Tras la respuesta del Ministro de Educación a nuestras demandas y la publicación del presupuesto de educación 2013, nuevamente podemos comprobar que la voluntad del Gobierno es recoger los planteamientos del movimiento por la educación sólo cuando estos no toquen los aspectos estructurales de nuestro modelo educativo mercantil. Esto a todas luces significa que el conflicto inevitablemente se va a mantener vigente, puesto que el movimiento que desde el año pasado remece al país no se ha puesto como objetivo el perfeccionamiento del actual modelo, si no su transformación.
No podemos aceptar, por tanto, que sea el Gobierno quien imponga nuevamente sus convicciones ideológicas (ellos crearon e impusieron la educación de mercado en la década de los 80) solo por el hecho que ahora triunfaron en las elecciones pasadas. El Voto no es LA democracia per sé, es un paso para la validación de la democracia dentro del ejercicio cívico continuo y participativo, por lo mismo, un Gobierno que se defina ahora democrático debe atender no solo a las demandas, sino que también a las propuestas planteadas por los movimientos sociales, más aun cuando estos adquieren un gran respaldo por parte de la ciudadanía[1].
Pero han querido ser tan contrarios a este principio democrático que hoy no sólo el insuficiente aumento de recursos (pagados con un ajuste tributario que sólo beneficia a las personas más acomodadas y sigue privilegiando a las grandes empresas que no pagan impuestos) va para seguir manteniendo el financiamiento compartido o copago, las subvenciones, la lógica del endeudamiento vía créditos y subsidio a la banca, las becas hacia el sector privado, etc, sino que descaradamente también se han decidido a mercantilizar aún más nuestra educación superior mediante la definición de aranceles de referencia vía criterios de mercado, que lo único que permitirá no será fijar un arancel justo y de acuerdo a los verdaderos costos de la carrera, sino que cerrar aquellas que no sean rentables en el mercado, dígase, las humanistas y artísticas principalmente[2].
Como sociedad nos enfrentamos a la disyuntiva de seguir entendiendo a la educación según las lógicas impuestas en la dictadura: como una inversión privada, un bien de consumo y un negocio. O así como en Finlandia y otros países de destacado desarrollo en materia educacional, entenderla como un Derecho Social Universal y un Bien esencialmente Público, donde el Estado en conjunto con la sociedad, de manera democrática y participativa, definen y establecen objetivos a la educación asociados a construir una sociedad pluralista, con una alta cultura cívica, que forme profesionales al servicio de un crecimiento con equidad y desarrollo sostenido, que potencie las ciencias, las artes, las humanidades y las técnicas, en un ambiente democrático y de excelencia.
Ante dicha disyuntiva nos seguimos movilizando y la derecha gobernante ya ha señalado que su apuesta es potenciar la educación de mercado y arremeter contra los estudiantes mediante la criminalización de la protesta social. Esto la ciudadanía no puede olvidarlo de cara a las dos elecciones que nos enfrentaremos prontamente. Sin embargo, el hecho que seamos conscientes que el actual gobierno no está en sintonía con las demandas mayoritarias no implica que simplemente esperemos la llegada de otro gobierno y que no contemos con objetivos de corto plazo para el actual momento político, desarrollando a su vez una perspectiva estratégica de mediano y largo alcance.
Para lo estratégico, no podemos olvidar que todos los que luchamos por nuestros derechos y contra la desigualdad entendemos que el problema que enfrentamos es de carácter estructural e involucra principalmente nuestro sistema o institucionalidad política que define tajantemente un funcionamiento cerrado, contra-democrático y un Estado funcional al Neoliberalismo, a la sociedad de mercado y a los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Es decir, un Estado Subsidiario y no Garante de Derechos, que protege los derechos asociados a las libertades empresariales y de mercado pero no protege derechos humanos fundamentales como por ejemplo, el derecho a la educación.
Es fácil por tanto, comprender que la gran mayoría de las demandas de los movimientos sociales que se han levantado durante las dos últimas décadas no encuentran solución dado que chocan contra un gran Muro; nuestra institucionalidad política heredada de la dictadura. En ese sentido, no podemos esperar ningún cambio verdadero si no nos planteamos como objetivo estratégico la transformación profunda de nuestra actual Constitución Política y la democratización progresiva y radical de nuestro país. Esta apuesta se hace cada vez más evidente y por eso hay que reforzarla, aunque mientras tanto a los estudiantes y los luchadores sociales en general nos den con palos (que hoy adquieren diversas formas) para que no sigamos despertando al pueblo esclavizado por las deudas y manipulados por el duopolio de los medios de comunicación.
Ahora bien, respecto a lo inmediato, tres elementos pone el Gobierno encima de la mesa y que requieren de nuestro análisis para poder abordarlos de tal manera que no signifiquen más retrocesos para la educación y sí elementos de avance: democratización, asignación de recursos a la educación y rol de la superintendencia en la prohibición efectiva del lucro.
En relación a la Democratización cabe señalar que fue el año pasado cuando el Gobierno estableció su compromiso, sin embargo, no ha sucedido nada hasta ahora que vaya en terminar con las persecuciones políticas de los distintos estamentos por querer organizarse en el mundo privado, menos aún por derogar el DFL2 que prohíbe la participación de estudiantes y trabajadores en los Gobiernos Universitarios. Hoy si bien demuestran estar disponibles a enviar proyectos de leyes para modificar el actual marco normativo, la desconfianza se hace inevitable, pero no por eso paralizante. No podemos pasar por alto las propuestas que responsablemente desde los estudiantes del mundo privado ya se han elaborado y los proyectos del ley que hay sobre esta materia en el Parlamento y ante los cuales parlamentarios del oficialismo no han mostrado voluntad de avanzar concretamente. El trabajo sobre dichos proyectos de ley, que han recogido debates estudiantiles, resulta ser lo más coherente con la necesidad de avanzar en torno a esta problemática.
