(San Juan, 12:00 p.m.) La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por Orlando Aponte Rosario, condujo una vista pública del Proyecto de la Cámara 975 (PC975), con el propósito de viabilizar, mediante referéndum, que el pueblo se exprese si se debe sancionar la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales.
Durante la vista pública, se discutió también el Proyecto de la Cámara 1037 (PC1037), que busca enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 1971, según enmendada, a los fines de despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana, sin referéndum.
“El PC1037 propone despenalizar la posesión de la marihuana para uso personal en Puerto Rico como medida para combatir la actividad criminal. Ello no significa la legalización de las sustancias controladas, sino que se intenta desprender los problemas de la adicción y consumo de 14 gramos o menos de marihuana de un enfoque punitivo y de sanciones penales”, sostuvo Aponte Rosario, autor de la medida.
Desde esta perspectiva, el legislador propuso eximir a los consumidores de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por la simple posesión de marihuana.
El abogado José A. Maes, de la firma de Van Den Berg, mencionó como deponente que la despenalización de la posesión de hasta 14 gramos de cannabis es ciertamente una reivindicación social y un avance en la política pública extraordinaria y de avanzada.
“Resulta completamente injustificado que luego de haberse demostrado científica, social y legalmente los beneficios terapéuticos y medicinales de esta planta se siga procesando criminalmente a seres humanos por la posesión sin fines de distribución o comercialización de cannabis”, anotó.
Maes comentó que “la despenalización no puede analizarse de manera aislada y sin tomar en consideración los factores o el impacto social, de salud pública, seguridad pública y económicos entre otros factores”.
Reconoció las propuestas de despenalización e intenciones legítimas legales, sin embargo, no favorece las medidas en discusión.
El abogado expresó que la falta de un sistema y marco regulatorio que permita que las personas mayores de 21 años puedan adquirir lícitamente cannabis conlleva como consecuencia directa que deberán dirigirse al mercado negro o puntos de droga.
En su turno de preguntas, el representante autor del PC975 le preguntó al abogado qué sugiere si se interviene a una persona menor de 21 años con sustancias controladas, a lo cual Maes recomendó que en ese caso no se les penalice, sino se les imponga una multa o algunas otras medidas menos punitivas.
El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico,Víctor Ramos Otero, favorece la iniciativa como un primer paso, pero entiende que se deben utilizar los limitados recursos del Gobierno en un modelo salubrista que, junto a un proyecto, permita ser efectivos en atender el problema social que implica la dependencia a las sustancias controladas.
“Siendo esto un asunto que requiere atención apremiante y vinculado a la salud de nuestro pueblo, entendemos prudente que se apruebe por legislación sin necesidad de acudir a un procedimiento de referéndum”, expresó.
Consideró que en un referéndum existe el riesgo de que se tergiverse la controversia y se pierda de perspectiva la urgencia y necesidad de resolver este asunto, aparte del costo millonario de otro evento electoral y del costo de una campaña educativa que la acompañe.
Por su parte, la coordinadora del Programa Políticas de Drogas ConCiencia, Carla Correa, de Intercambios Puerto Rico, entiende que la medida PC975 debe contemplar que se realice una campaña educativa con base científica de lo que significa la despenalización de 14 gramos de marihuana o la no despenalización, que permita al votante ejercer su decisión de una manera informada.
Agregó además, que convocar un referéndum para despenalizar el uso personal de la marihuana es un mal uso de fondos públicos, ya que esta decisión se puede tomar por medio de legislación.
“Entendemos que el referéndum no es el método de inversión de dinero que se tiene que hacer en un país que económicamente está bastante mal, como podemos verlo en las discusiones con el Plan de Ajuste de la Deuda. Gastar $2.5 millones de dólares cuando la Universidad de Puerto Rico y escuelas especializadas necesitan fondos, entendemos que es una decisión no aceptada”, apuntó.
Intercambios Puerto Rico entiende que despenalizar la marihuana es un paso para legitimar otras sustancias, que “hay que hacerlo por cuestión de salud pública”.
El representante Héctor Ferrer Santiago, quien aboga por la despenalización de la marihuana, expresó que luego de escuchar a expertos de la salud, educación, seguridad, industria del cannabis, quedó convencido en que la mejor manera de llegar al futuro es enfrentar el problema que hay en los puntos de drogas.
Resaltó que 2,200 personas mueren por intoxicación al alcohol, 480,000 mueren por el cigarrillo, pero que al día de hoy, nadie tiene una estadística de cuántas personas mueren de marihuana.
La vista pública terminó con la participación de Georgiane Ríos, en representación del presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos Rodríguez, quien resaltó que no se opone a la medida de la despenalización, no obstante, mencionó habría que hacer unos cambios en su lenguaje respecto a la salud y seguridad pública