervisión Fiscal.
El gobernador dejó claro que difería de la persistente estrategia de austeridad que ha implementado la JSF a la UPR y destacó el impacto que tendrían los recortes propuestos sobre la viabilidad del proyecto universitario.
Por otra parte, los miembros de la JSF Antonio Medina y Justin Peterson expresaron sus reparos, preocupaciones y desacuerdos con el plan fiscal presentado por la propia entidad.
Ambos mostraron un distanciamiento sin precedentes por parte de miembros de la JSF con respecto a los lineamientos trazados en los planes propuestos y diseñados por el propio organismo impuesto por Washington al gobierno de Puerto Rico.
Medina señaló que la JSF debía “mirar con mayor atención el tema de los fondos federales” y “buscar más de estos fondos recurrentes y no recurrentes”.
Añadió que creía que “el plan fiscal atiende este aspecto muy superficialmente y demasiado rápido. Nuestro objetivo es tener una Universidad más fuerte, pero creo que el plan, tal como está trazado, hace muy difícil para los administradores del sistema alcanzar esa meta”.
Por su parte, Peterson fue enfático en que los “recortes son detrimentales para el desarrollo económico”, del cual la UPR es una pieza clave.
Previo a la votación, la doctora Velasco Bonilla entró en el detalle sobre las partidas contempladas en la controvertida asignación de $94 millones.
Asimismo, recalcó el patrón de recortes que había padecido la Universidad y cómo la administración se las había arreglado para cumplir con el 76% de las medidas fiscales que les habían sido impuestas, esto en una clara respuesta a los señalamientos por parte de algunos miembros de la JSF de que la Universidad no había cumplido con sus encomiendas y que por ello debía seguir atravesando, como si de un castigo se tratara, por la imposición de nuevos recortes.
“Entiendo que hemos hecho lo requerido para satisfacer sus demandas, pero no podemos permitirnos asumir el recorte de estos $94 millones adicionales”, expresó Velasco Bonilla.
La vicepresidenta de la UPR destacó además el aparente desconocimiento o falta de pericia que muestran los ejecutivos de la JSF con respecto a las restricciones de uso de las donaciones y de ciertos fondos federales, así como la obligatoriedad de sus respectivos pareos al proponer que algunos de estos fondos sean utilizados para solventar las operaciones.
“Con la determinación de certificar el plan fiscal con una votación de 5-2, los miembros de la Junta de Supervisión dejaron a la Universidad sin $40 millones para capitalizar el Sistema de Retiro, sin poder atender la mitigación del impacto de la pandemia ($10 millones), sin $20 millones para pareo indispensable y obligatorios de fondos federales, sin fondos para solventar la liquidez de la UPR mediante de la reposición de su fondo de reserva para emergencias ($20 millones) y sin $4 millones para iniciar el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes”, expresó el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio Colón, tras conocer el resultado de la votación.
Agregó que todo esto se distancia notablemente del discurso repetido pero cada vez más vacío que han expresado tanto la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, como muchos de sus miembros, en las que aseguran que ven a la Universidad como piedra angular para el desarrollo económico de la isla”.
El gobernador Pierluisi expresó su disgusto con las premisas del plan fiscal que terminó siendo certificado y con los planteamientos expresados por la directora ejecutiva de la JSF, que destacó que la UPR todavía no había cumplido con muchas de las exigencias y medidas fiscales que se les habían impuesto.
El mandatario exigió respeto para la Universidad pública y destacó la afirmación que hizo la doctora Velasco Bonilla de que la UPR había cumplido ya con el 76% de las medidas fiscales que le habían sido impuestas.