Washington- Las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca están estancadas sobre el aumento del tope de endeudamiento y crece la amenaza de que muchas agencias del gobierno cesen en sus funciones.
Según la ley, el Congreso debe votar para aumentar el tope de endeudamiento antes del final del ejercicio fiscal 2013, el lunes 30 de septiembre a las 23:59 horas.
La situación se complica cada vez más para los republicanos que en su afán de afectar al gobierno del presidente Barack Obama, están en la mira de amplios sectores del país, según muestran sondeos divulgados el lunes.
La población está abrumadoramente en contra de una amenaza republicana de cerrar el gobierno si no logran incluir en la autorización de endeudamiento la retirada de los fondos para la aplicación de la ley de Salud u Obamacare, indicó un sondeo de la televisora NBC.
Un 59 por ciento de los preguntados dijo que se oponen a los esfuerzos del llamado partido azul para buscar la paralización del gobierno y sus agencias contra el 19 por ciento que dicen estar a favor.
El asunto se ha hecho recurrente en el Congreso, donde los republicanos se niegan a legislar en acciones que pueden beneficiar el gobernante demócrata.
Al respecto del estancamiento, ayer el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney dijo que es probable que Obama pueda reunirse esta semana con los líderes del Congreso, aunque anticipó que el legislativo debe actuar de manera responsable con el fin de asegurar que el gobierno no se cierre.
Obama está hoy en Nueva York, donde hablará ante la Asamblea General de la ONU, el jueves viajará a Maryland para un evento de promoción su ley de salud y el viernes será el anfitrión del primer ministro de la India en la Casa Blanca, por lo que el tiempo para un acuerdo se acorta.
Si los legisladores son incapaces de llegar a un acuerdo antes de que finalice el mes, el gobierno federal cesará todos los servicios no esenciales.
Obama reiteró ya que no va a negociar sobre el aumento del techo de la deuda de la nación, más cuando la oposición insiste en cortes de fondos para programas sociales.
De no alcanzarse un compromiso sobre el gasto público, cientos de miles de funcionarios considerados no esenciales serán obligados a tomar vacaciones sin goce de sueldo como ocurrió en 1995.
En 2011, durante una situación similar por desacuerdos en el Legislativo, el gobierno estimó que unos 800 mil funcionarios de una plantilla de 2,1 millones, se verían afectados.
Algunos expertos consideran que el Senado pudiera modificar un proyecto de presupuesto temporal aprobado por la Cámara, que estira el financiamiento público hasta el 15 de diciembre y fue aprobado el viernes por la Cámara, que deberá entonces volver a votar para evitar la parálisis o el denominado "shutdown" o cierre.
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