(San Juan, 12:00 p.m.) En días pasados la prensa ha prestado atención al despido fulminante del Doctor Jorge Haddock como presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y ha especulado sobre la designación del nuevo presidente o presidenta de esa institución educativa, como si se tratara de una decisión trascendental de la que depende el destino de la Universidad.
La realidad es otra. El presidente de la UPR no pasa de ser un subalterno fiel y leal de la Junta de Gobierno, organismo en cuyas manos recae el control absoluto de la institución. Así lo establece la Ley de la Universidad de Puerto Rico (Ley número 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada).
El cargo de presidente es uno más bien decorativo. Fue creado a la medida para don Jaime Benítez. Como decía con sorna un funcionario cercano a las intimidades administrativas de la UPR, se creó para que luego de décadas de ser rector del recinto de Río Piedras, don Jaime se entretuviera contemplando las cotorras del Jardín Botánico.
El presidente de la UPR es un subordinado de la Junta de Gobierno, un director ejecutivo con nombre rimbombante que no puede tomar decisiones principales. La Junta de Gobierno es la que nombra o despide a su antojo presidentes, rectores, decanos y otros funcionarios; toma decisiones financieras, administrativas y de todo tipo.
Muchos de los miembros designados a la Junta de Gobierno de la UPR no tienen o han tenido relación alguna con la UPR o con la educación superior. Su resumé es principalmente político partidista. Tómese el caso reciente de la abogada Xoraida Buxó, quien pasó de ser Secretaria de Corrección en la administración de Rosselló padre, a miembro de la Junta de Gobierno de la UPR nombrada por Rosselló hijo, a “cabildera” de la estadidad.
¿Por qué no hay real democracia participativa en la UPR? Porque la Universidad históricamente ha sido vista como un botín de guerra del que se apoderan los partidos políticos que ganan las elecciones cada cuatro años. Porque los partidos políticos y los gobiernos de turno le temen a la transparencia y honestidad de los estudiantes; a la capacidad y madurez intelectual del profesorado; a la muy probada capacidad de lucha de los trabajadores no docentes. Porque la Universidad de Puerto Rico, concebida en su origen como una institución colonial más, devino en una de las más importantes trincheras en defensa de nuestra nacionalidad, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales como Nación. A eso los colonialistas y anexionistas le temen y por eso la maltratan, la estigmatizan e intentan reducirla a una entidad inofensiva y manipulable.
Como se ha mencionado antes, la fuente que legaliza la ausencia de democracia participativa y la actitud dictatorial de la dirección de la UPR surge de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, aprobada el 20 de enero de 1966, bajo la administración del Partido Popular Democrático (PPD) y del gobernador Roberto Sánchez Vilella. Ésta ha sufrido diversas enmiendas durante más de medio siglo de vigencia, pero se mantiene inalterado el carácter verticalista, excluyente y antidemocrático de la estructura administrativa. Aunque proclama “…su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática…” (Artículo 2., A.), en la práctica esa ley representa todo lo contrario.
Según dicha Ley, la Junta de Gobierno nombra al presidente de la Universidad y a los rectores de los recintos, y “Tales funcionarios ocuparán sus cargos a voluntad de la Junta” (Artículo 3, Junta de Gobierno; H, Deberes y atribuciones, 7).
La mayor parte de los miembros de la Junta de Gobierno es impuesta por el gobernador de turno. De sus trece miembros, nueve son nombrados desde La Fortaleza, Dos son estudiantes y otros dos son docentes, por un año cada uno.
A la hora de tomar decisiones prevalece el interés partidista-gubernamental y no el de decenas de miles de estudiantes, docentes y no docentes, que constituyen la verdadera universidad.
Por tratarse de un rol de representación a la manera de un director ejecutivo, o de rostro público de quienes de veras mandan, prácticamente todas las tareas del presidente de la UPR tienen que ser consideradas y aprobadas por la Junta de Gobierno. Así consta en el Artículo 5 de la Ley Universitaria.
Casi cinco de las diez y ocho páginas que comprende la Ley Universitaria se dedican al Artículo 3, sobre la Junta de Gobierno. (El artículo 5, sobre la Presidencia se limita a una página.) Allí se desgranan las múltiples responsabilidades y prerrogativas que tiene ese minúsculo grupo de personas que representan en su mayoría al gobernador colonial. Todos los reglamentos, los nombramientos más importantes, los presupuestos, distinciones académicas, becas, infraestructura…todo; “…formulará las directrices que regirán la orientación y el desarrollo de la Universidad, examinará y aprobará las normas generales de funcionamiento…supervisará el funcionamiento de la institución”(Artículo 3, H).
Por consiguiente, si algún presidente tiene algún poder en la UPR, es el de la Junta de Gobierno, quien a su vez responde a decisiones “de afuera”.
El gobierno colonial-anexionista prefiere imponer una suerte de dictadura más o menos ilustrada, manteniendo al margen a decenas de miles de hombres y mujeres que componen la verdadera comunidad universitaria. Quienes toman las decisiones actualmente, caben en una guagua pequeña y sobran asientos.
Ese va a ser el caso del nuevo presidente. Será la imposición más reciente, sin importar el parecer de los universitarios y universitarias que componen la UPR. En todo caso, será un desconocido para la mayoría. Un subordinado más al servicio de La Fortaleza.
No hacen falta más burócratas inútiles en la Universidad, cómplices activos de los enemigos de la institución. Lo que necesita la UPR es una nueva ley y una verdadera reforma universitaria que garantice la participación democrática de todos los sectores universitarios que están ávidos de servir tanto a la institución educativa que tanto quieren como al País, que excluya el control partidista-gubernamental y asegure que la Universidad sea un efectivo agente de cambio para bien de nuestra sociedad. Lo que el Pueblo puertorriqueño necesita es que se garantice la protección, el respeto y el pleno desarrollo de una de sus instituciones más apreciadas, que es la Universidad de Puerto Rico.
Esto es todavía más cierto y necesario, cuando la UPR enfrenta el azote insensible y abusivo de la Junta de Control Fiscal, los recortes fiscales desmesurados y el intento de desmantelamiento de esta gran institución.