El obispo diocesano de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, Rafael L. Morales Maldonado, ratificó este martes su apoyo a las leyes estatales y federales que previenen la discriminación basada en la identidad o expresión género de cualquier persona.
El planteamiento de Morales Maldonado surgió al comparecer ante la Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz, como parte de la continuidad de los trabajos legislativos que atienden el Proyecto de la Cámara 768, que prohibiría los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en menores de edad.
“En el caso de este proyecto de ley tenemos que resaltar el genuino interés de proteger a los menores en caso de decisiones clínicas que impactarán su vida futura. Sin embargo, nos preocupa que el proyecto no separa los procesos de desarrollo físico y psicológico de niños, preadolescentes y adolescentes”, mencionó.
El obispo episcopal recalcó que cada grupo de edad requiere “un acercamiento diferenciado en su proceso físico y mental”.
“A medida que los pacientes pediátricos se vuelven adolescentes y se acercan a la edad adulta, su participación en la toma de decisiones médicas a menudo aumenta para tener en cuenta sus valores y determinaciones… Pero hasta que un joven alcanza la mayoría de edad, el proceso de toma de decisiones médicas generalmente incluye el permiso de los padres o tutores”, expresó.
Morales Maldonado entiende que el respeto por la autonomía es el factor más fuerte que respalda los tratamientos hormonales, “ya que la práctica se justifica por el deseo de respetar la identidad de género expresada por un adolescente”.
“Por supuesto, todo proceso, apoyado y guiado por un equipo clínico con participación de padre, madre o tutores. Es por esto que enfatizamos en un proyecto diferenciado e individualizado, en el que un equipo clínico multidisciplinario y educativo acompañe al adolescente en una decisión que tomará cuando tenga dieciocho años”, señaló el obispo.
Por otro lado, la Comisión también recibió la visita de la psicóloga clínica, Riddish M. Álvarez, quien se expresó a favor del proyecto presentado por Burgos Muñiz, por entender que “la terapia de afirmación de género hormonal provoca que los menores con disforia de género comiencen procesos hormonales y posteriormente quirúrgicos con consecuencias irreversibles”.
“Ciertamente, existen testimonios donde se les ha ayudado a personas a transicionar y ha sido al momento, efectivo. No es menos cierto que aún siendo este proceso novel y carente de estudios longitudinales, se han presentado miles de casos donde menores de edad han comenzado a transicionar y luego se han arrepentido”, sostuvo la psicóloga clínica.
Álvarez recomendó que se amplíe el alcance de la medida hasta personas de 21 años de edad, ya que “algo tan severo e invasivo como hormonas, bloqueadores de pubertad y cirugías deberá ser luego de alcanzar la mayoría de edad, 21 años”.
En un turno aparte, la representante Burgos Muñiz mencionó que su proyecto “no está dirigido a personas mayores de edad que deseen realizar una transición de género”.
“Nosotros respetamos la intimidad de las personas. En esta Comisión no se pretende limitar ningún derecho de las personas a ser algo distinto. La dignidad de todas las personas hay que respetarla. Aquí estamos protegiendo a los menores”, subrayó la legisladora de Proyecto Dignidad.