(San Juan, 12:00 p.m.) El pasado 24 de enero del año corriente, el gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia debido a la violencia de género en la Isla. A su vez, se creó el comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate, y Educación de la Violencia de Género) para atender la crítica situación. Este se reúne una vez al mes. ¿Cuáles han sido los resultados de estas acciones del Gobierno?
Actualmente, la familia de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su ex pareja el pasado 29 de abril, aún se encuentra exigiendo justicia y transparencia en el caso. “La Familia Ruiz Costas convoca a una demostración el lunes 14 de junio, a las 10:00 a.m. en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para sumarse al reclamo de tantas familias víctimas de la indiferencia e insensibilidad del sistema de justicia del país”, lee la invitación a la manifestación convocada para hoy. Continúan explicando que convocan al público general y a la prensa para exigir transparencia mediante la entrega de grabaciones de las vistas a las que Andrea Ruiz Costas acudió pidiendo el auxilio que le fue negado por la rama judicial de Puerto Rico.
Este caso no es el único que ha tenido que enfrentarse a la inacción y falta de cooperación por parte de la justicia. Recordemos el caso en contra de cinco estudiantes universitarios durante varios años, hasta que finalmente se desestimaron los cargos debido a que se había violado el debido proceso de ley de los acusados, según reza la sentencia. O el caso de Alma Yadira Cruz, a quien se le imputaron cinco cargos por supuesta agresión luego de defenderse del acoso que sufría por su color de piel, cuando esta tan solo tenía 11 años.
Si observamos el patrón de los cargos radicados en la Isla, las fianzas estipuladas, y las convicciones que se realizan; realmente nos lleva a preguntar ¿justicia para quién?