La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que presidida el senador independiente José Vargas Vidot, presentó la Resolución Conjunta del Senado 210 con el propósito de designar a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) para manejar y fiscalizar los fondos que lleguen por las demandas contra varias compañías por su papel en la proliferación de la crisis de opioides en Puerto Rico.
Cuando se apruebe la resolución conjunta, esos fondos deberán usarse únicamente para iniciativas dirigidas a mitigar la crisis y en los esfuerzos de prevención sobre salud mental.
La comisión senatorial argumentó que el gobierno ha concertado esfuerzos para combatir la crisis en la Isla, incluido el adiestramiento de personal en casos de sobredosis.
Además, al igual que otras jurisdicciones, el Departamento de Justicia radicó varias demandas contra fabricantes de fármacos como Purdue Pharma por el mercadeo engañoso de medicamentos con opioides como OxyContin, además de otras a distribuidoras como McKesson por vender opiáceos sin concertar estrategias requeridas por ley para evitar su mercadeo ilícito.
Puerto Rico, entonces, tendría la capacidad de devengar fondos útiles para paliar la crisis, según el resultado y determinación de esas demandas.
Sin embargo, la comisión alertó que no se han concertado esfuerzos uniformes para que los fondos que lleguen se usen para hacer frente a la crisis y para la salud mental.
Por ejemplo, algunos municipios han sometido demandas propias a nivel federal, por lo que ante la falta de uniformidad sobre el uso de esos fondos, esos municipios podrían utilizarlos para otros fines no relacionados con la crisis de opioides y la salud mental.
Según la pieza legislativa, uno de los principales problemas en Puerto Rico y el resto del mundo en cuanto al uso de esas sustancias es el consumo y adicción a los medicamentos recetados.
Una multiplicidad de fármacos recetados para tratar el dolor contiene opioides, que han sido calificados como una sustancia muy adictiva, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que su consumo prolongado y sin fines terapéuticos podría ocasionar problemas en la salud física y mental.
Así, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han establecido que 500 mil personas murieron en Estados Unidos en un periodo de 20 años como consecuencia del uso legal e ilegal de opioides.
“La crisis de opioides comenzó por el uso de fármacos recetados; esta premisa debería ser suficiente para eliminar el estigma sobre la crisis de opioides, las sobredosis y los usuarios. Por eso, ante la posibilidad de que Puerto Rico reciba dinero que podría ser, sumamente, útil para la prevención y para aplacar la crisis de opioides, debemos ser responsables”, afirmó Vargas Vidot.
Consideró que la uniformidad será la clave para que, cuando lleguen esos fondos, se usen de forma correcta, por lo que instó a que el Senado atienda esta medida con la mayor prontitud posible.
Recientemente, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción sometió el tercer informe parcial bajo la Resolución del Senado 77, medida que permite a esta Comisión hacer investigaciones continuas sobre temas de comunidad, salud mental y adicciones.
El informe, pautado para verse en la sesión legislativa de este martes, resume la investigación que la Comisión realizó sobre las demandas que el gobierno de Puerto Rico presentó como respuesta ante la crisis de opioides, por lo que los hallazgos esbozados en el informe dieron paso a la presentación de la Resolución Conjunta del Senado 210