Para poder entender la naturaleza monopolística, criminal, irresponsable y
corrupta de LUMA, debemos escarbar un poco en la historia reciente de las
gobernaciones en Puerto Rico. Sin lugar a duda, siempre ha habido
corrupción en la administración pública. Las oligarquías económicas
dominantes, invariablemente, se valen del control del poder gubernamental y
del endeudamiento del país para incrementar su riqueza en detrimento de las
necesidades de la población en general. La crisis de la deuda, la imposición de
la Junta de Supervisión Fiscal y LUMA son el resultado de esos desmanes.
Sin embargo, LUMA es el caso más dramático de un esquema de corrupción
gubernamental de mayores proporciones; esquema que se inició bajo la
administración del gobernador por el PNP, Pedro Rosselló (1992 al 2000).
Recordemos los chanchullos que hubo con el tren urbano, cómo una y otra vez se
inflaron los costos de construcción, se manipuló la ley para incurrir en deudas no
autorizadas y en compromisos posteriores. Recordemos, también, los chanchullos
con la privatización de la Telefónica y los 40 funcionarios y contratistas acusados de
corrupción durante su gobierno.
Rosselló aumentó la deuda pública en $12,824 millones. Impulsó la privatización de
todo lo que tenía a su alcance: la telefónica, los servicios de salud y hasta las
cárceles. Todavía recordamos con indignación y coraje cómo dejaron desprovisto de
tratamiento a los pacientes al desviar los fondos asignados al Instituto del SIDA para
financiar la campaña electoral. Todavía resuenan en nuestros oídos las expresiones
del ex asesor del gobernador, Dr. Yamil Kourí Pérez, refiriéndose al desvío de fondos
y los enfermos de SIDA, “Se van a morir como quiera.”
Pedro Rosselló se hacía llamar el Mesías. En verdad fue un auténtico mesías,
nos vaticinó los obscuros días por venir; la quiebra de la Isla gracias al
endeudamiento que él y otros gobernadores depravados contrajeron
hipotecando las generaciones futuras de puertorriqueños.
Del 2000 al 2008 gobiernan dos administraciones del PPD, la de Sila María
Calderón y la de Aníbal Acevedo Vilá, gobiernos menos atrevidamente
corruptos que Pedro Rosselló, pero igual de responsables de la quiebra del
país. Durante la administración de Aníbal se tomaron prestados nada menos
que 15,959 millones de dólares.
En el 2009 ganó Luis Fortuño por el PNP. Sin pérdida de tiempo continuó con
el esquema de corrupción gubernamental de mayores proporciones iniciado
por Pedro Rosselló, pero esta vez, bajo el manto de la legalidad. Uno de sus
primeros proyectos, como sabemos, fue la legalización de las mal llamadas
Alianzas Público-Privadas con la aprobación de la Ley Núm. 29 del 8 de junio de
- De alianzas, nada. El erario público se transfería descaradamente a la
empresa privada.
El objetivo de esta ley, por más que quieran encubrirlo con supuestas buenas
intenciones, es crearle un paraíso a la empresa privada haciendo que el
gobierno de Puerto Rico, por un lado, transfiera el erario público, como
anteriormente mencionamos, a la empresa privada y, por otro, que absorba
todos los riesgos que ésta incurre en las contrataciones con el Estado.
Sabemos lo que pasó bajo la administración de Fortuño, su empeño de
privatizar toda propiedad pública para entregarla a amigos y familiares de la
empresa privada. Recordemos la corrupción en la Autoridad de Energía
Eléctrica y los contratos millonarios que se otorgaron en que el mismo
Fortuño estaba involucrado. Recordemos su compromiso de no despedir ni a
un solo empleado público y despidió a más de 30,000 trabajadores.
Fortuño endeudó a nuestro pueblo por la friolera de más de 17,828 millones
de dólares. Sin embargo, aunque el esquema de corrupción fue de mayor
magnitud en comparación con el de la administración de Pedro Rosselló, el
número de acusados bajo su administración, gracias a esa ley, disminuyó
drásticamente.
Desde entonces, la corrupción gubernamental vinculada a los depredadores
corporativos privados, ha estado amparada, de una manera u otra, por esta
ley de las Alianzas Público-Privadas. Pero con LUMA ese esquema mafioso de
corrupción ha sido más dramático. LUMA ha roto con todos los estándares de
lo que podría llamarse una buena administración pública: ineptitud,
incumplimiento, corrupción, desconocimiento, despilfarro de miles de
millones de dólares malgastados, robados, esquilmados, tirados por el
desagüe y el pueblo padeciendo penurias.
A pesar de que LUMA Energy no sólo drena impunemente los fondos del
Estado sino también nuestros bolsillos, es la empresa idónea para el
capitalismo depredador privado. Contrario a lo que muchos piensan o
esperan, no fue creada para servirle al pueblo. Todo lo contrario, fue creada
para generar ganancias y maximizarlas con la reducción de empleados a costa
de la UTIER, con la adulteración de gastos, con los aumentos arbitrarios en las
facturas de luz, con la manipulación de la distribución eléctrica por medio de
apagones planificados y, sobre todo, con sus riesgos y pérdidas corriendo por
cuenta del estado. ¡Qué mamey! Así cualquiera hace negocios.
