(San Juan, 1:00 p.m.) Veinticuatro agentes de seguridad se encontraban en la residencia privada del presidente haitiano Jovenel Moïse en el sector de Pelerín, en Puerto Príncipe, al momento de su homicidio, sin que ninguno de ellos recibiera un rasguño por parte de los mercenarios colombianos que supuestamente lo asesinaban.
De los 24 oficiales policiales presentes en la residencia, 10 eran de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional (Usgpn), seis agentes regulares de la Policía Nacional y ocho del escuadrón CAT, asignados a la protección del mandatario.
Todos y cada uno de ellos han sido interrogados por los investigadores gubernativos haitianos del magnicidio y se confiscaron para análisis pericial sus armas de reglamento y sus celulares oficiales.
Es de conocimiento que Dimitri Hérard, jefe de la Usgpn, viajó varias veces a República Dominicana, Colombia, Ecuador y Panamá antes del magnicidio.
Se está investigando qué actividades realizó en estos periplos y se ha solicitado a los países donde estuvo que suministren información de sus actividades en sus respectivos territorios.
Y surge la desconfianza acerca de qué papel jugaron República Dominicana, Ecuador, Colombia y Panamá en una conspiración magnicida de tales proporciones y que pudo haber envuelto a amplias ramas gubernamentales y sectores políticos en Haití, algo que requeriría la aquiescencia del poder imperial de Estados Unidos en la región latinoamericana y caribeña