(San Juan, 9:00 a.m.)Es un respiro en medio de un conflicto laboral insostenible, pero lo importante de este impasse no se ha solucionado ni se solucionará de pronta manera. Ayer, Luis Ayala Colon Scrs, el patrono, y la International Longshoresmen’s Association capítulo 1740 (la unión) acordaron una moratoria de 45 días a un paro laboral de 18. En juego esta la mayor parte de la descarga de los envíos internacionales en el muelle de San Juan, o sea, en el caso de nuestra isla todo Puerto Rico.
Estamos hablando del 25 por ciento de la carga que llega al muelle, la internacional. Pero vamos a estar claros, el problema no es un patrono “abusador”. Ni tampoco una unión “intransigente”, como le gustaria pensar a muchos en una isla donde el término laboral “unión” se ha demonizado (curiosamente, en el mismo momento en que los gremios de trabajadores en Puerto Rico tienen la presencia más mínima en décadas).El verdadero y espantoso problema es que el gobierno de Puerto Rico permitió que los servicios de carga los controlasen un oligopolio, que no es lo mismo que un monopolio pero casi se escribe igual ya que estamos hablando de un control casi absoluto del muelle. En fin, en el oligopolio hay más de un jugador, pero sus intereses se entrelazan para mantener un control casi absoluto de unos servicios. Afuera quedan la competencia y el supuesto libre mercado. El gobierno de Wanda Vázquez permitió que una extraña madeja de empresas se cruzasen para controlar el muelle de San Juan, pero lo que tenemos ahora tiene sus raíces en la administración del malogrado Ricardo Rossello y los administradores de la Autoridad de Puertos. Se hablaba el año antepasado de que la Autoridad avalavaria el acuerdo, que básicamente condensaría los servicios muelleros en dos entes con iguales intereses, a cambio de que los almacenes que albergan las grúas los expropiaran el Gobierno. Nada de esto se dio (la verdad es que esos muchachos de Ricky no pegaban una).En juego está el acceso de varios suministros, sean alimentarios, de materia prima para la manufactura o hasta de uso hospitalario.Siendo un conflicto laboral entre una unión debidamente certificada y un patrono, el conflicto lo media la junta de Relaciones Laborales federal. El gobierno de Puerto Rico, tenga o no razón, ha querido desentenderse del asunto diciendo que es un conflicto entre dos partes privadas, lo que no ha sido satisfactorio para los consumidores, quienes tendrán que pagar cualquier precio adicional que cause el conflicto, conocido como el costo de demora en términos económicos. Todo esto se veía venir ya en abril cuando subieron súbitamente los costos de operar el muelle. De paso, el patrono en este caso tiene un control de 80 por ciento de los servicios portuarios.Cuando se anunció el acuerdo que pondría tanto poder en manos de los sucesores de Ayala y demás, la comisión Marítima Federal y el departamento de Justicia de los Estados Unidos mostraron una gran preocupación. El departamento de Justicia de Puerto Rico hizo mutis.Tenemos que preguntarnos lo que ha pasado con el muelle de Ponce, que aún después de $400 millones de inversión no tiene ni siquiera la infraestructura para manejar este tipo de carga.En la década de los 70 se formaron las Navieras de Puerto Rico. La idea detrás de este proyecto fue evitar que el crecimiento económico de Puerto Rico se afectase con la fluctuación de los costos de transportación marítima mundial. Se que el proyecto, por varias razones, no rindió los frutos esperados, pero lo que asombra es que ahora le viremos la espalda al crecimiento económico de Puerto Rico permitiendo esta concentración de poder sin supervisión ni control. Como si esto no causase espanto suficiente, ocurre en medio de un alza vertiginosa de los costos marítimos de transportación desde Asía, en específico, China, el lider manufacturero del mundo.
¡Ante un patrono oligopólico en el muelle de San Juan! [!apoyemos a los obreros]
