En los pasados días Puerto Rico recibió, por invitación del gobierno colonial del país y del alcalde de la ciudad capital, San Juan, la visita del monarca español, el Rey Felipe VI. Le acompañó durante su estadía una delegación comercial integrada por representantes del gobierno español que hoy encabeza el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La contraparte en Puerto Rico, la conformaron representantes del gobierno afiliados al Partido Nuevo Progresista, partido que controla el Poder Ejecutivo y promueve la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Como era de esperarse, mientras a nivel gubernamental se desarrollaron diversas reuniones, cenas, recorridos por las calles del Viejo San Juan y encuentros; a nivel popular, hubo también manifestaciones de repudio a la visita, posiblemente la más impactante, el derribo de la estatua del conquistador Juan Ponce de León del pedestal en que se encontraba ubicada en la plaza San José del viejo San Juan.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el término “monarquía” significa: “Organización del Estado en la que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona que, a título de rey ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo.” Se menciona en dicho Diccionario la existencia de monarquías absolutas, en las cual todos los poderes políticos se concentran en la figura del rey o reina; de monarquías liberales, que son aquellas establecidas en los países europeos luego de las guerras napoleónicas; de monarquías parlamentarias, que son aquellas en las cuales el rey o la reina simboliza la unidad del Estado; y finalmente, monarquías representativas, que son aquellas en las cuales el rey o la reina asumen la jefatura del Estado, aunque los poderes políticos se ejercen por representantes elegidos directamente por el pueblo.
De acuerdo con la Constitución española de 1978, aprobada durante el reinado del hoy Rey Emérito Juan Carlos I, ratificada por las Cortes españolas y el pueblo, en su Artículo 1, Sección 3 establece que, la “forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El Título II, Artículo 56, Sección1 de la Constitución, se denomina “De la Corona”. En él se expresa que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.” La Sección 3, por su parte, indica que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.” No obstante, el Artículo 64 dispone que sus actos, “serán refrendados por el Presidente del Gobierno” y por los Ministros competentes. Señala también que de “los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.”
El carácter parasitario del Rey y de su familia lo establece el Artículo 65, el cual consigna que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.” Entre otras funciones que se le atribuyen, el Artículo 63 establece que el Rey “acredita a los embajadores y representantes diplomáticos”, quienes se acreditan ante él; da el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes”; declara la guerra y hace la paz.
Entre las atribuciones que le reconoce la Constitución, el Rey sanciona y promulga leyes; convoca y disuelve las Cortes; convoca referéndums en los casos previstos por la Constitución; propone el candidato a la presidencia del Gobierno o le pone fin a sus funciones; nombra y separa, a propuesta del Presidente, ministros del Gobierno; expide los decretos que acuerda el Consejo de Ministros, confiere empleos civiles y concede honores y distinciones conforme a las leyes; tiene derecho a ser informado de los asuntos del Estado y preside las sesiones del Consejo de Ministros; es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas; ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley; y el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
La Corona de España es hereditaria siguiendo un orden que establece en el primer plano la primogenitura, por lo que el Príncipe Heredero, desde su nacimiento, sea hombre o mujer, tendrá el título de Príncipe de Asturias.
Como puede notarse, la monarquía española y en particular el Rey, es una figura que no tiene cabida dentro del marco de las instituciones que existen bajo la Constitución de los Estados Unidos de América o de la Constitución colonial de Puerto Rico. De hecho, en nuestro caso, una de las demandas contenidas en la Ley 600 de 1950, en su Artículo 2, fue que el diseño de la Constitución que se autorizaba llevar a cabo, “deberá crear un gobierno republicano en forma y deberá incluir una carta de derechos”. La estructura de gobierno que tiene Puerto Rico choca con cualquier noción de monarquía.
En Puerto Rico, más allá del hecho de cuatro siglos de dominación colonial española sobre nuestro pueblo, la existencia de la relación con España dejó profundas huellas en nuestro desarrollo. Estas se manifiestan en el idioma español, la cultura, la arquitectura, la religión, la fusión expresada en el sincretismo religioso, en el llamado concepto “raza”, en la gastronomía e incluso, en manifestaciones sobre la visión de mundo nos vinculan con esa herencia española. Sin embargo, a pesar de esta huella, también se encuentra presente en nuestro acervo histórico, dejado por esta presencia colonial, las cicatrices de la esclavitud africana; el despojo de nuestras riquezas; la sumisión y casi exterminio total de nuestra población originaria; la persecución y el castigo; la pobreza extrema; el racismo y el analfabetismo en la población. Son manifestaciones de ese pasado colonial que no debemos olvidar.
También está prohibido olvidar la manera en que España entregó sus últimas posesiones en el Caribe en el marco de la Guerra Hispano-cubana-americana. En nuestro caso, lo hizo desconociendo la personalidad jurídica que apenas menos de un año antes había decretado el Reino de España en virtud de la Carta Autonómica de 1897. En las negociaciones del Tratado de París nos cedió a otro país cual mercancía en un escaparte de ventas en una plaza pública. En última instancia, como dijera el maestro Eugenio María de Hostos, a Puerto Rico no podía obligar “un tratado de paz hecho en París sin conocimiento ni aquiescencia del pueblo de Puerto Rico.” De hecho, más recientemente, el recién confirmado Juez del Primer Circuito de Apelaciones en Boston, Gustavo Gelpí, quien es de orientación anexionista, también concluyó en su discurso de instalación en la Academia de Legislación y Jurisprudencia lo siguiente:
“España no podría ceder a Puerto Rico porque Puerto Rico no era ‘res commercium’. Puerto Rico se convirtió en una nación soberana en virtud de la Carta Autonómica que España no podía cambiar sin el consentimiento de Puerto Rico.”
