El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras solicitó a los presidentes de ambas cámaras de la asamblea legislativas que inicien una investigación formal sobre las alegadas actuaciones del designado secretario de Estado Omar J. Marrero Díaz detalladas en una demanda que fue presentada por el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Jorge Haddock Acevedo contra la Junta de Gobierno de dicha institución.
Entre las imputaciones que se realizan contra el licenciado Marrero Díaz se encuentra exigirle al ingeniero Haddock Acevedo, aduciendo que eran órdenes directas de la Fortaleza, que removiera al licenciado Rubén Colón Morales de su posición como representante de la UPR ante la junta de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).
Las presiones “indebidas provenientes de las más altas esferas universitarias y del mundo de la política partidistas” para remover al representante de la UPR ocurrieron luego de que este se sostuviera en oponerse a la designación de la Sra. Mabel Jiménez para la dirección de la COSSEC, según expone el propio licenciado Colón Morales en una carta con fecha del 4 de agosto de 2021 enviada a la decana de la Facultada de Ciencias Sociales de la UPR Recinto de Río Piedras.
“Toca al tribunal confirmar o negar la argumentación del doctor Haddock-Acevedo. Sin embargo, intromisiones político-partidistas basadas en beneficios individuales son las que han puesto nuestra universidad en el panorama que hoy se encuentra. La comunidad universitaria requiere una dirección que se enfoque exclusivamente en el desarrollo y la democratización de los once recintos que componen la Universidad de Puerto Rico. Hay que erradicar el pillaje y la corrupción de los cuerpos rectores de nuestra universidad”, expresó el representante estudiantil ante la Junta Universitaria del Recinto de Río Piedras, Delvin Caraballo Rodríguez.
El proceder del licenciado Marrero Díaz pudiera constituir una posible violación al estándar número siete sobre gobernanza institucional exigido por la Middle States Commission on Higher Education.
Por otra parte, se urgió a los presidentes de los cuerpos la aprobación del Proyecto del Senado 172 que pretende dotar a la UPR de una nueva ley universitaria que reduzca la intromisión indebida por parte de los miembros designados por el Ejecutivo.
“Una educación de calidad exige una gobernanza democrática. Es hora de que los senadores y representantes entiendan que los alegatos presentados evidencian los señalamientos que hemos hecho a las deficiencias de la ley universitaria actual. La nueva ley universitaria que se trae con el Proyecto del Senado 172, define los mecanismos de acción para el nombramiento de gerenciales por el principio de mérito, fomentando la transparencia y rendición de cuentas. Es una solución real, por lo que urge que baje a votación y se haga valer la voluntad de la comunidad universitaria para alcanzar verdadera autonomía y democracia en la UPR”, sentenció la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras Fabiana Inés Marini-Martínez.
También, se exhortó a que como parte de la investigación legislativa se cite a todas la personas señaladas de intervencionismo en la demanda por Haddock Acevedo; y también que refieran a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico las querellas necesarias para que se investiguen la alegaciones de discrimen por razón política que provocaron la salida de la periodista Istra Pacheco de la posición de comunicadora que ocupaba en Administración Central de la UPR.