LUMA Energy es una empresa meramente capitalista, razón por la cual el
principal oficial regulatorio, Mario Hurtado, rechazó traducir al español las
expresiones del presidente de la compañía, Wayne Stensby. Ellos no están allí para
agradarle al pueblo de Puerto Rico, y menos aún, para rendirle cuentas. Están allí
para generarle dividendos a los inversionistas privados, muchos de los cuales con
familiares y allegados son parte de la cúpula gubernamental y, por tanto, del
esquema de corrupción. Es a ellos a quienes los funcionarios de LUMA tienen que
rendirles cuentas, no al pueblo de Puerto Rico. Suena duro, verdad, pero eso es lo
que nunca sale a la superficie porque el problema no es LUMA; el problema real es la
corrupción gubernamental bajo el capitalismo depredador legalizado por la ley de
las Alianzas Público-Privadas.
El gobernador Pedro Pierluisi con sus recientes declaraciones teatrales sobre
LUMA, pretende desviar la atención de su complicidad en el esquema mafioso
de corrupción. No puede tratar de curarse en salud como si todos nosotros
fuéramos tontos. Fue abogado de la Junta de Control Fiscal, y los miembros de
la Junta fueron a la vez los arquitectos interesados, quienes por tras manos,
engañaron al pueblo y diseñaron a LUMA. Nos mintieron descaradamente
para descalificar a la Autoridad de Energía Eléctrica y arrinconar a la UTIER.
Nos mintieron para señalar y nombrar con la mayor desfachatez al director
ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Públicos-Privadas, Fermín Fontánez,
abogado corporativo, compinche de la pandilla de Pierluisi. Acciones
intencionadas para tener completa libertad de canalizar y apropiarse de los
fondos federales y de las facturaciones a los abonados de la AEE a través de la
creación, por arte de magia, de una compañía fatula bajo un contrato leonino
amañado. Fermín Fontánez es un tramposo que funge como árbitro. Todas sus
ejecutorias señalan que su verdadera función no es de arbitraje sino de
facilitador y encubridor del esquema de corrupción de los funcionarios
públicos con LUMA. (Los James Bonds del FBI se entretienen pescando
sardinitas, pero ante estos tiburones, se hacen de la vista gorda.).
El gobernador Pedro Pierluisi, “ex abogado” de la Junta y amigo personal de
Fermín Fontánez, es tan corrupto e irresponsable y enemigo de los
verdaderos intereses de nuestro pueblo, como fue Pedro Rosselló, Luis
Fortuño, Ricky Rosselló y Wanda Vázquez. Todos ellos son parásitos que se
alimentan de la miseria de nuestro pueblo. Los James Bonds del FBI se
entretienen pescando sardinitas, pero ante estos tiburones, se hacen de la
vista gorda.
Es importante señalar que las protestas contra LUMA son un pequeño
ejemplo de los tiempos que se avecinan. Tiempos que arrastrarán a un gran
sector de nuestro pueblo a la pobreza y desesperación y por consiguiente a su
radicalización como clase oprimida. Ante ese escenario, los individuos más
conscientes y politizados de nuestro pueblo no pueden caer en la trampa de
servir de pacificadores y por tanto aliados de la legalidad colonial. Al hacerlo
se convertirían en obstáculos al cambio y, por consiguiente, en afianzadores
del régimen. Si queremos una verdadera transformación política, debemos
avivar y dirigir el descontento, no sofocarlo.
Como conclusión hago una exhortación al liderato de las uniones en protesta,
líderes comunitarios y de organizaciones políticas. Me parece que el enfoque
que le dan a las manifestaciones, no es del todo correcto. Podría dar margen a
la confusión del pueblo. No es contra LUMA que se debería enfocar todo el
desafío. El desafío mayor debería centrarse en contra del capitalismo
depredador y del sistema colonial que impide que nuestro pueblo sea dueño
de su propio destino, la derogación de la ley Núm. 29 de las Alianzas Público-
Privadas, la corrupción gubernamental, la Junta de Supervisión Fiscal y, por
último, contra, este, su más reciente y malvado engendro, LUMA. Las
consignas, entre otras, deberían ser:
1–No más ley del pillaje. Demandamos la derogación de la ley Núm. 29 de las
Alianzas Público-Privadas.
2–Queremos una nueva forma de gobernanza. El sistema no sirve. No más
corrupción gubernamental, fuera Pierluisi, fuera Junta, fuera LUMA.
Sepa usted que cuando vota por cualquiera de los corruptos que pretenden o
gobiernan nuestro país, usted está convalidando el saqueo de los recursos del Estado y, por tanto, las ejecutorias de LUMA.
No más complicidad con la corrupción, no vote. Frente Anti Electoral (FAE). La
lucha está en la calle.