La jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, convocó hoy al gobernador Pedro R. Pierluisi, a los presidentes de la Cámara y el Senado, así como a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a una reunión urgente por el plan de ajuste de la deuda.
La decisión de la jueza, que convocó la reunión telefónica para el próximo lunes (9:00 am), se da minutos antes de que se cumpliera el plazo dado por la JSF al Senado (2:00 pm) para que aprobara el plan de ajuste de la deuda o pediría al tribunal que postergara la confirmación.
El Senado aún no tiene los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1003, sobre el plan de ajuste de la deuda para terminar con la quiebra de la Isla.
La JSF ha indicado que “lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”.
Además, advirtió que “las pensiones no estarán protegidas y el plan no se modificará para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.
La Junta pediría esta tarde el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Como resultado, Puerto Rico permanecería en la bancarrota y el peso de la deuda insostenible seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la isla”, indicó el organismo que maneja las finanzas del gobierno de la Isla.
El ente alertó de las consecuencias de no aprobar la medida: Puerto Rico permanecerá en quiebra, los acreedores pueden solicitar que se levante la moratoria sobre el pago de la deuda vigente en este momento, “lo que lleva a una demanda caótica de pago basado en el efectivo disponible y socava la la capacidad del gobierno para funcionar” y el litigio continuaría y aumentaría enormemente los costos y el tiempo para salir de la quiebra.
A su vez, consignó que “la duración de la Junta de Supervisión se extenderá por el tiempo perdido en este proceso, los acreedores serían elegibles para recibir cien millones como tarifa de terminación si ejercen su derecho a rescindir su acuerdo para respaldar el plan, y podrían potencialmente hacer nuevas y mayores demandas de reembolso, basadas en la opinión pública”.
Asimismo, advirtió que “los maestros y jueces no serían elegibles para los beneficios del Seguro Social del gobierno de EEUU y seguirían dependiendo de los pagos del presupuesto de un gobierno que impulsará sus plan de pensiones en quiebra.
La JSF declaró que “un grupo diverso de partes interesadas que van desde sindicatos, jubilados, tenedores de bonos y otros acreedores y aseguradores de bonos acordaron un Plan que es el mejor resultado posible dada las circunstancias difíciles que Puerto Rico ha tenido que manejar durante los últimos años”.