Miles de personas se concentraron en la madrileña plaza de Neptuno y la Puerta del Sol, cortando al tráfico el paseo del Prado, convocados por la Coordinadora 25S, que llamó a rodear el Congreso este sábado, en la que ya es la tercera convocatoria esta semana, para pedir la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente.
Pocas horas después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentara los presupuestos con el mayor recorte del gasto social en la democracia en el Congreso de Diputados, miles de personas volvieron a congregarse en la Plaza de Neptuno para la manifestación del 29-S. La Policía no permitió a los medios de comunicación instalar plataformas para transmitir la protesta, alegando que ésta no estaba autorizada.
Las fuerzas de orden público volvieron a cortar el acceso a la Plaza de los Cortes con vallas, furgonetas y decenas de agentes. Entre otros cánticos que ya se escuchaban el martes y miércoles, los manifestantes pidieron libertad para los detenidos en las protestas de este semana. De los 35 detenidos, 34 han quedado en libertad con cargos, aunque sus abogados aseguran que aún no saben de qué precisamente se acusa a sus defendidos ya que el juez ha dictado un auto colectivo.
La juez tomó declaración a los detenidos
La tercera protesta se produjo a pesar de que la juez de Instrucción número 8 de Madrid considerara que “existen motivos bastantes” para estimar que los detenidos durante la primera protesta del pasado 25 de septiembre cometieron un delito contra las Instituciones del Estado. El próximo lunes decidirá si se inhibe a favor de la Audiencia Nacional.
La juez tomó el viernes declaración a los 35 detenidos mayores de edad en la concentración del martes, que se saldó además con 64 heridos durante los disturbios que tuvieron lugar principalmente en Neptuno y en la zona de Atocha. Además, otras tres personas fueron detenidas tras la segunda acción celebrada el miércoles 26, también en la Plaza de Cánovas del Castillo.
El artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para “los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” ante el Congreso de los Diputados cuando esté reunido, “alterando su normal funcionamiento”.
Por su parte, los organizadores denunciaron que los incidentes y las detenciones forman parte de una “estrategia de producción de miedo” y de “criminalización” que, a su juicio, ha emprendido el Ejecutivo, y defendieron que es necesario continuar con las protestas. “Vamos a volver a rodear el Congreso y decirles que gobiernen para los ciudadanos y no para los bancos”, aseguró Nico Sguiglia, uno de los portavoces “eventuales” de la coordinadora.
La protesta se extiende
No obstante, la Coordinadora aseguró en su página web que “no todo está en Madrid” y anunció que ya son al menos treinta las ciudades, tanto españolas como extranjeras, en las que se convocaron actos paralelos de apoyo para el sábado por la tarde. Las concentraciones se reprodujeron ante varios parlamentos autonómicos, en Valencia, Oviedo, Málaga, Sevilla, Palma, Valladolid, Santander o Extremadura. También en Bruselas, decenas de personas, en su mayoría españoles residentes en Bélgica, quisieron protestar contra la gestión de la crisis por parte de los líderes europeos y expresar su rechazo a la «desproporcionada reacción policial» del pasado martes en Madrid. La concentración se desarrolló frente al céntrico edificio de la Bolsa de la capital belga.
Fuera de España, se convocaron protestas en Londres, frente a la embajada española, así como en París, Amsterdam, Bruselas y Berlín y otras ciudades alemanas. Todas estas acciones se sumaron además a las ya previstas en Portugal y en Italia.