Precisamente la casa real Borbón que representa hoy el Rey Felipe VI, es la casa real que bajo el reinado de Alfonso XIII y la regencia por parte de su madre, cometió tal ofensa contra la dignidad de nuestro pueblo. Pero como indica el refrán, “quien lo hereda no lo hurta”, Felipe VI también comete tal agravio a nuestro país cuando en el pasado y presente considera su visita a Puerto Rico no como a una nación hispanoamericana, sino como parte de los Estados Unidos de América.
¿Será acaso que Felipe VI, el día que viaje como Jefe de Estado a Gibraltar, sentirá en sus adentros que ha llegado al Reino Unido de la Gran Bretaña?
Es una desvergüenza que en el marco de su reciente visita a Puerto Rico, como ocurrió en el año 2019 ante reclamos anteriores no satisfechos de figuras como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se halla obviado una vez más la oportunidad de España ofrecer disculpas por las tropelías cometidas en siglos de dominación colonial en las Américas. En lugar de ello, Felipe VI nos dijo a los(as) puertorriqueños(as), sin más, que debíamos estar “orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y el resto de pueblos hispanos”, respecto a los valores y principios que España trajo a América, evocando en ello haber considerado a los indios seres humanos dotados de alma.
Más aún, nos pareció también impropio de su parte pretender falsificar la historia afirmando que el modelo de la presencia española en América hizo de los nuevos territorios su incorporación a la Corona en “igualdad con los demás reinos”. Por el contrario, no fue sino hasta que España fue invadida por los franceses que Puerto Rico y Cuba tuvieron representación en las Cortes españolas, hoy conocidas por su momento histórico como las “Cortes de Cádiz”. Si bien en dicho siglo se extendió a Puerto Rico la ciudadanía española y con la Carta Autonómica se extendió un gobierno propio dentro de la relación política autonómica con el Reino español del cual formabamos parte, se trata de eventos que fueron forzados no por la generosidad de España hacia nosotros, sino producto de la propia decadencia del reino español y la guerra librada en Cuba.
Esas murallas alrededor de la ciudad capital a las que se refirió el Rey, son las mismas murallas que acogen los calabozos donde fueron encarcelados luchadores independentistas y autonomistas durante ese siglo XIX.
Con sobrada razón, en carta que le enviara el copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Julio Antonio Muriente Pérez, le recordaba lo siguiente:
“La ciudad de San Juan fue edificada por los conquistadores que estaban bajo las órdenes de sus antecesores imperiales, con el propósito de establecer un enclave colonial dirigido a garantizar la seguridad de las embarcaciones y personas que participaban del saqueo de América. Fueron las manos y las vidas de miles de esclavos, indígenas y trabajadores pobres los que levantaron esta ciudad. Es el pueblo nuestro el que, con gran valor y patriotismo ha forjado a Puerto Rico, a contrapelo de los designios imperiales de Madrid y Washington.
Son ellos y ellas quienes merecen el homenaje, no el descendiente de una monarquía depredadora y mezquina.”
Aprovechar Felipe VI la oportunidad para rememorar a Juan Ponce de León, como conquistador y primer gobernador de Puerto Rico, cuando tuvo la oportunidad de expresar la disculpa del Estado español por los maltratos sufridos en Puerto Rico en esos 400 años de colonialismo, por el exterminio de la población originaria, por la introducción de la esclavitud africana, por el componte, y tantas otras felonías, deja mucho que decir del monarca. Todavía estamos auscultando cuáles son las bases, en el Derecho Internacional que el Rey indica aportó España a nuestro país, dentro del marco de los “derechos humanos universales.”
Ciertamente, su visita como “Jefe de Estado” a Puerto Rico amerita que las autoridades le reconozcan como tal. Sin embargo, como Jefe de Estado, el Rey debe comprender que en Puerto Rico todavía se mantiene en vigor aquel Artículo IX del Tratado de París, negociado entre España y Estados Unidos, refrendado por su antecesora la entonces Reina Regente, María Cristina Habsburgo-Lorena. El mismo nos condena aún a una relación de subordinación colonial, cuando indica su redacción que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso” de los Estados Unidos.
De ese lenguaje infame, junto con el Artículo IV, Sección 3 de su Constitución, que dispone que el Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”, se ha valido dicho país para ejercer su hegemonía colonial sobre Puerto Rico.
El Rey tuvo una magnífica oportunidad, si realmente valora ese pasado vínculo entre España y Puerto Rico, de omitir toda referencia a que estando en Puerto Rico, estaba en los Estados Unidos. Como Jefe de Estado debe saber que el consenso alcanzado de las naciones agrupadas en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), precisamente es el reconocimiento de nuestro país como nación latinoamericana y caribeña. Esperamos también que en algún momento, ese y no otro, sea el pronunciamiento de la Cumbre Iberoamericana en sus declaraciones como instancia de convergencia de España y Portugal con América Latina.