(San Juan, 12:00 p.m.) Mientras miles de familias se preguntan sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios, y en Puerto Rico se aproxima la temporada pico de huracanes, el gobernador Pedro R. Pierluisi acaba de vetar el proyecto 429, dirigido a prohibir los desahucios y ejecuciones por hasta 90 días tras la declaración de un estado de emergencia.
Esto, a la vez que se anuncian nuevas restricciones para atender una pandemia cuya principal recomendación fue #QuédateEnCasa.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió en la noche del jueves una decisión deteniendo la aplicación de la moratoria federal de desahucios.
La moratoria, que protege la vivienda de cerca de 7 millones de personas inquilinas, se puso en vigor a través de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) bajo el entendimiento de que mantener un techo seguro es una asunto de seguridad pública ante la pandemia.
La decisión del Tribunal Supremo federal no establece que la moratoria es inconstitucional. Lo que señala es que los CDC no tienen autoridad para establecer un alto a los desahucios y que defender ese interés apremiante requiere acción legislativa.
Es decir, señala, toca al Congreso tomar acción para proteger los techos ante el Covid-19, por o que el presidente estadounidense Joe Biden salió al paso a pedirle a estados y jurisdicciones que actúen desde sus respectivas legislaturas para aprobar medidas que protejan el derecho al techo ante la emergencia.
“Nos parece inverosímil e insensible que mientras en Estados Unidos y Puerto Rico la primera plana es la crisis de desahucio, el gobernador Pierluisi elija vetar un proyecto sin siquiera reconocer en sus expresiones la crisis de vivienda, la gente que no sabe cómo pagar renta o hipoteca, a las personas sobrevivientes de desastres que siguen desamparadas”, recalcó laA directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Michelle Godreau Aubert.
La abogada acusó al mandatario de escoger la protección de la banca, ponerla sobre las familias puertorriqueñas desesperadas.
La licenciada Verónica Gonzalez Rodríguez señaló, por su parte, que entre 2017 y el primer trimestre de 2021, mientras numerosos desastres nos azotaban, se ejecutaron sobre 13,248 viviendas. En los últimos diez meses, se han presentado 668 nuevos desahucios.
“Los desalojos no esperan a que la emergencia pase”, acotó.
Las letradas agradecieron, a su vez, a las legisladoras y legisladores de los partidos PPD, PIP, PNP y MVC por avalar y hacerse coautores de la medida.
El proyecto peticionado por Ayuda Legal Puerto Rico, contó con el aval multipartita e incluyó enmiendas presentadas por la principal institución financiera del país.
“No nos toca a nosotras pedir la reconsideración del Gobernador. Nuestro espacio es seguir luchando por los derechos de las personas sobreviviente de desastres. En este proceso ganamos la aprobación de la legislatura de un proyecto histórico. Logramos que se solicitara y desembolsara asistencia de alquiler”, recalcó la directora ejecutiva.
La licenciada Godreau Aubert amplificó aseguró que “amplificamos el reclamo por alquileres dignos y demostramos que las instituciones financieras jamás se autorregulan en beneficio de las personas en riesgo de perder su casa”.
“Desde Ayuda Legal Puerto Rico abriremos nuestras líneas para ofrecer apoyo legal gratuito a personas de ingresos limitados que enfrenten desahucios por impago. Lo haremos mientras seguimos fiscalizando a la banca y al gobierno porque la recuperación justa y la vivienda digna son derechos”, sostuvo.