(San Juan, 9:00 a.m.) Realmente hablando, en Puerto Rico existe la pena de muerte. No es la que administra el estado. En la Constitución de 1952, se prohíbe. Los grupos de presión la prohíben. Ahora bien, la pena de muerte se aplica diariamente en la isla, por la gente, y en algunos casos, todo indica que la actitud general del estado, por vía de la policía, es la de la aceptación, resignación y a veces complacencia. Se escucha decir con suma facilidad, “es que se trata de las guerras del bajo mundo”.
El sábado el ciudadano Jesús Bonano Laureano, fue asesinado. A este se le imputa haber asesinado al activista de las olas de Luquillo, Brian Ramos. El jueves en reportaje exclusivo de las Noticias del WAPA TV, Guillermo José Torres, entrevistó a la hija de Ramos. Esta clamó por su vida y la de su familia e indicó que ante la salida bajo fianza de Bonano, ella temía por su seguridad. Luego Pedro Rosa Nales, reportero ancla de WAPA TV, indicó que “que mucho había que hacer en Puerto Rico para alcanzar la justicia”. El sábado se impuso la justicia popular, que de una forma u otra, y sin razón alguna, asesinaron a una persona imputada de un asesinato.
La policía investiga, pero hasta el día de hoy no tiene un móvil. Este es un asesinato más de muchos que pasan, y se alega que son del “bajo mundo”. Si usted es asesinado del bajo mundo, usted se lo buscó. Nada se puede hacer. Lo interesante es que el efecto de un asesinato del bajo mundo es que se impone la pena de muerte, contra lo que reclama la constitución de la isla, y en contra del clamor de muchos sectores del país.
Todas las vidas cuentan. Esto requiere que todas las personas, independientemente de quien son, deben ser valoradas. Sea mujer o sea hombre. Sea una persona honesta o sea una persona deshonesta. Ante la muerte, el deber del estado es investigar y enjuiciar a los culpables. No puede ser permitir la muerte de forma extrajudicial. Eso sería permitir la pena de muerte en la isla. Pensemos.