(San Juan, 12:00 p.m.) La inexistencia de un plan de país, reducido en este momento a una precaria supervivencia, no brinda respuestas a la niñez y la juventud puertorriqueña, concluyó hoy la dirigencia del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS) al reaccionar a la muerte del pequeño Jayden Elier Santiago Figueroa, de 8 años, al que su padre causó severos traumas.
“Necesitamos un proyecto de país que apueste al desarrollo de todas las personas, familias y comunidades, así como a la protección de las condiciones laborales de sus profesionales, y que se comprometa con la defensa de los derechos humanos y la justicia social”, reclamaron en una declaración conjunta la presidente del CPTS, Mabel López Ortiz, y la vicepresidenta Lydael Vega Otero.
Denunciaron que en la actualidad, el plan de país se enfoca en pagar una deuda no auditada mediante la imposición de austeridad al pueblo trabajador, lo que ha costado la destrucción de la nuestra calidad de vida.
“Todo lo que pasa en el país se relaciona a este plan fallido de austeridad, la relación colonial con los Estados Unidos y la falta de un proyecto de país —las violencias, la falta de seguridad, la desigualdad social, la pobreza, el poco acceso a servicios esenciales y la violación de los derechos sociales”, aseguraron.
López Ortiz y Vega Otero consideraron que Puerto Rico “está frente a una situación de país que sabíamos iba a resultar en un aumento de violencias familiares, como el maltrato infanto-juvenil, de adultos mayores y de género”.
“Las personas o grupos más vulnerados son las víctimas explícitas de la crisis económica, política y social que venimos viviendo hace años y que se ha recrudecido con la pandemia”, subrayaron.
Para ambas dirigentes del CPTS, en estos momentos el plan de país se percibe como uno de supervivencia precaria para la clase trabajadora y no de satisfacción óptima de las necesidades básicas a fin de prevenir la diversidad de violencias que estamos viviendo.
“La niñez y juventud necesita respuestas, pues encaran un futuro incierto; este país posee los recursos, pero necesitamos la voluntad política como pueblo para transformarlo”, insistieron.
Aclararon que sin conocer los detalles de la situación de estas familias, cuando se realiza un estudio social por una alegación de maltrato hay múltiples elementos que interfieren y que desconocemos en este caso.
“Él o la profesional del trabajo social se guía por el análisis ponderado de factores familiares con el conocimiento teórico, metodológico, ético y protocolos de seguridad que guían sus intervenciones. Pero a su vez, su juicio profesional está atravesado por las regulaciones y recursos de instancias institucionales en el Departamento de la Familia, Administración de Tribunales y los Departamentos de Justicia, Salud, Vivienda y Educación, entre otros, así como por las condiciones laborales en que ejerce su práctica”, aclararon las dirigentes gremiales.
López Ortiz y Vega Otero refirieron que en las pasadas décadas hemos visto cómo se empobrecen aún más los servicios esenciales a las familias intervenidas por el Estado, pero, además, han empeorado las condiciones de trabajo de los y las profesionales del trabajo social, resultando en falta de apoyo, sobrecarga de casos, aumento en los riesgos de salud y seguridad y desvaloración de su quehacer y esencial contribución.
En este sentido indicaron que los y las trabajadores sociales adscritos al Departamento de la Familia se rigen por los valores profesionales regulados por la ética profesional y los manuales del modelo de seguridad, tanto en la investigación de referidos como en el manejo de casos.
En casos de abuso sexual, explicaron, se guían por un protocolo establecido por la agencia y la asesoría de otros profesionales de la conducta humana, al tiempo que reciben adiestramientos continuos, según su área de especialidad, y por ley deben cumplir anualmente con 12 créditos de educación continuada.
“Una de las dificultades que enfrentan en ocasiones los profesionales del trabajo social cuando acuden a los tribunales, es el juicio sobre su credibilidad en el proceso de las decisiones judiciales pasando por alto el trabajo investigativo y las recomendaciones presentadas”, afirmaron al pedir que se investigue a todas las agencias implicadas en este lamentable caso.
Según la dirigentes del CPTS, “la protección de nuestra niñez, juventud, adultos mayores, debe ser prioridad para el proyecto de país que aspiramos y debemos reconocer que está estrechamente relacionada con las condiciones institucionales y laborales en las que ejercen profesionales del trabajo social y de otras disciplinas que de manera comprometida y responsable contribuyen al país”.