(San Juan, 10:00 a.m.) La Cámara de Representantes aprobó este martes realizar una sesión especial de interpelación a los seis delegados congresionales a favor de la estadidad, así como una investigación sobre las labores que han efectuado en Washington desde que iniciaron sus funciones el pasado 1 de julio pasado.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria, el cuerpo legislativo avaló a viva voz la Resolución de la Cámara 534 (R.C. 534), del representante Orlando Aponte Rosario, que permitiría la ejecución de la sesión de interpelación.
Además se aprobó la Resolución de la Cámara 535 (R.C. 535) —de los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Kebin Maldonado Martiz y José “Cheito” Rivera Madera—, que ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veteranos llevar a cabo un “estudio abarcador” sobre la ejecución de los delegados.
Esta última también busca que los delegados rindan cuentas acerca de las reuniones sostenidas con funcionarios federales, al igual que los gastos que ha incurrido la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en reembolsos de alojamientos y viajes.
“Esto es una resolución (R.C. 534) que le va a permitir al país conocer de las gestiones que están haciendo estas personas que fueron electas en una pasada elección que le costó cientos de miles de dólares a los constituyentes de Puerto Rico, y es tiempo de rendir cuentas”, expresó Aponte Rosario.
El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que “es tiempo de que el país conozca con quién se reunieron; qué adelantó para la única encomienda que se les delegó”.
Las sesiones especiales de interpelación sirven para encaminar investigaciones en torno a agencias, corporaciones públicas, entidades o cualquier funcionario.
La sesión será en el hemiciclo de la Cámara con la participación de todas las delegaciones legislativas.
La delegación pro estadidad está compuesta por Elizabeth Torres Rodríguez, María “Mayita” Meléndez, Melinda Romero Donnelly, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxó Santiago y Ricardo Rosselló Nevares.
La Ley 167-2020 que dio paso a la creación de la delegación dispone que cada uno deberá presentar al gobernador Pedro Pierluisi un informe sobre sus gestiones cada 90 días, pero hasta el momento solo han cumplido Torres Rodríguez, Meléndez, Lefranc Fortuño y Rosselló Nevares.
Torres Rodríguez, precisamente, utilizó su primer informe para criticar el funcionamiento de la delegación —en la cual resultó electa el pasado 16 de mayo— y peticionó al primer ejecutivo que considere su dilución.
Estos seis delegados devengan un salario anual de $90,000 con un tope de hasta $30,000 en gastos reembolsables.
“Este gobierno prefirió asignar millones de dólares a un grupo de cabilderos que no han logrado nada a favor de la estadidad”, manifestó por su parte Feliciano Sánchez.
“En tres meses han logrado cero, y el país debe pagarle cero. Aquí estos cabilderos van a tener que rendirle cuentas al pueblo y a esta Cámara de Representantes”, enfatizó el representante del PPD, quien aprovechó su turno para denunciar que los delegados, considerados “funcionarios electos” y “servidores públicos” en el lenguaje de ambas piezas legislativas, tampoco han logrado justificar el salario que reciben de fondos públicos.
Tanto la R.C. 534 como la R.C. 535 fueron endosadas por las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La portavoz del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, se unió a los reclamos sobre el cumplimiento de los delegados con su respaldo a ambas medidas.
“La prioridad para el pueblo no debe ser pagar por una delegación simbólica para intentar adelantar la estadidad”, resaltó la representante Burgos. “Es importante que los delegados congresionales rindan cuentas al pueblo sobre los trabajos que han realizado. Todos merecemos saber cómo se invierten estos fondos públicos”.
PNP DEFIENDE DELEGACIÓN
Ambas medidas recibieron el voto en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), tras señalar que las resoluciones pretenden “desacreditar” la estadidad y la Ley 167. De igual forma, los legisladores del PNP defendieron las gestiones de la delegación congresional, pues aseguraron que 90 días es poco tiempo para comenzar investigaciones sobre sus trabajos en Washington D.C.
“Yo no estoy cuestionando el poder de interpelación ni de investigación de la Asamblea Legislativa. Yo lo que estoy cuestionando es el mecanismo que se está utilizando”, indicó el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos Johnny Méndez Núñez.
Agregó que, de aprobarse las resoluciones, cualquiera de los delegados podría presentar un recurso en el tribunal contra el cuerpo legislativo.
“Yo creo que la resolución de investigación es apropiada, y la veo muy bien. Pero la resolución de interpelación, seamos prudentes. Evaluemos bien esas figuras y tengamos prudencia en nuestras acciones para que en el futuro no nos pisemos nosotros mismos”, concluyó el legislador.