Respecto al financiamiento el Gobierno señala que para el 2013 se propone un presupuesto histórico para la educación (y omite que, por lo general, todos los años se entrega una cifra histórica debido al simple reajuste del IPC), sin embargo, el alza en el presupuesto está muy lejos de los montos requeridos para solucionar los problemas que aquejan a la educación y muchos de ellos están indirectamente destinados (por la vía del financiamiento parcial o completo de aranceles) a terminar en los bolsillos de quienes lucran con la educación (los dueños de universidades, CFTs, IPs y Bancos).
Los establecimientos públicos hoy carecen de aportes basales (inexistentes en el sistema escolar municipal y bajísimos en el superior) que les permita sostenerse y desarrollarse con excelencia en el tiempo, situación que en pocos años nos va a llevar a la desaparición del sistema mixto de educación a uno completamente privado y privado subvencionado. Es por esto que el presupuesto 2013 DEBE incorporar fondos basales para revitalizar y permitir el desarrollo de las Universidades y escuelas públicas para que puedan dar un salto cualitativo y cuantitativo, invirtiendo, entre otras cosas, en la ampliación de la matrícula pública de educación. La mejora del conjunto del sistema de educación superior pasa, inevitablemente por fortalecer la educación pública y se requiere una inyección que le permita aumentar sus vacantes, luego de más de 30 años donde el sector que ha dinamizado la ampliación de la matrícula ha sido el privado. Esto debe ir de la mano con el trabajo que en muchas universidades del CRUCH están realizando de generar mecanismos alternativos de acceso, que permitan una distribución heterogénea de la matrícula en relación a las características socioeconómicas de los estudiantes. Un paso fundamental para superar nuestra crisis de la educación es generar un sistema educativo no basado en ghettos socioeconómicos, donde las distintas clases sociales se educan solo con sus pares en función de su capacidad económica y la educación deja de ser un espacio de integración social sino más bien un espacio para el consumo clientelar de un bien privado.
En relación a la discusión de la superintendencia, es importante señalar que respecto a la demanda sobre la prohibición del lucro, lo que el movimiento por la educación señala, no es solamente hacer efectiva la prohibición de lucrar en las universidades que descaradamente violan normas constitucionales, ante lo cual ya es sabido que el MINEDUC tiene facultades para intervenir en dichas situaciones y buscar una pronta solución a sus estafados, si no, además hacer extensiva dicha prohibición al conjunto del sistema educativo, tanto escolar como técnico. Esto no es “un capricho ideológico” como señaló el ministro, sino, darle a la educación el carácter de derecho social y no de mercancía entregada a las leyes de la oferta y la demanda que tanta inequidad han traído a un mercado naturalmente opaco que requiere de una fuerte acción del Estado para asegurar calidad y equidad.
Finalmente, resulta inaceptable que la propuesta de baja de interés para los estudiantes estafados por el crédito CORFO, no sólo sea insuficiente dado el aumento anual de los aranceles y dado a que queda con una tasa de interés igual a la tasa inicial del CAE (que el ministro ya había señalado que era altísima), sino porque la rebaja de la tasa de interés nuevamente no la pagan los bancos que durante décadas se ha enriquecido con este crédito, sino que la pagan los chilenos y chilenas a través de sus impuestos. Ante esto resulta fundamental atender a las demandas de las familias organizadas en la agrupación de los Estafados por el Crédito CORFO, quienes han señalado la necesidad de la condonación de la deuda pagada por la banca y del freno inmediato a los embargos.
Insisto que abordar estas materias, en ningún caso es abandonar las demandas profundas que nuestra movilización por una educación pública, gratuita y de calidad se ha planteado. Y menos es abandonar la transformación estructural del sistema. La derecha se farreó la oportunidad histórica de resolver la crisis de la educación, pero eso no puede ser motivo de bajar nuestras banderas. Atender la actual coyuntura, expresada en la ley de presupuesto, es asumir con responsabilidad la necesidad de avanzar hacía un nuevo sistema de educación. Esto lo hacemos en base a las propuestas que desde hace años hemos estado elaborando y con una movilización social amplia que integre las demandas estudiantiles a los planteamientos de los demás sectores sociales que estarán pendientes de la discusión presupuestaria.
Camila Vallejo Dowling es Vicepresidenta de la FECH
Publicado en El Ciudadano
www.rebelon.org
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[1] Respecto a esto, es importante señalara que según la última encuesta ADMIMARK, pese que a que existe una importante alza en la desaprobación a las formas cómo los estudiantes han llevado a cabo sus movilizaciones, situándose en un 62% (lo cual debe ser un motivo de análisis y autocrítica para nosotros en el movimiento estudiantil), la adhesión a nuestras demandas sigue muy alta, con un 70% de respaldo.
[2] http://diario.latercera.com/2012/10/09/01/contenido/pais/31-120134-9-nuevos-aranceles-de-referencia-bajara-cobertura-en-carreras-menos-rentables.shtml
http://www.elciudadano.cl/2012/10/11/58428/presupuesto-2013-algunos-desafios-del-movimiento-estudiantil/