(San Juan, 12:00 p.m.) El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) divulgó dos informes que dan cuenta de los hallazgos identificados como producto de las investigaciones realizadas en torno al precio y la calidad del combustible en el país.
Como respuesta al poder de investigación de la agencia, surgen multas a cuatro mayoristas, enmiendas concretas a la reglamentación vigente, y la reactivación del Comité Interagencial sobre la industria de la gasolina son algunas de las acciones.
“Cada uno de estos informes da cuenta de hechos distintos; uno abarca asuntos relacionados a nuestro sistema de monitoreo de precios, mientras que el segundo se centra en aspectos sobre la calidad de la gasolina que se comercializa en Puerto Rico”, explicó el secretario de DACO, Edan Rivera Rodríguez.
Aclaró que aunque son informes independientes, “entendimos prudente divulgarlos simultáneamente, a fin de poner los hallazgos en el debido contexto y proveer un marco más completo de información al consumidor”.
El “Informe sobre la calidad de la gasolina” del DACO abarcó tanto a las cinco empresas importadoras, como a las cuatro distribuidoras.
El estudio se desarrolló a base de documentación sometida en respuesta a requerimientos de información, así como pruebas de laboratorio debidamente certificadas realizadas en virtud de la Orden 2021-022, la cual fue promulgada por la agencia el pasado 21 de octubre.
Héctor Román Maldonado, de la División de Estudios Económicos de DACO, detalló que American Petroleum y Cabo Rojo Gas & Oil no cumplieron con lo dispuesto en la Orden 2021-022, por lo que cual se refirió a ambas empresas al proceso de imposición de multas.
El economista detalló que American Petroleum no sometió documentación, mientras que Cabo Rojo Gas & Oil entregó información incompleta para una fecha distinta a la que se le ordenó.
En cuanto a los requerimientos, Román Maldonado explicó que, tras evaluar la información sometida por las empresas, identificó que dos de las nueve empresas mayoristas pudieran estar incumpliendo con disposiciones de la Ley 127-2020.
Se trata de Toral Petroleum y Bita’s Fuel, las que también fueron referidas para la imposición de multas.
En lo que respecta al “Informe de hallazgos sobre monitoreo de precios de la gasolina”, el mismo sirvió para confirmar que, en dos días de septiembre de 2021, los precios del mercado de referencia experimentaron una baja importante que no se reflejó en igual medida a nivel local.
Según explicó Román Maldonado, “se trató de un comportamiento atípico que, en lo que va del año, no se ha repetido ni antes ni luego de esos dos únicos días”.
“Es importante aclarar que, desde hace más de tres décadas, en Puerto Rico no existe una fijación de precios de gasolina, por lo que el sistema a nivel local se comporta de acuerdo al modelo de oferta y demanda, el mismo que aplica en la mayoría de las jurisdicciones”, acotó por su parte el secretario del DACO.
Rivera Rodríguez añadió que “aunque, al momento, no existe una obligación de actuar en sintonía con los mercados de referencia, ese ha sido el argumento más sólido para que el gobierno no intervenga con los criterios de la libre competencia.
“Una ruptura con el modo en que ha venido funcionando la industria pudiera justificar otro tipo de regulación”, advirtió.
Como parte del informe de monitoreo se plantean varias recomendaciones para desalentar que en Puerto Rico se materialice el efecto de “pluma y cohete”, el cual hace referencia a la forma pausada en la que las bajadas de los precios de los índices de referencia se incorporan al precio de los combustibles, mientras que las alzas se incorporan de modo inmediata.
Las recomendaciones incluyen expandir el alcance del monitoreo, e incorporar enmiendas inmediatas a la reglamentación vigente. Sobre esto último, se propone que tales disposiciones apliquen también al gas licuado.
Además, se plantea reactivar el Comité Intergencial sobre la industria de la gasolina, conformado por el Negociado de Energía, y los Departamentos de Justicia, Desarrollo Económico y DACO, al igual que el Negociado de Transporte, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos.