La isla sigue imbuida en un crisis social y económica; y los ciudadanos víctimas de las políticas y la corrupción de las instituciones que nos gobiernan. De las tres ramas del gobierno, el Tribunal Supremo de Puerto Rico era la única que mantenía algo credibilidad ante el pueblo. Sin embargo, lo bueno no dura mucho.
Durante el mes de julio del verano de 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosello se paseaba por Europa cuando el pueblo se lanzó a las calles del país en protestas masivas exigiendo su renuncia. El pueblo fue contundente en su reclamo y logró que Ricky renunciara. Luego de esa dimisión, los penepeístas entablaron una lucha férrea por la silla del gobernador. Pedro Pierluisi, actual gobernador, se autoproclamó gobernador y se hizo juramentar. Ante la crisis creada, fue el Tribunal Supremo quien actuó con prudencia y aparente madurez, para evitar una crisis constitucional en el país, a parte de una revuelta mayor.
Sin embargo, a solo dos años de aquel verano, mientras el gobernador Pedro Pierluisi, coincidentemente se pasea por Europa, el Tribunal Supremo le propinó una bofetada jurídica al pueblo. Ello, al lavarse las manos y no revocar la errada decisión del Tribunal Apelativo, permitiendo que Ricardo Rosello se convierta en cabildero de la estatidad. A pesar de que la Juez Rebecca de León, quien aquilató la prueba del caso concluyó que Rosselló no cumplía con los requisitos de residencia y domicilio para figurar como cabildero; y que aparecía inscrito como elector en el estado de Virginia.
La decisión del Tribunal Apelativo fue una sin duda de corte politiquero. Pero peor aún, fue la decisión del Tribunal Supremo al no actuar. El Supremo se lavó las manos como lo hizo Poncio Pilato, simplemente abdicó su responsabilidad y asumió una posición política. Ello a pesar de tener pleno conocimiento de las mentiras y las artimañas utilizadas por Ricardo Roselló para inscribirse como votante bonafide de Puerto Rico.
El Tribunal Supremo suponía ser una institución honorable, desafortunadamente le ha faltado entereza para decidir de forma independiente y no politizada. Le ha faltado al reclamo del pueblo dado el verano de 2019, de sacar un mala mañoso como líder del país. Por el contrario, premió sus engaños y artimañas. El Tribunal Supremo ha perdido credibilidad al sumarse a la charada política en pro de la estadidad y sus cabilderos. Me pregunto, ahora, en qué institución podemos creer.